En plena campaña electoral, y con las encuestas que indican como principal preocupación el hambre, la desocupación, y las vacunas, asistimos a una nueva ofensiva mediática contra las ocupaciones de tierra en la provincia de Buenos Aires. Este ataque redoblado, a casi un año del brutal desalojo de las 1000 familias de Guernica, proviene del gobierno provincial, el ministerio de la “Comunidad” que preside el “Cuervo” Larroque y el subsecretario de Hábitat Rubén Pascoloni para descalificar las recuperaciones de tierras.

La demonización de las ocupaciones es el discurso de Juntos por el Cambio, de los “libertarios” y toda la derecha. Es la mano dura contra las tomas que ejecutan los “nacionales y populares” en el territorio bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza. Para el kirchnerismo las ocupaciones de tierras no son causas populares que hay que apoyar y defender incondicionalmente desde el campo de los explotados; todo lo contrario, las burocracias de las CTA's juegan el triste papel de comparsas de esta política antiobrera contra los sin techo para desviar la responsabilidad que tiene el gobierno del Frente de Todos en la explosiva situación que vive la provincia en materia sanitaria, de vivienda y de trabajo.

Kicillof a la derecha

En la versión oficial, las ocupaciones no prosperan por la acción conjunta de los vecinos y autoridades municipales, y por el “accionar preventivo de las fuerzas de seguridad”. A pesar del “relato”, Infobae informa sobre un crecimiento de las tomas en los últimos 150 días que acompaña con un mapa de las ocupaciones, entre éstas la mega toma del Club Planeadores de La Plata, 160 hectáreas en Los Hornos, donde se asientan miles de personas. Mientras el “proyecto de urbanización” de la subsecretaría provincial de Hábitat y Vivienda no va ni para atrás ni para adelante, el intendente macrista, Julio Garro, mete presión por el desalojo invocando el ejemplo de Guernica y otras ocupaciones reprimidas por los efectivos policiales.

Según una investigación desarrollada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia, el distrito más afectado por el déficit de viviendas aptas es La Matanza con un 17%, seguido por otros lugares del conurbano como Moreno, Almirante Brown, Lomas de Zamora. Las nuevas ocupaciones se asientan en terrenos cada vez más degradados, cercanos a los arroyos contaminados y expuestos a graves riesgos ambientales que comprometen la salud de las familias obligadas a tomar las tierras para vivir.

En juego están además los negociados millonarios que transan los jefes comunales y punteros con la “patria inmobiliaria”. Carente de base territorial propia y con las encuestas comprometidas, Axel Kicillof necesita seducir a los intendentes peronistas, preservando sus negocios y prometiéndoles apoyar la eliminación de los límites legales fijados para la reelección de los jefes comunales en el 2023.

La campaña oficial contra las nuevas ocupaciones recrudeció después de la brutal represión en Cuartel V Moreno, donde la Bonaerense reprimió con balas de goma a 200 familias y detuvo a la compañera del Polo Obrero de José C Paz, Estela Romero. En Lomas de Zamora, fue la Gendarmería nacional a cargo de Sabina Frederic la que desplegó un enorme operativo intimidatorio en el barrio Camino de la Ribera. Como denunciamos en Prensa Obrera, no hay tal “usurpación ilegal” sino un barrio que tiene varios años de existencia y cuyos terrenos, abandonados por el Mercado Central hace más de tres décadas, fueron comprados de buena fe por los y las vecinas.

 

¿Qué hay detrás de esta campaña contra las ocupaciones?

Las tomas de tierras son la respuesta popular al brutal agravamiento de la miseria social. Por eso mismo, tienen al movimiento piquetero independiente en la primera línea de su defensa política y militante. Las ocupaciones ponen freno a la mafia inmobiliaria en todas sus formas y contribuyen a la urbanización de zonas deshabitadas y libradas a la especulación.

