Casi el 30% de los municipios de la provincia no estaría en condiciones de pagar el aguinaldo en término o plantea el desdoblamiento del pago. En definitiva, la cantidad de los que apelarían a estas medidas se conocerá, con exactitud, a mediados de junio.

Los principales municipios resultan los más comprometidos; son los casos de Río Cuarto y de la capital. El intendente Mestre aseguró que podrá cumplir con el pago, pero para ello apelará al endeudamiento, colocando letras por casi la mitad de los fondos necesarios para cumplir con los salarios de junio y con el medio aguinaldo.

Los municipios echan la culpa al Gobierno provincial, que restringe fondos de la coparticipación; y este culpa a la caída de la recaudación (y, por lo tanto, de la coparticipación) de los impuestos nacionales. Todos tienen algo de razón.

Por primera vez, el aumento de la recaudación nacional ha sido inferior al aumento de precios y de salarios; lo que revela un freno en la actividad económica. En el caso de la Provincia, la tendencia era similar, pero fue revertida en mayo gracias a una moratoria lanzada por el Gobierno, destinada fundamentalmente a las multas de la caminera y al inmobiliario urbano. Esto después de un sacudón al bolsillo popular, con el aumento de impuestos y de servicios a fines del año pasado.

También es cierto que el Gobierno provincial no perdona a los municipios un solo peso, y retiene todas las deudas u obligaciones que estos mantengan con cualquier organismo provincial, incluidos los autárquicos (Epec). En otras palabras, se cayó el financiamiento de la provincia hacia a los municipios. De ahí que los intendentes hablen de un ajuste "político". Los municipios ya han apelado a ajustar para abajo: no renuevan contratos, aumentan las tasas y frenan obras.

De la Sota ha declarado que la provincia podrá afrontar sus obligaciones sin mayores inconvenientes. Hasta ahora está apelando a la emisión de letras, lo que le permite contar con líquido a costa del pago de intereses. Pero esto no alcanza: pidió autorización para endeudarse por U$S 200 millones en el mercado internacional, pero las altas tasas de interés lo obligaron a bajar el monto a U$S 50 millones. Para completarla, las "obligaciones" de la Provincia han crecido como consecuencia de la devaluación, ya que el 60% de su deuda la tiene en dólares. "En apenas 120 días, el valor en pesos de la cuota que la Empresa Provincial de Energía (Epec) afronta por los títulos de deuda para pagar la nueva Central de Pilar creció, a valores corrientes, de forma sorprendente… La razón: los títulos y la tasa de interés anual de 12,5% están dolarizados" (La Voz del Interior, 31/5).

La Provincia se encuentra, de hecho, en cesación de pagos. La obra pública se encuentra prácticamente parada; entre ella, dos hospitales del interior. Los contratistas reclaman el pago de $ 700 millones por obras; los proveedores del Estado plantean atrasos de más de cinco meses, entre ellos los concesionarios del Paicor (comida para escuelas y hospitales). El Gobierno destina la mayor parte de los fondos al pago de la deuda con los bancos y a los subsidios de todo tipo a la clase capitalista; el parasitismo de esta está secando las arcas públicas.