Políticas
11/3/2025
De estafador a martillero del remate de las tierras públicas
Milei acaba de lanzar un decreto que modifica el funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) en beneficio de los especuladores inmobiliarios.
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El presidente.
Javier Milei acaba de lanzar un decreto que modifica el funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), facilitando el remate de tierras públicas en beneficio de los especuladores inmobiliarios. El gobierno busca hacer caja para pagar la deuda externa, entregando espacios públicos y profundizando el copamiento capitalista de las ciudades.
La Aabe, que tiene la facultad de vender o concesionar las tierras públicas del país, fue creada en 2012 por Cristina Kirchner mediante un decreto. Se trata de un organismo cuya existencia viola la Constitución, ya que esta otorga facultades al Congreso para “disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional” (art. 75, inc. 5).
La medida de Milei permite que entidades bancarias públicas y agentes financieros participen en los procesos de tasación (establecimiento del valor del bien) y subasta (oferta del bien). Antes, las tasaciones podían ser llevadas adelante únicamente por “bancos oficiales”, solo en casos “excepcionales” y con la previa intervención del Tribunal de Casaciones.
En octubre pasado, el estafador firmó un decreto con el que dispuso la venta o transferencia de más de 300 inmuebles del Estado, entre ellos un edificio del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Inta). En su momento, el bufón presidencial Manuel Adorni adelantó que ascendería a 1.200 la cantidad de propiedades a vender, por un total de 800 millones de dólares.
La Aabe está dominada por capitalistas especuladores como Eduardo Elsztain, a quienes ahora les será más fácil acaparar tierras. Su titular, Nicolás Pakgozj, tejió relaciones con él y defendió en la Legislatura porteña los proyectos inmobiliarios del empresario en Puerto Madero. Desde este organismo, todos los gobiernos han promovido la entrega de tierras.
Macri rifó inmuebles en todo el país, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo, por ejemplo, la venta de terrenos ferro-portuarios y hectáreas de la Playa Ferroviaria para construir megatorres.
La Aabe también se ha utilizado como un instrumento para promover el desalojo de trabajadores. En junio de 2023, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández impulsaba 257 juicios de desalojo. Esta orientación criminal y antiobrera se vio como nunca en Guernica, cuando el kirchnerismo impulsó el desalojo de los vecinos para que una empresa, que consiguió las tierras del predio bajo la dictadura, pudiera construir un country para ricos.
La política de promover la construcción de megatorres y de transformar las ciudades a la medida de las necesidades de grupos como IRSA mostró sus consecuencias en la catástrofe de Bahía Blanca, con la agudización de los problemas de drenaje del agua y la ausencia de una planificación urbana.
El gobierno, además, creó en la Aabe la Unidad Ejecutora Especial de Bienes Decomisados, un kiosco para los amigos del poder. Al frente colocó a Federico Taiano, hijo del fiscal que está protegiendo a Milei de la causa por estafa.
Mientras tanto, al calor de la agudización de la crisis y del impacto del ajuste criminal del gobierno, a los trabajadores se les complica cada vez más acceder a una vivienda. Tenemos que salir a luchar por lo nuestro.
