Las acusaciones cruzadas entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina en el Congreso echan luz acerca de la responsabilidad que tienen tanto el gobierno actual como la anterior gestión presidencial en la fuga de capitales incesante y en el endeudamiento explosivo del país.

Luego de que Guzmán expusiera en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados los lineamientos del acuerdo alcanzado con el FMI, a días de su tratamiento parlamentario, Laspina cruzó al ministro diciendo que el gobierno actual es quien verdaderamente habilita la fuga de capitales ya que en el 2021 se evaporó el superávit comercial obtenido de casi USD 15 mil millones de dólares.

Lo cierto es que ambos gobiernos dieron vía libre a los diversos mecanismos de fuga por parte de la clase capitalista. El préstamo contraído con el FMI, lejos de volcarse a la inversión productiva, fue destinado al pago de vencimientos de deuda restructurada por el kirchnerismo y también estuvo dirigido a financiar la salida de capitales bajo el macrismo, lo cual fue admitido por el propio exmandatario en una reciente entrevista televisiva. A su vez, Alberto Fernández dilapidó las reservas del Banco Central fundamentalmente en el pago de la deuda -USD 6 mil millones fueron a parar a los bolsillos del FMI- pública y privada y en contener los tipos de cambio paralelo, financiando la corrida hacia el dólar.

Como vemos, el rescate de la deuda usuaria a costa de las arcas del Estado y contrayendo nuevos préstamos para cancelar viejos es patrimonio de todas las fuerzas políticas del régimen a la hora de gobernar. El acuerdo con el FMI implica exactamente eso: convalidar una hipoteca que hasta el propio oficialismo tilda de ilegítima -sin ninguna quita y con sobretasas- incrementando los niveles de deuda pública, una orientación sin salida.

Por otra parte, se reeditó el debate sobre cuál de los dos gobiernos endeudó al país a ritmo más vertiginoso. Lo cierto es que Macri en cuatro años incrementó la deuda pública en USD 66.150 millones y Alberto Fernández lo hizo en USD 65 mil millones en dos años de gobierno. Ahora bien, es diferente la composición: Macri colocó la mayor parte de su deuda en moneda extranjera, más difícil de refinanciar, mientras que el grueso de la deuda contraída por el Frente de Todos está nominada en pesos.

Sin embargo, la emisión de títulos del Tesoro en pesos no es inofensiva como sostiene Guzmán. En primer lugar, muchos de esos bonos están atados al dólar o a la inflación. Además, las últimas licitaciones vienen ofreciendo intereses más elevados para obtener el resultado esperado, algo que se profundizará teniendo en cuenta las restricciones a la emisión monetaria impuestas por el FMI y la necesidad de financiar el déficit fiscal fundamentalmente con deuda. De este modo, el endeudamiento del Tesoro adquiere una dinámica “bola de nieve” cuyas consecuencias son verdaderamente explosivas. Cabe destacar que una eventual crisis de pago por parte del Tesoro puede derivar en un mayor ajuste del gasto público y en una corrida bancaria, puesto que los bancos utilizan los encajes -garantía para los depositantes- para comprar dichos instrumentos financieros.

A su turno, Guzmán minimiza el impacto de la deuda contraída en moneda local porque tiene previsto licuarla por medio de una devaluación, no obstante, eso acrecentaría el peso de la deuda en dólares. Es preciso mencionar que la banca está cubierta frente a una devaluación ya que se avanza en retornos reales positivos para los bonos en pesos que posee, sin embargo, un salto en el tipo de cambio sí terminaría de derrumbar los ya deteriorados ingresos de los trabajadores.

Además, no olvidemos que tanto el canje con los bonistas privados como el acuerdo con el FMI persiguen el objetivo de reingresar al mercado de crédito internacional. No es que Alberto Fernández no quiera endeudarse en dólares sino que por el momento no puede debido al elevado riesgo país fruto de la bancarrota en la que nos encontramos. De hecho, toma deuda en moneda extranjera cada vez que surge la oportunidad: sin ir más lejos, está organizando una subasta en dólares para que los fondos Pimpco y Templeton puedan desprenderse de sus tenencias en pesos-rescatando así la bicicleta financiera montada por el macrismo-, y, a su vez, contrae créditos provenientes de distintos organismos multilaterales.

En definitiva, todos los que nos gobernaron y nos gobiernan son fugadores y endeudadores seriales. Esta política al servicio del capital financiero y las patronales ha sido descargada sistemáticamente sobre las espaldas de los trabajadores, a través de más ajuste y ataques a sus condiciones de vida. La hoja de ruta del FMI no será la excepción, implica mayor subordinación al imperialismo y saqueo nacional y un sinfín de penurias para las mayorías. Por lo tanto, el contrapunto Guzmán-Laspina es una impostura y busca ocultar que ambos espacios políticos tributan al FMI y le dan la espalda a las demandas sociales. En ese sentido, debemos exigir un paro nacional para enfrentar el acuerdo en ciernes, movilizarnos cuando se trate y construir desde abajo una oposición obrera y popular que derrote los ataques venideros. Fuera FMI, no al pago de la deuda externa, por una salida de los trabajadores a la crisis.