Políticas

12/8/2020

El camino de la devaluación

Un nuevo golpe a la población trabajadora, para cumplir con el acuerdo colonial.

Duró muy poco el impacto del acuerdo con los bonistas en el mercado cambiario. La reestructuración de la deuda externa solo aflojó unos días la tensión sobre el dólar blue, el contado con liqui y el que se obtiene de operaciones en la bolsa, los cuales mantienen una brecha del 80% respecto de la cotización oficial. Esto, a pesar de que el gobierno sigue depreciando la moneda de manera paulatina pero constante. Así, se va prefigurando una devaluación en regla del peso, ya que el sostenimiento de “un tipo de cambio competitivo” es una de las vigas maestras que definió Alberto Fernández de cara a lo que se viene.

La devaluación es imprescindible en el “plan económico” del gobierno como una medida elemental para fomentar la exportación “de todo lo que se pueda” y restringir la fuga de divisas por importación, de manera de frenar la sangría de las reservas internacionales en función de garantizar el repago de la deuda. Tanto es así que el gobierno buscará que se reactiven solo las industrias que no demanden grandes importaciones, cuando gran parte del parque productivo del país requiere insumos del exterior. Preocupa en la Casa Rosada la precariedad del superávit comercial, alcanzado en estos meses solo gracias a un derrumbe de las importaciones, cuando está llegando a su fin la temporada de liquidación de la cosecha que es la principal fuente de divisas del país. Aún con una balanza comercial favorable, en la misma semana que se anunció el acuerdo con los bonistas, las reservas internacionales del Banco Central cayeron 200 millones de dólares.

Otro gran motivo para devaluar es la necesidad de licuar la deuda en pesos, que viene siendo refinanciada en su mayoría con letras a corto plazo, cuando resta para la segunda mitad del año más de un billón de pesos en vencimientos -de los cuales más de la mitad están en manos de privados. Pero el problema fundamental con que se choca el gobierno es cómo evitar que la devaluación dispare la inflación, que en junio y julio estuvo por encima del 2% mensual y que según todas las consultoras se acelerará en el segundo semestre (tarifazos inclusive). Esto, cuando el gobierno financió el déficit fiscal con la emisión de 1,2 billones de pesos en la primera mitad del año, y en la segunda mitad debería emitir otro billón para cubrir sus necesidades de caja.

Para evitar que estos pesos en circulación corran al dólar, el presidente, que hizo campaña prometiendo que iba a priorizar a los jubilados sobre las ganancias de los bancos, no solo le robó la movilidad a los primeros sino que multiplicó el peso de las Leliq, que rinden una tasa de interés del 38% a la banca privada. Así tenemos que al día de hoy, sumando Leliqs y pases diarios, el Banco Central tiene un pasivo que ronda los 2,4 billones de pesos. Por esta usura la entidad lleva pagados en el primer semestre unos 300.000 millones de pesos en concepto de intereses, el equivalente a la suma del gasto de dos meses de IFE, ATP y giros a las provincias en medio de la crisis sanitaria (Ámbito Financiero, 7/7). En la misma línea el gobierno dispuso un aumento de las tasas de interés de los plazos fijos, que rinden ahora un 33%. Pero resulta que semejantes tasas usurarias vuelven imposible el financiamiento de cualquier reactivación económica. Es una contradicción lapidaria para quienes se reivindicaban keynesianos.

Otro de los factores que mantiene el alza de los tipos de cambio paralelos es el canje de la deuda en dólares bajo legislación local, que ya tiene aprobación parlamentaria. El objetivo de pesificar parte de esa deuda incluye como “zanahoria” una mayor cotización en el valor al que serán tomados los bonos. El atractivo de este canje, que se ajusta por inflación (cuando esta se acelera) llevó a muchos operadores a especular con la compra de esos títulos -que son los que se utilizan para el contado con liqui y el dólar bolsa-, ya que esperan embolsar ganancias de hasta el 22% (Infobae, 10/8).

Existe a su vez una presión internacional que refuerza las perspectivas de una devaluación, principalmente por la depreciación de la lira turca y real brasileño. Esto se agrava porque, como vimos, el “plan económico” refuerza el lugar dependiente de Argentina en el mercado mundial, ya que para recaudar dólares el gobierno mantendría la recesión industrial y reforzaría la primarización de las exportaciones. Es la expresión del carácter colonial del acuerdo para el repago de la deuda. Por supuesto que esto es la antesala de fuertes choques que se librarán al interior de la clase capitalista, porque la frazada es corta: la caja no alcanza para satisfacer los subsidios que reclama la UIA con los privilegios fiscales que exige el nuevo Consejo Agroindustrial dominado por las cámaras exportadoras.

Para los trabajadores la devaluación será un nuevo golpe, cuando las paritarias están suspendidas o cerrando con acuerdos ruinosos, cuando se perpetúan los recortes salariales y los ataques a los puestos de trabajo y las jubilaciones. Combinada con los tarifazos anunciados y la aceleración inflacionaria, tomará forma muy tempranamente la factura que pretende descargarse sobre la población trabajadora. A la lucha por la defensa de salarios y jubilaciones, entonces, debe agregarse un programa de salida a este rumbo de hundimiento del país para cumplir con los usureros internacionales. La base de ese programa debe ser el repudio de la deuda usuraria y la nacionalización del comercio exterior y de la banca, para avanzar en una recapitalización del Banco Central e invertir el ahorro nacional en un plan de industrialización y desarrollo nacional. Solo la clase obrera puede abrir un rumbo diferente para la Argentina.