El Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), a través de la Resolución N°207/2021, avaló la venta de Edenor por parte de Pampa Energía S.A. al consorcio de Vila-Manzano-Filiberti. Se trata de la distribuidora de energía eléctrica más grande del país.

El acuerdo entre Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, y el empresario José Luis Manzano -en representación del consorcio- por la compra del 51,8% del paquete accionario de Edenor por 100 millones de dólares, más el pago de una deuda de la empresa que ronda otros 100 millones. El acuerdo fue realizado en diciembre del año pasado (en ese momento Manzano entrego 5 millones de dólares).

El aval del organismo gubernamental de control llega luego de seis meses de idas y vueltas en las negociaciones entre los funcionarios y el consorcio de Manzano en torno a los subsidios estatales a las operaciones de la empresa. De acuerdo a los cálculos de los empresarios, necesitan entre 30.000 y 40.000 millones de pesos para mantenerla operativa y solo prevén recaudar con tarifas 10.000 millones, por lo cual el Estado se haría cargo de la diferencia. De esta manera se rescata la privatización, con los fondos públicos cubriendo los costos y los concesionarios embolsando las futuras ganancias.

Cuando se privatizaron en los ‘90 las empresas de servicios públicos, la empresa encargada de dar servicios eléctricos en el Gran Buenos Aires, Segba, fue dividida en tres: Edenor, Edesur y Edelap. La primera concesión de Edenor la obtuvo la francesa Electricité de France (EdF), y a partir de 2005 Pampa Energía de Marcelo Mindlin -quien fuera elogiado en junio del 2020 por el presidente Alberto Fernández por “haber apostado al desarrollo del país”.

La concesión actual de Edenor abarca 20 partidos del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente nueve millones de habitantes en los que tiene tres millones de clientes. Los lectores que residen en dicha área sabrán que, lejos de la vieja premisa de la “eficiencia de los privados”, el servicio es cada vez peor por la desinversión, incluyendo sistemáticos cortes en los períodos de mayor demanda estacional.

¿Quiénes son Vila, Manzano y Filiberti?

José Luis Manzano nació en Mendoza hace 65 años, es médico de profesión y fue una figura relevante del peronismo en la “renovación peronista” de los 80. De hecho fue diputado nacional con solo 27 años, y luego fue partícipe del neoliberalismo menemismta de los 90 como Ministro del Interior entre 1991 y 1992, dando el puntapié junto con Roberto Dromi para el desguace del Estado con las privatizaciones.

Después de su salida del gobierno se radicó Estados Unidos, donde fue becario de la Universidad de California y la jesuita Universidad de Georgetown, especializándose en Finanzas para luego convertirse en empresario. Actualmente reside en Ginebra, Suiza, y es presidente de la firma de inversores Integra Capital, con acciones en Phoenix Global Resources, petrolera con actividad en la Argentina y que cotiza en las bolsas de Londres y de Buenos Aires; inversor de Interoil, exploradora y productora de petróleo listada en Oslo y que genera 1.600 barriles diarios en Colombia; Integra Oil & Gas, una compañía activa en la producción de petróleo que produce 4.000 barriles por día en Venezuela; Integra Gas Distribution, una sociedad con la suiza Mercuria Energy Trading; y la Bodega Altus.

Manzano tuvo vínculos con el cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, con el banquero Roberto Moneta y con el supermercadista (y exlegislador nacional del PRO) Roberto De Narváez. Pero el principal socio de Manzano es Daniel Vila, otro mendocino con quien comparte una sociedad desde 1997 y la conjunción de sus apellidos está instalada fuertemente en el ámbito de la política y los negocios.

Daniel Vila es abogado, tiene 68 años, es hijo del empresario Alfredo Vila, quien tuvo buena relación con las dictaduras de Onganía y de Videla. Fue presidente entre 2005 y 2012 del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Junto a su coequiper Manzano operan Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza, la central hidroeléctrica Ameghino y el holding de medios América, que incluye un canal de televisión abierta, una señal de noticias y radio La Red.

La tercera pata de este consorcio es Mauricio Filiberti, “el señor cloro”, uno de los dueños de Transclor, empresa dedicada a la producción de cloro y otros compuestos químicos, entre ellos el hipoclorito de sodio, que es la materia prima para hacer la lavandina. En 2018 se compró la planta de Clorox y hoy esta empresa de capital nacional es el único fabricante del producto en el país y uno de los principales proveedores de la estatal Aysa. Filiberti fue uno de los pocos que se vio beneficiado por el aislamiento que provoco la pandemia del Covid-19, ya que la lavandina fue uno de los productos más vendidos durante el aislamiento del año pasado.

Cuando se conoció la compra de Edenor a fines del año pasado, la Coalición Cívica decidió emitir un informe apuntando a la relación entre Filiberti, AySA y José Luis Lingeri, el secretario general del sindicato de la empresa de aguas. En dicho informe se sostiene que Filiberti es un proveedor “privilegiado por el Estado” debido a que construyó una fábrica de policloruro de aluminio (PAC), un químico que sirve para potabilizar el agua, en las instalaciones de una planta de AySA ubicada en Bernal. Sobre este punto, el informe de Carrió señala que “durante muchos años, Transclor S.A., utilizando una planta de propiedad de AySA, ha tenido la potestad de comercializar el excedente de sulfato de aluminio y de PAC a privados”; teléfono para Macri, cuyo gobierno integró la propia CC.

Tenemos entonces que esta compra saca a la luz cómo los empresarios que lucran con la privatización de los servicios públicos han formado sus fortunas gracias a su asociación con el Estado. Por supuesto, esto lo pagamos los trabajadores, que como los que pagamos los tarifazos todos estos años a cambio de una mal servicio, y también porque somo los que sostenemos el fisco con los impuesto al consumo, mientras que los capitalistas ni siquiera invierten en un desarrollo de la infraestrucutura sino que fugan sus ganancias. Terminemos con el vaciamiento y la privatización, que se abran los libros de la empresa y se estatice el servicio bajo control de trabajadores y usuarios.

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