Nuevos datos de la crisis se conocen semana a semana. Estos últimos días salió a la luz un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina que revela que el consumo de carne descendió a 49,7 kilos por persona por año, presentando una caída del 2,3% en comparación con el 2019. Si se toma el periodo 2007-2009, la brecha se profundiza: la caída es del 13,5%.

Las causas son diversas, pero sin dudas están intrínsecamente relacionadas con el recrudecimiento de la crisis social y económica, la devaluación de los salarios y la inflación (que cerró en un 36%). El precio de la carne fue uno de los que más subió: 20% intermensual y 78% en todo el año en el AMBA. El asado, marcó una diferencia mayor de 95%. Se acompaña de un gran aumento también en el resto de los alimentos y bebidas.

Esto choca con un dato que casi parece contradictorio: la producción de carne aumentó un 1,3% interanual. Pero no fue para consumo interno, ya que presentó una retracción de 31 mil toneladas junto con un aumento del 9,4% en ventas al exterior comparado con el año anterior, donde la gran mayoría se envió a China. El engrosamiento de los bolsillos del sector se acompaña de un crecimiento en el hambre de la población.

Mientras el gobierno anuncia la ampliación de los productos dentro de los Precios Cuidados, acuerda una suba de los mismos del 6,5% y restringe la (mísera) ayuda social que se le arranco en el inicio cuarentena, como lo es el IFE. La quita de subsidios y de la ayuda social barre cualquier gramo de progresismo que le quedaba a un gobierno responsable del 40,9% de pobreza y 10,5% de indigencia.

El aumento de la carne se acompaña del de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la total (CBT), que finalizan el 2020 con una suba del 42,9% y 37,7%, respectivamente. El broche de oro lo coloca el robo a los jubilados que se votó el pasado 29 de diciembre, que cierra un año de pérdida salarial y ataque a los trabajadores pero de ganancia de los grandes capitalistas. Ejemplo de esto son los banqueros, que con los intereses recaudaron $700.000 millones; del otro lado del mostrador están los trabajadores, donde el 80% cobra por debajo de la CBA y la pérdida de empleos en 2020 asciende a un millón.

Son las consecuencias de un año marcado por un ajuste sobre la base de los planes fondomonetaristas del gobierno. Las demandas del FMI crecen a medida que el gobierno se muestra cada vez más incapaz de arbitrar la crisis y los choques entre la burguesía proliferan. Es el fracaso de las políticas económicas que desenvolvió durante este año de pandemia, que se suma al fracaso sanitario que nos deja hoy en las puertas de una segunda ola más agresiva que la primera.

Los trabajadores se encuentran expuestos a dos pandemias: la del coronavirus y la del hambre, aunque la curva de esta última no parece bajar y no hay vacuna a la que el gobierno pueda apostar. La salida debe provenir de una respuesta del movimiento obrero, ocupado y desocupado, con un paro y un plan de lucha contra el ajuste y el saqueo de nuestros bolsillos. A las políticas antiobreras del gobierno debemos contrarrestarlas con un programa obrero y socialista que involucre la deliberación del conjunto de la masa trabajadora para salir de la crisis, terminar con el hambre y la miseria social y que la pandemia nos signifique la muerte de miles de obreros.

 

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