En medio de un escenario atravesado por el protagonismo en las calles del movimiento piquetero independiente y donde emergen conflictos obreros como el de los tercerizados de Edesur y del ferrocarril Roca y los despedidos de Bimbo, desde la Casa Rosada minimizaron el alcance del descontento popular refiriéndose a estas acciones como “hechos puntuales de reclamos en medio de la campaña”. De este modo, el gobierno responsable de empobrecer a los sectores populares, dejando como única opción para sobrevivir el camino de la lucha, desacredita los reclamos atribuyéndolos a un oportunismo en época electoral.

Lo cierto es que efectivamente en el primer semestre del 2021 creció el número de protestas sociales en relación al mismo período del año anterior, en un 60% según un informe de la consultora Diagnóstico Político. Sin embargo, este fenómeno no responde al calendario electoral, sino que está directamente ligado al incremento de la crisis social, la cual vuelve insostenible el día a día para capas enteras de la población.

Motivos para manifestarse sobran: la mitad de los hogares del país perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, 6 de cada 10 jóvenes son pobres, hubo una pérdida del salario real de 20 puntos desde 2017 a 2020 y este año la situación se agravará, hay 1,3 millones de desocupados (sin contar a quienes dejaron de buscar trabajo), y, como si esto fuera poco, decreto antidespidos mediante se perdieron más de un millón de puestos de trabajo durante el 2020. Un polvorín social del cual el gobierno es plenamente consciente y que excede sin dudas la proximidad de las elecciones legislativas.

En ese sentido, los dichos oficiales forman parte de un acto de autoencubrimiento para disimular el papel activo que ha jugado la política gubernamental en edificar esta realidad. Sin ir más lejos, fue el propio Alberto Fernández el que promovió una pauta salarial a la baja, el que selló un salario mínimo de indigencia, no tomó ninguna medida de fondo para controlar la suba de los precios, dejó pasar el reguero de despidos y echó leña al fuego de la inflación en ascenso decretando aumentos en los combustibles y en las tarifas de los servicios públicos. No olvidemos que es la gestión que se jacta de haber reducido el déficit fiscal en momentos de mayor recaudación, recortado las prestaciones sociales (tras eliminar el IFE y ajustar las jubilaciones) y el gasto público, para complacer al FMI.

A su vez, reducir las motivaciones de las demandas genuinas del movimiento popular a un episodio electoral también delata la impotencia del gobierno en detener el retroceso económico. El rumbo fondomonetarista y la subordinación hacia las patronales dan como resultado el agravamiento de todos los indicadores. En primer lugar, a pesar del relato de Guzmán, no se registra una desaceleración significativa de la inflación, la cual no baja del 3% todos los meses y alcanzará cómodamente el 50% a fin de año. Por otra parte, las promesas alrededor de una “reactivación productiva” se desvanecen ante el hecho innegable de que decrece el consumo al mismo tiempo que cae la actividad económica. Como corolario, los vencimientos de deuda del segundo semestre, sumado a que el ingreso de dólares disminuirá ya que la liquidación de la cosecha finalizó, configura un cuadro muy delicado para las reservas del Banco Central en lo que resta del año. Todos estos elementos constituyen un caldo de cultivo propicio para que proliferen los conflictos.

Como era de esperar, el gobierno no incluyó dentro de sus declaraciones sobre “la conflictividad social” ninguna propuesta para satisfacer las demandas de quienes ganan las calles, solo se limitó a atacar los reclamos. En esta ocasión, el kirchnerismo, como lo ha hecho en numerosas oportunidades a lo largo todos sus gobiernos, decidió echar mano de un macartismo desembozado demostrando, una vez más, su naturaleza antiobrera y contraria a los intereses de las mayorías. No obstante, por más que se esfuerce en desprestigiar a quienes pelean por sus condiciones de vida no puede “tapar el sol con la mano”, dado que la magnitud de catástrofe social a la que asistimos salta a la vista.

En un acto de extremo cinismo, desde el gobierno insistieron en la idea de que “es normal que en momentos de campaña electoral aparezcan reclamos puntuales y aquellos que se aprovechan de la circunstancia aunque no hay que tener temor por eso”; esto último resulta llamativo ya que pareciera confirmar el refrán “dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces”. Es evidente que el principal temor del gabinete oficial es la posibilidad latente de un estallido social, más en un contexto latinoamericano atravesado por rebeliones populares. El gobierno toma nota del creciente malestar en el humor social de los sectores más golpeados y cómo avanza la influencia del movimiento piquetero combativo (nucleado en el Frente de Lucha) en los barrios pobres del territorio nacional, desafiando la “malla de contención” que significan las organizaciones sociales integradas al Frente de Todos.

Esta preocupación, sumado a la cercanía de proceso electoral y la caída del oficialismo en las encuestas, es la razón por la cual el gobierno ha “echado lastre” en el último tiempo. Sin embargo, medidas tales como el bono de $5.000 a los jubilados o el aguinaldo de $6.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo no alcanzan para maquillar el ascenso del hambre y la miseria al cual se ve condenado el pueblo trabajador. A su vez, lo modesto de las iniciativas muestra que lo que prima es el ajuste.

En esa línea, desde el gobierno afirmaron que “el malestar social y los niveles de pobreza están contenidos con la ayuda social y los planes que depara el ministerio que lidera Daniel Arroyo y otras dependencias del Estado”. Por un lado, vale destacar la impostura del planteo de que un programa social – al cual accede una cantidad ínfima de personas y cuyo monto no supera los $14.000- revierte la situación de pobreza. Pero lo central es que el interlocutor aquí es evidentemente la clase capitalista, la cual le reconoce a Alberto Fernández el “mérito” de que a pesar de haber encabezado un ataque en regla hacia los trabajadores, ha logrado evitar que se produjera un proceso de lucha generalizada del movimiento obrero. Quienes han garantizado la “ofrenda” de la contención han sido las burocracias sindicales de todas las vertientes y las organizaciones sociales agrupadas en el Triunvirato Cayetano.

Por lo tanto, en este escenario convulsivo, el gobierno busca tranquilizar a los capitalistas en función de revalidar su respaldo, sobre todo en un año electoral. Para ello realiza un pronóstico que carece de sustento, el cual se asemeja más a una “carta de intención” que a una lectura seria de la realidad. Sucede que, mal que le pese a Alberto Fernández, la asistencia social que pueda otorgar el “ministerio que lidera Arroyo” no despeja del horizonte la posibilidad de una irrupción popular en Argentina, donde el pueblo acumula décadas de agravios por parte de sus gobernantes y las necesidades que se arrastran son muy profundas.

Como se ve, el gobierno reniega de lo inevitable: el camino hacia las elecciones estará signado por los choques sociales, fruto de sus políticas hambreadoras. Las y los luchadores tenemos la tarea de intervenir con un programa propio para conquistar nuestras reivindicaciones y lograr una salida a la crisis desde el punto de vista de las mayorías.