El acto en el Estadio Único de La Plata del pasado viernes 18, para celebrar el primer año de gobierno, juntó a todas las patas de la coalición gobernante pero terminó ventilando públicamente varias fisuras. La intervención de Cristina Kirchner apareció como un reclamo de un cambio de rumbo en el gobierno, y más explícitamente en una renovación de ministros y funcionarios. Los alcances, propósitos y causas de estos reproches importan en un cuadro en lo cual la gestión de Alberto Fernández transcurre entre fracasos e improvisaciones.

Lo cierto es que asomó la “grieta” dentro del propio gobierno cuando los banderazos y el protagonismo de la oposición de derecha desaparecieron de la escena política (una indicación más de que no se busca un desplazamiento del gobierno, ni ponerlo en mayores apuros en el marco de las negociaciones con el FMI). La coincidencia en este objetivo es común a opositores y oficialistas no solo por un derrotero de sumisión a las órdenes del capital financiero internacional que ha sido común a todos los gobiernos desde hace décadas. La burguesía nacional pretende acceder al crédito internacional, cuestión que requiere un acuerdo con el Fondo y la venia de este. Los costos de ese acuerdo es parte de la crisis. El escenario político está dominado por toda esta situación.

Una agrupación, “Será Justicia”, envió un “paper” al Fondo donde le dice que debe contemplarse en el acuerdo que en la Argentina “hay un estado de impunidad” por la corrupción. Carrió, junto con el pedido de juicio a CFK por las críticas a la Corte Suprema el pasado 9 de diciembre, señaló que sería conveniente que el acuerdo con el Fondo contemplara una suerte de control de la “situación institucional”, que se sumaría a la colonial cláusula que le permite monitorear la política económica. Estos planteamientos no son exabruptos, incompatibles con la independencia incluso formal del país, están en la línea del imperialismo de utilizar las denuncias de corrupción para armar y desarmar gobiernos en Latinoamérica. Los ejemplos sobran, Perú y Brasil posiblemente concentren las mayores operaciones en ese sentido.

El planteo de CFK en el acto de La Plata está dominado por la preocupación por su situación judicial. La negativa de la Corte de acceder a nuevas pericias pedidas por Julio De Vido en la causa de Vialidad Nacional, anticipa una resolución igual para el pedido hecho por ella en la misma causa, con lo cual la condena aparece cantada. Pero no lo podemos limitar solo a ello; en el marco de esta preocupación Cristina planteó una agenda que toca los problemas que parecen golpear más en la relación entre las masas y el gobierno: uno es el derrumbe de los ingresos con el aumento de la inflación y la miseria de los acuerdos paritarios, donde hubo, y por lo tanto el deterioro del salarios y las jubilaciones. Otro es el aumento de los contagios por coronavirus que deja atrás la idea de un amesetamiento y que coloca nuevamente la mira sobre el sistema de salud. CFK esbozó la idea de una centralización, pero trucha ya que termina siendo un rescate de la medicina privada.

En los últimos días el kirchnerismo tuvo un par de éxitos en la pelea por el control de la justicia, pudo colocar sectores afines en las cámaras federales (con maniobras que le facilitó la oposición). Pero esto no alcanza para garantizar la impunidad que los procesados requieren. Las causas judiciales en los cuales están involucrados CFK y sus funcionarios están muy avanzadas. Cristina es consciente que un resultado electoral adverso en las elecciones del año próximo habilitaría a los jueces a acelerarlas y fijar una condena.

Valentía para ajustar

Hay que resaltar que la orientación que la vicepresidenta desarrolla no se sale del rumbo central del gobierno que es el acuerdo con el FMI. Ella reclama a los ministros, funcionarios y legisladores del oficialismo ser valientes y defender al pueblo o renunciar. Pero la valentía de Cristina no saca los pies del plato, ni cuestiona aspectos centrales del sometimiento del país como fue el acuerdo con los bonistas (del cual ella fue una de las principales ejecutoras) o la dolarización de las inversiones de Pimco y Templeton, un negociado en el medio de la fuga de capitales y del vaciamiento de las reservas del Banco Central. Es la valentía de los que arrugaron frente al imperialismo y los bancos.