Diez meses después del desalojo manu militari de Guernica, la crisis de la vivienda es peor aún que en el primer tramo de la pandemia. Los planes provinciales y nacionales de construcción y refacción de viviendas están frenados por el ajuste fiscal que exigen el FMI y el Comité de acreedores de la deuda externa bonaerense. La intervención directa del Fondo Monetario exigiendo acelerar el canje de los bonos de deuda bajo tenencia extranjera, hace del Fondo Monetario un auditor del presupuesto bonaerense 2021 y de las subejecutadas partidas para vivienda, urbanización y servicios.

El subsecretario de Hábitat, Rubén Pascoloni, se hizo conocido por llamar a “terminar las tomas” al estilo de la fascista Patricia Bullrich. Este mismo funcionario tuvo que reconocer que 660.000 bonaerenses no tienen dónde vivir y otros tantos sobreviven en viviendas inhabitables. Las cifras reales superan el déficit de 1.200.000 viviendas, y crecen como resultado de los despidos, el desempleo, los altos precios de los alquileres, el aumento brutal de la pobreza, y el frenazo a los programas de vivienda, que dejan en la calle a cientos de miles de personas. Esto explica los profundos lazos que unen al Polo Obrero ya la Unidad Piquetera con la lucha por la vivienda disputándole a los punteros del PJ-kirchnerismo la organización de las barriadas.

Los datos son concluyentes: son 1.807 los asentamientos bonaerenses que tienen graves déficits urbanísticos, sociales, ambientales y carecen de servicios públicos. Tiempo atrás, el Observatorio Socio Económico de la Universidad Católica de La Plata, publicaba un informe sobre los barrios precarios del Gran La Plata, unos 260 ubicados en La Plata y el resto en Berisso y Ensenada. La falta de condiciones de estos “barrios populares” donde viven unas 200.000 personas, hablan por sí mismas: la mitad de las familias no disponen de luz eléctrica, el 90% no tienen cloacas y el 40% carece de sus calles principales asfaltadas.

Ilegales y evasores

Las “intimaciones” de Kicillof a los propietarios de los countries para que regularicen su situación duró menos que un suspiro. El gobernador no quiere chocar con el capital inmobiliario ni tampoco con  los intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio que hacen pingües negociados con la cesión de tierras a los “desarrolladores inmobiliarios”.

En la provincia de Buenos Aires son más de 850 los barrios privados repartidos en los  municipios de Escobar, Pilar y Tigre donde se concentran el 45,6% de estos “emprendimientos” como parte de una lista más amplia que incluye a Presidente Perón, Luján, Ezeiza, Berazategui y Esteban Echeverría. La proliferación de countries  corre pareja a la evasión inmobiliaria y el desfalco al Estado, a sabiendas de que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) denunció la evasión tributaria  de 230 countries no registrados por un monto anual, al 2020, de 1500 millones de pesos.

Un programa socialista

La “crisis habitacional” es una crisis del régimen social capitalista. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín en el Área Metropolitana de Buenos Aires, durante la cuarentena el 42,3% de los inquilinos acumuló deudas de alquiler. Al sobregiro de las tarjetas de crédito se suma el endeudamiento por los atrasos en los alquileres, un combo letal que se complementa con los salarios a la baja y una franja cada vez mayor de asalariados en blanco que caen por debajo de la canasta básica.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad lucha por un programa integral para la vivienda y la urbanización de las barriadas obreras y populares. Un programa de los trabajadores exige en primer lugar desconocer la deuda usuraria con el FMI y los bonistas buitres en la provincia para volcar los recursos necesarios a la construcción de viviendas y provisión de infraestructura y servicios. Por un impuesto extraordinario al capital y a la vivienda ociosa para terminar con el déficit habitacional; control obrero de los planes de construcción y refacción de inmuebles. Movilización de la mano de obra desocupada con un salario igual a la canasta familiar y bajo convenio. Plan de créditos hipotecarios a tasas subsidiadas para el acceso a la vivienda única y subsidio transitorio del Estado para asegurar que el alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares.

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