A dos años de que se sancionara la fracasada Ley de Alquileres N° 27.551, cuyas modificaciones se discuten ahora en el Congreso, el alza permanente y desmedido en el precio de los alquileres, incluso por encima de los índices que la ley impone, es una tendencia constante que barre con cualquier tipo de posibilidad de alquilar un inmueble o de sostener un alquiler (con las actualizaciones y renovaciones que eso implica). En este sentido, un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba señaló que el aumento de los alquileres superó, en todo el país, la inflación de 146% acumulada en 24 meses, desde julio de 2020.

El análisis determinó que en la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA) fue donde más aumentaron: un 241% (95 puntos porcentuales más que la inflación acumulada). En la zona sur/oeste del GBA el alza fue del 207% en el mismo período y en Buenos Aires un 185%, es decir 39 puntos porcentuales por encima de la inflación. En cuanto al resto del país, en Rosario el incremento registrado alcanza 187%, en Córdoba, 169% y en La Plata, Mar del Plata, Neuquén y Mendoza se estiman ajustes superiores al 145% (Infobae 1/7)

Esto forma parte de una política de Estado que impulsa la especulación con el suelo urbano de manera que se encarece cada vez más el acceso a una vivienda. El capital inmobiliario se dedica a construir complejos lujosos que funcionan únicamente como reserva de valor (frente a permanentes devaluaciones), y se revalorizan zonas enteras. Esta especulación promueve la falta de oferta de propiedades en alquiler, aumentando la presión sobre los precios, porque alquilarlos en pesos no les resulta rentable para los valores en dólares.

Este verdadero drama empuja a los trabajadores las villas y a los asentamientos, y cimenta la lucha por tierra para vivir, como encarnaron las cientos de familias desalojadas en Guernica que aún no han sido reinstaladas a pesar de las promesas del gobierno. Otro ejemplo del papel estatal lo tenemos en Córdoba, provincia con un gran aumento en alquileres, desde donde se viralizó el caso de Olga: una señora mayor a la que le dieron un mes para abandonar su vivienda sin ofrecerle otro lugar donde vivir, retrato de cómo el gobierno de Schiaretti avanza con la construcción de nuevas autovías que no responden a un interés social y a su vez atentan contra montes nativos y patrimonio arqueológico de pueblos originarios.

La Ley de Alquileres

Así, ante la disconformidad tanto de propietarios como de inquilinos -aunque por razones opuestas-, el miércoles 22 un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes de modificación de la Ley de Alquileres.

El dictamen de mayoría del Frente de Todos básicamente conserva esta fracasada norma sancionada en 2020, manteniendo la fórmula de actualización que elabora el Banco Central que contempla la variación de la inflación y los salarios, que ni evitó los aumentos por encima de los ingresos de la población ni estimuló la oferta de alquileres. En un cuadro de caída abrupta del salario real y ajuste, el resultado será que siga profundizándose la crisis habitacional.

Juntos por el Cambio y el interbloque Federal emitieron un dictamen conjunto de la oposición en minoría, en el que avanzan en liberalizar el mercado de alquileres, con contratos de dos años (en vez de tres) y donde el precio del alquiler sea fijado como valor único por períodos mensuales, sobre los cuales aplicarían ajustes con una periodicidad de entre tres a doce meses.

El punto que ambos tienen en común es la inclusión de un capítulo de “incentivos fiscales” con reducción de impuestos a los empresarios del sector, con el presunto objetivo de estimular la oferta de bienes inmuebles en alquiler, que nada aportaría a resolver la crisis de vivienda pero sí representaría una serie de beneficios al capital inmobiliario.

Ninguno de los dictámenes establece un precio de inicio de alquiler ni que los contratos de locación se adecúen a los ingresos familiares, un reclamo que va paralelo al de que los salarios superen a la canasta familiar y la realización de planes de vivienda populares a precios accesibles financiados sin intereses. A su vez, en lugar de ofrecer más incentivos fiscales a los especuladores, debe desgravarse de todo impuesto a la vivienda única, y gravar la especulación inmobiliaria y la vivienda ociosa de forma progresiva y permanente.

Es una lucha contra el pacto ajustador del gobierno con el FMI, que va a acentuar el ajuste en materia de obra pública y vivienda. Que la crisis habitacional la paguen los capitalistas inmobiliarios.

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