La vicepresidenta Cristina Fernández y el CEO de YPF Pablo González mantuvieron este miércoles una reunión con altos ejecutivos de la compañía norteamericana Chevron. Casualmente, el evento se desarrolló mientras se terminaba de cocinar una nueva suba de precios para los combustibles.

Los capos de Chevron vienen de tener un encuentro con Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, en el que se analizaron posibles inversiones en Vaca Muerta. Si bien no ha trascendido qué fue concretamente lo que se discutió en el cónclave protagonizado por Cristina, puesto que priman el ocultamiento y la conspiración, estamos indudablemente ante un nuevo capítulo de la entrega nacional. Lo que sí pasó, no obstante, es que CFK reivindicó el pacto secreto entre el Estado nacional y Chevron, el cual tuvo lugar en 2013.

Ese acuerdo fue un producto de la reestatización (reprivatización) kirchnerista de la petrolera, mediante la cual se rescató a la empresa española Repsol, que descapitalizó brutalmente a YPF y dejó gravísimos pasivos ambientales. Con la plata de los contribuyentes, o sea, de los trabajadores, el Estado se hizo cargo de las deudas de la compañía, a la vez que la resarció con más de 10.000 millones de dólares. Así, el negocio que había acaparado Repsol fue transferido a Chevron, que gozó de un contrato repleto de prebendas, aunque solo se conocen algunas.

A la compañía estadounidense se le otorgó la capacidad de girar al exterior las divisas provenientes de la exportación de hidrocarburos, se la eximió de responsabilidades por cualquier daño ambiental, y se la favoreció dándole la posibilidad de dirimir cualquier disputa contractual en los tribunales de Nueva York. De conjunto, se trató de una política de entrega de la renta petrolera y de una profundización del sometimiento y de la expoliación de Argentina por parte del imperialismo.

El gobierno del Frente de Todos ha estado beneficiando a los pulpos petroleros que operan en el país con nuevos regímenes cambiarios especiales y subsidios millonarios, lo que, sumado a la reforma laboral que aplicó el gobierno de Mauricio Macri en 2017 (con la que, entre otras cosas, se flexibilizaron cláusulas de seguridad, lo que ha provocado hasta ahora la muerte de 15 obreros), ha reportado ganancias siderales a estas empresas. Las divisas que se obtienen de la actividad en cuestión, lejos de utilizarse para avanzar en un desarrollo industrial de Argentina, bajo los gobiernos capitalistas han ido a parar a las arcas del capital financiero internacional.

La reivindicación de la entrega del petróleo que hizo Cristina es una expresión del carácter proimperialista del peronismo. La única forma de colocar la renta petrolera al servicio del desarrollo del país es nacionalizando enteramente esa industria bajo control de los trabajadores.

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