El reclamo de que los funcionarios gobiernen para el pueblo o renuncien no la alcanzaría a ella que como titular del Senado logró dar media sanción a la fórmula de movilidad jubilatoria cuya esencia es precisamente desligar de manera definitiva los aumentos de haberes de la inflación, o sea la desindexación. Está muy lejos de su reclamo de “alinear salarios y jubilaciones con precios, sobre todo de los alimentos, y tarifas”, aunque justo es decirlo lo dejó para cuando la economía crezca, por supuesto sin ninguna recuperación de lo perdido. Venimos del ajuste de Macri y de Alberto en pandemia con un fuerte retroceso de salarios y jubilaciones y el tendal despidos. Además lo presenta como una medida para fomentar el consumo y por lo tanto reactivadora. El motivo por el cual se desfasan los salarios de los precios es precisamente porque el “crecimiento” para los capitalistas es la expectativa de embolsar mayores ganancias, y esas ganancias provienen de la explotación de los trabajadores, que son los que producen nuevo valor. Los precios de las mercancías reflejan la disputa por la apropiación de ese valor, propia del mercado capitalista. En el actual cuadro de recesión las patronales buscan recomponer sus ganancias, no mediante una ampliación del mercado, sino en base a una ofensiva general sobre los salarios y los convenios colectivos para abaratar la fuerza de trabajo.

La “valentía” que reclama Cristina no es para enfrentar a los que la “juntan en pala”, o los buitres. Ella lo que propone es otra modalidad del ajuste. El cual ya está en marcha y nunca cuestionó. La noticia de que el déficit fiscal previsto para el año no sería del 8% del PBI si no del 6,9% es un indicio de ello, lo mismo que llevarlo al 2,5 o 3% en 2021, por debajo incluso de lo que fija el presupuesto aprobado.

CFK ha centrado su presión sobre las tarifas de los servicios, y logró que se postergue una actualización para marzo o abril, lo cual implica extender subsidios a las empresas y por lo tanto mayores recursos del Estado destinados a sostener la caja de las privatizadas. La movida quiere mantener los beneficios de las mismas combinando subsidios y tarifazos, algo que los trabajadores pagan por dos vías, con mayores tarifas y mayor inflación. Todo esto está muy lejos de resolver el problema, que debiera partir de rechazar los aumentos, abrir los libros de las empresas de servicios, establecer no solo los reales costos sino su propia operatoria y proceder a su nacionalización bajo control de los trabajadores.

Lo que Cristina quiere establecer es la política que aplicó en su gobierno, al que puso como ejemplo. ¿Y cómo terminó? Con aumento de tarifas, con la importación de combustibles y gas, con inflación, con dos devaluaciones, un parate económico, el reconocimiento de los juicios del Ciadi (o sea la dolarización de las tarifas), la deuda con el Club de París, etc. y le abrió paso al triunfo de Macri. El planteo actual es una versión degradada de la anterior porque la situación es mucho más grave, sobre todo después del fracaso de la experiencia macrista. CFK volvió para lograr un acuerdo con el FMI y los acreedores, no para enfrentar las consecuencias de esa política.

¿Doble comando?

El planteamiento de Cristina abre un interrogante central: quién comanda la situación. Claramente se trata de dos partidarios de acordar con el Fondo y de llevar adelante un ajuste; la diferencia pareciera estar centrada en la modalidad, pero justamente esto es lo que importa.

La situación es extremadamente precaria. Las “paz cambiaria” pende de un hilo y se desarrolla a un costo enorme. Las tendencias devaluatorias no han aflojado sobre todo porque es un requerimiento del propio FMI y porque los acopiadores de grano no liquidan los dólares a la espera de una devaluación, es decir, que todos apuestan al dólar, incluido el propio gobierno que canjea a los buitres deuda en pesos por deuda dolarizada. No es extraño que esto suceda porque el 85% del ahorro interno está fuera del país, y la sangría continúa. El planteo de la nacionalización de la banca cobra más sentido a medida que avanza la dolarización de la economía y la licuación de las deudas y tenencias en pesos, y por lo tanto la fuga de capitales.

