Esta pareciera ser la semana de los récords en Argentina: récord en contagiados por Covid, récord en temperatura, récord en cortes de servicios, y récord de inflación en diciembre. Como se puede apreciar estos récords tienen como víctimas al pueblo trabajador.

Todos tienen en común la responsabilidad del gobierno, y del conjunto del régimen político. Es decir, no responden a causas inevitables sino que son la consecuencia de acciones, u omisiones, de quienes vienen gobernando.

Covid: la UIA al Ministerio de Salud

El aumento exponencial de contagios, por una combinación de las variantes Delta y Ómicron, terminó de acelerar la crisis del sistema de salud argentino. Que se trasladó rápidamente a una amenaza de colapso de la producción y los servicios por los trabajadores contagiados o con contactos estrechos.

Esto es la consecuencia de que lejos de tener en cuenta las evidencias que con adelanto ofrecía el hemisferio norte, el gobierno (en todas sus variantes) las ignoró y desarmó los centros de testeos, redujo personal, desmanteló lo poco que había armado en el primer año de la pandemia. Solo se basó en un esquema de vacunación, tardío, cuando todas las evidencias indican que las vacunas evitan mayoritariamente el agravamiento de la enfermedad pero no su contagio.

Por la fuerte presión de los capitalistas, el gobierno procedió a echar más leña al fuego: eliminó la obligatoriedad del aislamiento por los vacunados que sean contactos estrechos, desalienta los testeos y los privatiza, y avanza fuertemente a considerar al coronavirus como una “gripecita”. Fernández-Vizzotti, Kreplak-Kicillof, Schiaretti y Larreta coinciden, con algún matiz, con esta orientación que prioriza el interés patronal sobre la salud y que terminará con más contagiados, y por ende con más internaciones y muertes.

La medida no tiene como fundamento ningún criterio sanitario válido. Carlos Di Pietrantonio, epidemiólogo, consideró que “es una medida poco acertada porque no encuentra fundamento epidemiológico para considerar que la pandemia se haya transformado en endemia. “Se rige por intereses económicos y políticos y no sanitarios’, denuncia” (Clarín, 12/1).

Entre el ajuste a cuenta del FMI y las presiones de la UIA, la salud de los trabajadores está la deriva y en peligro.

El ajuste y el Fondo dirigen la batuta

Mientras el Covid, el calor, los cortes de energía, los incendios que asolan a 11 provincias, hacen insoportable el día a día de los habitantes de este país, el gobierno busca cerrar un acuerdo con el FMI. Las negociaciones parecen trabadas, después de que toda la estrategia oficial fracasó. Dentro de este escenario el gobierno estaría tratando de obtener un acuerdo “precario”, es decir, que evite declarar la cesación de pagos. Los propios voceros oficiales sostienen que un acuerdo de estas características sería el mal menor en relación al default, pero reconocen que sería “malo” o sea, ya abren el paraguas y admiten que hay que prepararse para más penurias y nuevos ataques en perjuicio del país y de los trabajadores.

Las exigencias del Fondo van todas en ese sentido: devaluación, reducción del déficit fiscal, freno a la emisión, “sinceramiento” de tarifas, etc. Un verdadero plan de guerra. Al cual el gobierno nac&pop pretende suavizar, especula con la existencia de una supuesta “grieta” entre el departamento de Estado y el Tesoro apelando al… arbitraje de Biden. La respuesta a esta ilusión la dieron los “mercados”: aumentó el riesgo país y volvieron a caer los bonos argentinos.

Mientras las negociaciones por llegar a un acuerdo con el FMI se sostienen, el ajuste está más fuerte que nunca. Este jueves se conoció la inflación de diciembre, que alcanzó un 3,8% y llegó así al 50,9% anual, un 70% por encima de lo presupuestado. Se trata de un golpe fenomenal al bolsillo de los trabajadores, sobre todo de aquellos que están en la informalidad (el 40%), los jubilados y los desocupados. Lo que coloca la cuestión del salario y las paritarias a la orden del día, así como el reclamo de las organizaciones piqueteras que defienden el ingreso de los desocupados.

A esto se debe sumar que están en marcha incrementos de tasas, impuestos y sobre todo una aceleración del aumento de las tarifas, sobre todo las de energía. En parte porque se agota la capacidad de subsidiar a los empresas del sector, ante la necesidad de profundizar el ajuste tal como lo exige el FMI, y por otro porque se han disparado los precios a nivel internacional. Mientras el gobierno deja hacer a la “desinversión” de las prestatarias y les sostiene subsidios planifica las nuevas tarifas lo que constituye una combinación fatal: servicios malos y caros.

El tema no es menor, debiera recordarse que la rebelión del pueblo chileno tuvo como detonante un aumento del precio del transporte y el levantamiento reciente en la lejana Kazajistán fue consecuencia de un aumento del gas. El hilo se corta por lo más delgado.

Necesitamos un plan de lucha

Los récords plantean una agenda de lucha para el conjunto de los trabajadores. La CGT ha salido a decir que no cree en una inflación del 33% para 2022 por lo que plantea que buscará acuerdos superiores. Pero a la par acompaña al gobierno en sus negociaciones con el FMI, como si ambas cosas fueran compatibles. Por eso no amaga siquiera con una medida de lucha y muchísimo menos generalizada, con la cual se podría cobijar a los trabajadores de los gremios más débiles, a los jubilados, a los trabajadores informales.

Otro tanto sucede con el tema de salud. La burocracia de las distintas centrales de trabajadores no ha abierto la boca frente a la eliminación de los aislamientos, tampoco a que el Covid dejó de ser considerado una enfermedad profesional por las ART, mucho menos frente al desaliento a los testeos. Ese silencio es funcional a las presiones de las patronales que han logrado y celebrado la resolución nacional sobre los contactos estrechos. Se trata en realidad de un primer paso, el objetivo es que con síntomas leves incluso, en los llamados “esenciales”, se vaya a trabajar. Esto ya sucede con los trabajadores de la salud en EE.UU. El gobierno de Kicillof fue un adelantado con la resolución quitando el aislamiento de los contactos estrecho de los trabajadores de la salud.

La junta interna de ATE del Hospital Garrahan emitió un pronunciamiento contra la medida y llamó a organizarse contra ella y ese es el camino. También se pronunciaron Fesprosa y AMRA contra la resolución. Recientemente los trabajadores del frigorífico Rioplatense fueron al paro por 48 horas y frenaron los descuentos que la patronal quería imponer por tener el 30% de los trabajadores contagiados.

Terminamos 2021 con la victoria del pueblo de Chubut contra la megaminería y sus consecuencias contaminantes, que se organizó en asambleas, que apeló a paros (como los pesqueros) para garantizar la derrota de la rezonificación de todos los partidos del régimen. Empezamos este año con el #Atlanticazo contra las perforaciones petroleras en el Mar Argentino que muestra que la voluntad de lucha está disponible.

Basados en este empuje hay que impulsar una deliberación en las organizaciones obreras, en los lugares de trabajo, en las barriadas para organizar la lucha por una agenda que contemple los reclamos más acuciantes:

1. Aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales.

2. Sostenimiento del aislamiento de contagiados y contactos estrechos, masificación de los testeos, reforzamiento del sistema de salud, aceleramiento de la vacunación (3 dosis). Protocolos obreros organizados por los sindicatos, comisiones de higiene.

3. Rechazo a los aumentos de tarifas. Apertura de las cuentas de las concesionarias. Nacionalización de la producción, transporte y distribución de la energía.

4. Rechazo al acuerdo con el Fondo y el ajuste.

Argentina es parte de la Latinoamericana de las rebeliones populares.

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