Políticas
24/6/2025
Detrás de la critpoestafa de Milei, se destapa toda una red de espionaje ilegal
La causa investiga la recopilación clandestina de información y el armado de causas judiciales con fines políticos, en la que participaron espacios vinculados al propio mandatario.
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Javier Milei en Wall Street.
Una nueva presentación judicial vinculada al “caso Libra” reveló elementos que comprometen directamente al presidente Javier Milei. La causa investiga la existencia de una estructura de inteligencia ilegal dedicada al espionaje, la recopilación clandestina de información y el armado de causas judiciales con fines políticos, en la que participaron actores ligados al oficialismo y a espacios vinculados al propio mandatario.
Un grupo de peritos informáticos independientes accedió al contenido de los teléfonos incautados a Hernán Carrol —referente del grupo violento Nueva Centro Derecha, vinculado a Karina Milei y al aparato libertario— y encontró pruebas que complican seriamente al oficialismo.
Entre los chats recuperados figuran conversaciones con altos funcionarios del gobierno, audios de operadores judiciales y materiales de inteligencia ilegal recolectados por una red que responde a la “mesa judicial” libertaria. Los dispositivos estaban encriptados, pero los peritos lograron desbloquear parte del contenido. La justicia, sin embargo, lleva meses sin actuar y la causa permanece virtualmente frenada.
Mientras Milei se llena la boca hablando contra la "casta" y haciendo shows mediáticos para atacar a la oposición con causas armadas, su propio entorno aparece involucrado en actividades delictivas graves: extorsión, espionaje político, amenazas y armado de causas. Todo esto con la participación de ex policías, operadores judiciales y hasta periodistas.
Mientras tanto, el juez federal Ariel Lijo, propuesto por Milei para la Corte Suprema, es quien está a cargo de esta causa. ¿Puede alguien creer que avanzará contra los intereses del mismo gobierno que quiere convertirlo en ministro del máximo tribunal? La impunidad está garantizada por los mismos que prometieron “barrer con la corrupción”.
No es la primera vez que se denuncia la existencia de una estructura de inteligencia paralela bajo el mando de Carrol y compañía. En plena campaña electoral ya había trascendido el uso de “carpetazos” contra dirigentes y sindicalistas. Ahora se confirma que ese aparato no solo existe, sino que funciona con complicidad judicial y amparo político.
Mientras los verdaderos corruptos garantizan su impunidad con roscas y blindaje institucional, la oposición y los que se organizan en las calles para enfrentar el hambre y la pobreza son criminalizados y llevados a juicio, como es el caso del Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras. La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, amén de su responsabilidad personal en la corrupción bajo sus gobiernos, refuerza a un régimen de ataques a las libertades democráticos que tiene una de sus armas en las operaciones judiciales, mientras se garantiza su impunidad.
El caso Libra expone el verdadero carácter del régimen. Los mismos que se llenan la boca hablando de corrupción usan al Estado para operar en favor de sus intereses de clase. Mientras se persigue con espionaje y causas armadas a sindicalistas, militantes y opositores, Milei se reúne en Nueva York con lo más concentrado del capital financiero mundial —como reveló el periodista Julián Macías Tovar— para garantizarles “seguridad jurídica”, ajuste perpetuo y entrega de los recursos del país.
La trama se vuelve aún más turbia con la aparición de Julián Peh, CEO de KIP Protocol y cerebro detrás de la tecnología de la criptomoneda $LIBRA. Peh estuvo en Buenos Aires, participó del evento Tech Forum y hasta se sacó una selfie con Milei. Sin embargo, Migraciones no tiene registro oficial de su entrada o salida del país. Otro indicio de que el gobierno también protege a los engranajes internacionales de esta maquinaria.
La foto de Milei en Wall Street, rodeado de fondos buitre, lobbistas de la CIA y CEO’s de petroleras, es la contracara de los carpetazos, las amenazas y la inteligencia ilegal en los barrios y en los sindicatos. El mismo día en que vetó la ley de resarcimiento a los damnificados por la inundación en Bahía Blanca, amplía en 2.000 millones de dólares el presupuesto para pagos de deuda. Gobierna para los capitalistas, y necesita perseguir y disciplinar a los trabajadores.
Desde el Partido Obrero denunciamos este entramado delictivo y exigimos la apertura inmediata del contenido completo de los dispositivos, el apartamiento de los jueces cómplices y la conformación de una comisión investigadora independiente.
