En una recorrida por los medios oficialistas, el representante de la Unasur en Haití, el argentino Rodolfo Mattarollo, se despachó con una reivindicación encendida de la ocupación militar de ese país, de la que participan activamente las tropas argentinas. En Tiempo Argentino, la calificó como "un legado de Néstor Kirchner" (16/1), como si esa paternidad fuera un sello de antiimperialismo. Cuatro días antes, un artículo suyo en Página/12 se titulaba "Unasur, una presencia amiga en Haití”. Para justificar la continuidad de la ocupación y los grandes negocios capitalistas ligados a la "construcción/reconstrucción" de Haití, le endilga un "enigmático futuro político (a) la única revolución antiesclavista que conoce la historia del mundo y la primera república independiente de nuestra América".

Mattarollo describe la tragedia del terremoto de 2008, para ocultar los crímenes perpetrados por las fuerzas de ocupación antes del mismo. El terremoto, al fin y al cabo, fue una excusa más para profundizar la invasión extranjera. Las fuerzas armadas de ocupación están abocadas a la inteligencia y represión internas -expresamente prohibidas por la legislación argentina. Se entrenan allí para futuras operaciones locales, que ahora se encuadrarían en la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Para la "construcción/reconstrucción" de Haití, Bill Clinton le pidió hace unos años una "ayuda" a los grandes capitalistas reunidos en el Foro de Davos, no sin antes avivarlos de las "muy buenas condiciones económicas para la inversión, como por ejemplo muy bajos impuestos para exportar" (además de los salarios más bajos del mundo, sin beneficios sociales ni derechos sindicales). La ocupación militar garantizó, además, la privatización de la cementera y la productora de harina estatal (hoy Haití debe importar estos productos). Se privatizó la compañía telefónica, echando a 3.000 trabajadores. En cambio, ahora el país produce textiles, zapatillas y pelotitas de golf para la exportación, en empresas que no pagan impuestos.

Actualmente, hay en Haití unos 18.000 soldados estadounidenses y otros 12.000 soldados y policías de la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, creada por el Consejo de Seguridad el 30 de abril de 2004).

Con el dinero que gastan los cascos azules en un año se podrían construir 70.000 viviendas.

Lejos de una iniciativa latinoamericanista, el propio embajador argentino en el país centroamericano, José María Vázquez, recordó que en 2004 la Minustah nació por "un pedido de Estados Unidos a Brasil, después a Chile y luego a la Argentina para que colaboraran en este problema de Haití' -porque "Estados Unidos no podía, en aquel momento, incorporar un nuevo objetivo de presencia militar después de su ingreso en Afganistán e Irak". La Minustah fue impulsada por Estados Unidos, después de que la administración de Bush orquestara un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide. WikiLeaks reveló que la ex embajadora de Estados Unidos en Haití, Janet Sanderson, consideraba la Minustah como "una herramienta indispensable en la realización de los intereses políticos primordiales [del gobierno de Estados Unidos] en Haití", especialmente ante "el contexto actual de nuestros compromisos militares en otras partes". El "compromiso regional coordinado entre América Latina en Haití no sería posible sin el amparo de la ONU", el cual "ayuda a otros donantes importantes -dirigido por Canadá y seguido por la Unión Europea, Francia, España, Japón y otros países- para justificar su cooperación bilateral domésticamente". Sanderson concluye: "Sin una fuerza de estabilización autorizada por la ONU, recibiríamos mucho menos ayuda de nuestros socios hemisféricos y europeos en la gestión de Haití".

Lejos de una "tropa humanitaria", la Minustah ha utilizado indiscriminadamente la violencia en zonas urbanas densamente pobladas, matando a docenas de civiles durante sus ataques. Usando como pretexto la proliferación de delincuentes armados, la Minustah realizó verdaderas masacres en Cité Soleil, el barrio más pobre de Puerto Príncipe y bastión de los partidarios de Aristide, el 6 de julio de 2005 y los días 16, 22 y 28 de diciembre de 2006. Las tropas de la ONU reciben una amplia inmunidad para los delitos cometidos en Haití y sólo son expuestas a ser enjuiciadas en sus países de origen.

A la persecución, el asesinato de activistas y la represión interna, debe sumársele la complicidad en el robo de niños, las adopciones ilegales e incluso el tráfico de órganos de niños, lo que ha sido denunciado ampliamente por decenas de organizaciones de derechos humanos. Otro delito lo constituyen las violaciones sexuales, una constante en las denuncias contra las fuerzas ocupantes, públicamente conocidas a partir de la de un joven haitiano de 18 años en manos de cinco soldados uruguayos.

Del mismo modo que los ejercicios militares conjuntos con el Pentágono en el Canal de Panamá y la reciente sanción de la Ley Antiterrorista, el envío de tropas a Haití es una muestra del carácter semicolonial del kirchnerismo.