El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el gobierno argentino deberá avanzar en una “racionalización de la asistencia social”. Promueve así recortes en los programas sociales, en nombre de “incentivar la entrada al mercado laboral”. Esto, cuando el gobierno ha reconocido en su proyecto de Presupuesto 2023 que el índice de desocupación no va a bajar, y mientras el propio FMI informa que la economía mundial se dirige hacia una recesión. Es decir, exige un mayor ajuste en la asistencia social cuando todas las condiciones son adversas para la creación de trabajo genuino.

La política en cuestión se desenvolvería cuando el país se encuentra asistiendo a una profundización de sus tendencias recesivas, fruto de la política de ajuste del gobierno, en particular en la obra pública, pero que también se expresa en el aumento de las tasas de interés y del cepo a las importaciones; así como de la crisis mundial. Por su parte, la situación social es pavorosa, como lo ha demostrado el último trabajo del Indec en la materia, el cual indicó que se ha acrecentado la indigencia y que la pobreza continúa en niveles críticos.

De hecho, hay un incremento del trabajo informal. En CABA, por ejemplo, según datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, lo que más crece, desde el punto de vista del mercado laboral, es la informalidad y la precarización del trabajo. Casi un 29% de los 1.183.000 asalariados porteños se halla en esa situación, porcentaje ubicado 6 puntos por encima de las estimaciones del año pasado en el mismo terreno. Los más afectados por esta política, que implementan las patronales pero también el Estado, son los jóvenes de entre 19 y 29 años; “el 49,9% de los jóvenes trabaja sin acceso a derechos laborales, 8,2 puntos por encima de 2021 y 8,1 puntos más en relación a tres años atrás” (Clarín, 11/10).

Las estadísticas de la Ciudad son la manifestación de un fenómeno que ha tomado dimensiones generales. El informe sobre el mercado de trabajo del segundo trimestre 2022 realizado por el Indec reflejó cómo crecen la precarización laboral y la demanda de empleo de aquellas personas que ya cuentan con uno. Entre otras cuestiones, el relevamiento dio cuenta de un retroceso en la cantidad de trabajadores con descuento jubilatorio y de un incremento de los obreros que laboran en negro.

Mientras esto ocurre, la actividad económica declina cada vez más. Un paper del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) ha advertido que hubo una caída desestacionalizada de la economía en agosto del 1,2% respecto a julio. Las proyecciones sobre el futuro refuerzan la posibilidad de que la economía argentina caiga en un estancamiento y se dirija hacia una recesión. Estas tendencias están instaladas en el proceso económico, signado por un gran descalabro, una huelga de inversiones por parte de los capitalistas, una inflación que está en números históricos, y por la primacía de una fuerte incertidumbre con respecto a la volatilidad del dólar.

La política fondomonetarista y ajustadora del gobierno nacional no solo limita la absorción de la mano de obra en el mercado laboral, sino también la capacidad de consumo de amplias capas de la población. Según datos de la CAME, las ventas minoristas cayeron en septiembre un 3,5% interanual y un 1,4% si se compara mes a mes. Como se ve, se pretende ajustar los programas sociales cuando no existe ningún síntoma en el proceso económico-social que asegure que en el futuro se desarrolle una creación de empleo genuino. Tal es el carácter criminal de la orientación oficial.

Para conseguir trabajo genuino, los trabajadores debemos luchar contra el ajuste del gobierno y el Fondo, y a la par pelear por un seguro universal al desocupado, equivalente al costo de vida (basta de planes sociales de indigencia). Es el camino que marcan las masivas movilizaciones y acampes del plan de lucha de la Unidad Piquetera.