Analizando las estadísticas sobre siniestralidad elaboradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) podemos observar que los datos que arroja los diversos informes sobre los casos Covid-19 registrados como siniestros laborales y las muertes por Covid-19 sobre el número general de muertes por accidentes y enfermedades profesionales, son escalofriantes.

Corresponde primero señalar que los datos que presenta la SRT son parciales no habiéndose relevado aún el primer trimestre del año 2021. En este sentido la SRT tiene un retraso significativo en la elaboración de informes y relevamientos de denuncias ante las aseguradoras de riesgos del trabajo, que por consiguiente impiden contemplar la situación en tiempo real, lo que además resulta gravísimo en el marco de la crisis sanitaria producida por la habilitación indiscriminada de actividades comerciales, productivas y de servicios a partir de mediados del año pasado a la fecha.

Por otro lado, sin relevamiento de las cifras, se pone al descubierto que todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional, provinciales y de la Ciudad, y los discursos que niegan que la habilitación de las actividades y la circulación masiva de trabajadores tienen impacto en la escalada de casos de contagios y muertes es una impostura total.

De enero a diciembre 2020 se registraron sobre un total de 580.721 casos de enfermedades profesionales informadas, 216.447 respondían a casos Covid-19 (216.045 en el sistema de riesgos del conjunto de actividades laborales, y 402 casos referidos a trabajo en casas particulares), es decir, el 37,27% del total de casos por enfermedades profesionales totales. Recordemos que por diversas normas legales y reglamentarias se cerró el sistema de presunción del Covid-19 como enfermedad profesional sólo para trabajadores de salud y algunos esenciales, y que el sistema de denuncias de estos casos está sumamente restringido pues sigue considerándose enfermedad no listada (no incluida dentro de los decretos de enfermedades profesionales) y que por lo tanto requiere prueba del trabajador afectado de que existe nexo de causalidad directo entre la enfermedad y la actividad laboral realizada o agente de riesgo.

Si se toman los casos totales mortales incluyendo los accidentes de trabajo, además de las enfermedades profesionales, se registra que del total de 1.198 casos mortales en el año 2020, respecto del año 2019 (322 casos mortales registrados) aumentó en un 372%. No registrándose en el año 2019 ningún caso Covid-19, mientras que en el año 2020 las muertes por Covid-19 registradas fueron 910, es decir el 76% de las muertes por siniestros laborales respondieron a casos de Covid-19. El salto cuantitativo entre el año 2019 y el año 2020 respondió exclusivamente a contagios por Covid-19.

Estas cifras ya alarmantes del año 2020 dan cuenta que la apertura indiscriminada del conjunto de las actividades económicas y productivas por presión de las patronales tiene estrecha relación.

Esto vuelve a surgir del comparativo trimestral durante el año 2020, porque durante el primer semestre del año 2020 los registros de casos mortales por Covid-19 era cero, y comienzan a aparecer fuerte en el tercer trimestre con 594 casos sobre un total de casos mortales de 792, incrementándose nuevamente la cifra hacia el cuarto trimestre con un total de 910 casos (Informes provisorios de accidentabilidad laboral).

Se trata de 910 trabajadoras y trabajadores que perdieron su vida por Covid-19 durante el año 2020 de un total que efectivamente desconocemos pues como se ha dicho las denuncias tomadas por las aseguradoras de riesgos del trabajo son sólo una parte y más aún en el marco tan estrecho que normativamente impuso la SRT para considerar al Covid-19 como enfermedad profesional.

El ataque a la clase trabajadora es brutal y es responsabilidad de todos los partidos patronales del régimen político, las patronales con la complicidad de toda la burocracia sindical que no sólo cierra paritarias a la baja, cayendo significativamente el valor del salario de los trabajadores, sino también habilitando esta apertura indiscriminada de la actividad económica. Son informes públicos que parece que tampoco pudo ver la Corte Suprema cuando resolvió en el caso de la Ciudad contra Nación.

Se impone la necesidad de organizarse y luchar en cada lugar de trabajo por el cumplimiento irrestricto de los protocolos de higiene y seguridad laboral, contra la precarización, y en defensa de la vida y la salud. Levantar comisiones de higiene y seguridad laboral en cada uno de los establecimientos y ámbitos laborales para establecer un control obrero de esos protocolos. Es imperioso que se restrinja nuevamente la circulación masiva y todas las actividades. Un plan de lucha como lo ha demostrado la docencia combativa de los Sutebas Multicolor y Ademys, como lo hacen también las bases de los trabajadores del transporte, o lo hacen las y los trabajadores de la salud u oportunamente el Sutna cuando paralizó Bridgestone por el no aislamiento de contactos estrechos.

Solo la clase obrera organizada y en lucha podrá dar la pelea por la defensa de la vida frente a todo un régimen de hambre, explotación y muerte.

 

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