Durante el año pasado, la implementación de la cuarentena estricta generó enormes adversidades a los trabajadores de todo el país. La escasa asistencia social, la proliferación de los despidos, las suspensiones, los recortes salariales y la carestía generalizada echaron fuego a la economía doméstica de las familias trabajadoras. Por eso es que, según una encuesta conjunta de la Cepal y la Idaes (Unsam), el 70% de las deudas contraídas por las mismas fue para hacerse de alimentos y algunos otros productos de primera necesidad.

El análisis de estos casos da cuenta de que muchas familias comenzaron, en medio de las restricciones, a dejar de comprar los bienes del día a día al contado. Los fideos, el azúcar o el jabón empezaron a sumarse al resumen de las tarjetas de crédito conforme se aceleraba la crisis social. En los casos más críticos, muchas personas tomaron deuda directa para subsistir y llegar a fin de mes. Pero el desplome, no obstante, se expresó en otras cuestiones sensibles para las familias trabajadoras.

La mitad de los encuestados, por ejemplo, señala que también contrajo deudas para pagar servicios públicos y expensas, así como para pagar deudas arrastradas. De hecho, un 45% utilizó el endeudamiento para pagar los vencimientos de sus tarjetas de crédito. Un 32% tomó deuda para pagar el alquiler y hasta un 28% para prepagas y educación privada. La disparidad estadística indica, claro, que hay familias que se endeudaron por varios motivos a la vez.

A su turno, el informe presenta que esta situación de endeudamiento reveló desigualdades de fondo. Por ejemplo, que las mujeres fueron mayormente quienes administraron las deudas de los hogares, que los arrendatarios fueron los más propensos a endeudarse por cuestiones de vivienda o que los trabajadores sin ingresos regulares se terminaron endeudando mucho más.

Otro informe de Idaes – Unsam muestra que ya a finales de 2019 una de cada cuatro familias tuvo que tomar deuda, utilizar ahorros o vender bienes para subsistir. Desde entonces a esta parte, esta realidad solo se potenció, teniendo como blanco cada vez más a sectores de la “clase media” en vías de empobrecerse progresivamente.

El informe de la Cepal y la Idaes también vuelve sobre la cuestión del trueque, un fenómeno que como en la crisis del 2001 se multiplica entre las capas más pobres de la población y es una vía de escape al laberinto del endeudamiento familiar. Pero todos los caminos conducen al mismo lugar: la Argentina atraviesa probablemente una de las crisis sociales más crudas de su historia, signada por una pobreza que alcanza a más de la mitad de la población, por salarios y jubilaciones mínimas de indigencia y la única certeza de que el cuadro solo empeorará.

Erijamos la respuesta popular a un régimen de hambre y saqueo que nos condena a esta angustiosa situación. El crecimiento descomunal de la miseria en el país es una radiografía de las responsabilidades que hay detrás, porque en la última década la pobreza casi se duplicó bajo el mandato de tres gobiernos distintos. Lo más emblemático, sin embargo, es que en todos ellos hubieron pactos parlamentarios de cogobernabilidad, representantes que se pasaron sin más de un lado a otro y una orientación común, que es descargar el ajuste sobre la espalda de los trabajadores.

En el medio, el resultado se expresa con familias que no saben si el mes siguiente podrán darle de comer a sus hijos. La situación crítica de la penuria demanda que los trabajadores tomen la batuta y reorganicen al país sobre nuevas bases sociales y bajo su propia dirección. Es el horizonte que defendemos desde el Frente de Izquierda – Unidad.

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