El FMI exige claramente un superávit, la política de subsidios para sostener una suerte de congelamiento tarifario va a contramano de esta exigencia y plantea una mayor emisión y/u otros recortes. A su vez el acuerdo impone una colonización aun mayor en favor del imperialismo. El aporte efectuado con la modificación del cálculo de la actualización de los haberes jubilatorios es una fuerte confiscación pero no alcanza. La intervención de Cristina reavivó las campañas que pretenden mostrarla como un exponente chavista o nacionalista extremo cuando sus señalamientos no apuntan a eso, es un chantaje sobre Alberto Fernández para que avance con paso sostenido en el ajuste, y a su vez es también un chantaje sobre CFK. A la vicepresidenta la persigue el fantasma de Syriza (la izquierda griega que llegó al gobierno) que hizo el ajuste y perdió las elecciones, y en el caso de ella puede llevarla a la cárcel.

Es evidente que el gobierno se sostiene a pesar de la seguidilla de fracasos, de sus vacilaciones y desorientaciones porque ofrece como garantía a los capitalistas su capacidad de contener una irrupción popular frente al avance de la pobreza, la pérdida de conquistas y un atraque sostenido a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. El gobierno busca actuar como un árbitro: reparte comida en las barriadas populares acosadas por la desocupación y el hambre pero le perdona impuestos y retenciones a la industria del conocimiento y sostiene una red de subsidios a otros. Es una suerte de bonapartismo en default porque no tiene las condiciones materiales para poder contener a todos. El costo de este arbitraje en crisis lo pagan los trabajadores.

La intervención de los trabajadores

Cuando se mira el panorama de conjunto, no aparecen los banderazos de la derecha en la calle pero sí las luchas cotidianas que protagonizan diversos sectores por innumerables reclamos y reivindicaciones: desde las organizaciones piqueteras hasta los trabajadores de la salud, la gran huelga de los aceiteros, el inmediato paro del Sutna en Bridgestone (ex-Firestone) que impuso la conciliación obligatoria con los dos compañeros despedidos adentro, o conflictos que se producen frente a ataques más puntuales.

El gobierno logró con una maniobra pérfida, tratando en el congreso el derecho al aborto legal y la confiscación jubilatoria el mismo día en espejo, evitar movilizaciones expresas contra el ataque a las jubilaciones. La única reacción salió del plenario que convocó el Sutna el pasado sábado 12, donde intervinieron representantes de gremios y agrupaciones combativas junto al Polo Obrero y otras organizaciones del Frente Piquetero de Lucha. Allí se convocó (y se realizó) una movilización para el 18 contra la reforma jubilatoria, el impuesto de ganancias sobre el salario, el reclamo de la convocatoria a paritarias y otras reivindicaciones. Así como fue el Frente de Izquierda Unidad la única fuerza política que realizó un acto contra la ley de movilidad.

Es claro el papel de la burocracia sindical de todos los colores. Hubo un apoyo a la ley de robo a los jubilados. Cachorro Godoy de la CTA fue explícito en ello. El papel del sindicalismo K, cristinista, es clave en esterilizar los reclamos, es lo que hacen en estatales, en docentes.

Pero también es cierto que las luchas aun no alcanzan el volumen acorde al ataque en curso porque hay una retracción en la intervención de los trabajadores, por un lado, impuesta por la cuarentena-pandemia-recesión y, por el otro, porque aún en sectores amplios de las masas no se agotó una experiencia con el gobierno.

Tenemos planteada entonces la tarea de desarrollar las luchas en todos los planos, incluso destacando reivindicaciones puntuales que tengan un gran valor movilizador. Establecer una fuerte agitación y organización en torno a ellas para dar paso a una intervención abierta de los trabajadores por sus reivindicaciones, porque es claro que la pelea dentro del gobierno es una pelea de ajustadores en el marco del acuerdo con el FMI, es decir, de un mayor sometimiento y nuevas penurias.

Por la aprobación y real aplicación del aborto legal

El 29 en el Senado se vota el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto fue con modificaciones que restringen y ponen en peligro su total implementación. Esas modificaciones fueron hechas justamente para facilitar su aprobación en Senadores. Sin embargo eso no está asegurado. La votación se dirime entre las presiones de la Iglesia y la oportunidad de la oposición de aguarle una fiesta al gobierno, aunque en realidad sería a los millones de mujeres que lucharon denodadamente por su aprobación copando las calles.

El 29 hay que garantizar que la marea verde en las calles liquide las maniobras y garantice el festejo de quienes lucharon por el aborto legal sin retaceos.

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