El proyecto de ley de blanqueo de capitales que el gobierno del Frente de Todos giró al Congreso este miércoles implica, entre otras cosas, dar luz verde a la legalización de dinero proveniente de actividades espurias como el narcotráfico o la trata de personas. En Argentina, el negocio narco está en ascenso, y el gobierno nacional, si logra que su iniciativa prospere, podría hacer caja con ello.

Todos los políticos burgueses han implementado blanqueos de capitales, desde el “demócrata” Raúl Alfonsín, pasando por Cristina Kirchner, hasta Mauricio Macri. Su objetivo es recomponer las reservas del Banco Central con dinero que los empresarios sacan del sistema financiero para evadir al fisco o fugar capitales al exterior. El ultraderechista Milei, que propone una completa desregulación financiera, no solo convertiría a Argentina en una colonia del capital financiero internacional, sino también en un paraíso narco.

Argentina ha asistido a un crecimiento exponencial del negocio narco. Santa Fe es un epicentro de este fenómeno, los puertos privados que están apostados sobre la Hidrovía del Paraná son un colador para la droga. La provincia de Buenos Aires es probablemente otro de los centros nerviosos en los que tiene lugar este proceso. Del narcotráfico no se benefician solamente los Pablo Escobar criollos, sino también los capitalistas y sus representantes políticos.

El dinero narco suele introducirse en el circuito económico-financiero legal a través de transacciones ficticias o de la compra de bienes o activos de alto valor pasibles de ser convertidos fácilmente en efectivo. Los bancos, los casinos, el mercado inmobiliario y las criptomonedas son otros de los instrumentos que utiliza el capital para lavar dinero turbio; hacer esto les permite a grandes jugadores de la economía o a elementos del poder político desarrollar nuevos negocios o reimpulsar el comercio de drogas en mejores términos.

Por su carácter ilegal, es difícil precisar la cantidad de dinero que mueve realmente el narcotráfico. Sin embargo, hay estudios e investigaciones cuyos resultados nos permiten acercarnos un poco. Solo la venta de cocaína movía en 2018 unos 5.943 millones de pesos al año. En Mendoza, ese mismo año, se secuestraron 990 pastillas de metanfetaminas valuadas en más de 2 millones de pesos. Este 2023, en la provincia de La Pampa, se incautaron drogas como cocaína y Mdma valoradas en 10 millones de pesos (Ámbito, 25/3).

Las leyes de blanqueo son un camino más para la legalización de estos fondos, aunque tiene la particularidad de que está pavimentado por el Estado. Esto no debería sorprender a nadie, el Estado burgués ampara el negocio narco porque es una fuente de ganancias, las cuales son el motor del metabolismo social capitalista. Y el tráfico de drogas es uno de los negocios más redituables de la economía mundial.

Que el Estado es el guardián de los negocios turbios lo demuestra que en estos se encuentran implicadas todas las fuerzas de seguridad. Estas, que supuestamente son las encargadas de supervisar las fronteras del territorio nacional, dejan ingresar la droga al país. Una vez que las mercancías comienzan a circular por la economía argentina, las fuerzas muchas veces se convierten en partícipes del negocio narco y en socias de las bandas mafiosas. Sin esta colaboración no habría narcotráfico. Después de todo, las fuerzas represivas defienden los intereses (la obtención de ganancias) de la clase social a la que responden: la burguesía.

La proliferación del narcotráfico, motivada por el régimen social y sus defensores (empresarios, políticos del establishment, fuerzas de seguridad, FF.AA), trae consigo el aumento de la violencia y la inseguridad. Las narcomafias acechan los barrios y les hacen la vida imposible a los trabajadores. Los capitalistas y sus políticos están a salvo en sus barrios privados o edificios de lujo, cuidados por sus huestes policiales. Entretanto, la droga destruye a la juventud, tanto en el plano material como en el espiritual, y a menudo quiebra lazos entre los trabajadores.

Frente a esta situación, los gobiernos responden con un aumento de la represión. Desplegar más gendarmes o más policías, una política en la que convergen elementos varios como CFK, Bullrich y Milei, solo puede devenir en un recrudecimiento y del delito, ya que esas fuerzas se hallan implicadas en el narconegocio. Si se introduce al Ejército para “combatir el narcotráfico” ocurriría lo mismo; tendríamos narcomilitares como en Colombia y México. Además, estas fuerzas, una vez instaladas, son utilizadas por el Estado para reprimir la protesta social.

Ningún partido capitalista puede terminar con el narcotráfico. Todos defienden este sistema. Al régimen narco (capitalista) hay que reemplazarlo por otro en el que primen los intereses de los trabajadores, la única clase social productiva e interesada en evitar que Argentina se sumerja por completo en la barbarie.