Mediante un decreto, el gobierno nacional fijó el salario mínimo en $180.000 para febrero y en $202.800 para marzo, en un contexto en el que la canasta básica familiar medida por la Junta Interna de ATE Indec asciende a casi un millón de pesos. Ha consolidado su derrumbe. Milei y sus secuaces están en pie de guerra contra la clase obrera.

La suba es de un 30%, porcentaje que se encuentra muy por debajo del índice de inflación del periodo diciembre-enero y también de las líneas de pobreza ($596.823) e indigencia ($285.561) de enero medidas por el Indec. Esto impacta sobre varios sectores de trabajadores: por ejemplo, el salario mínimo es utilizado como referencia por las patronales que emplean trabajadores en condiciones de informalidad para pagar los salarios, y también determina el monto del Potenciar Trabajo –equivale a la mitad del Smvm–, que pasaría de $78.000 a $101.000.

El anuncio llegó luego de que se frustrara la reunión del Consejo del Salario; esto, fundamentalmente porque el gobierno rechazó, al igual que la UIA y la Came, la propuesta de la central obrera de un 85% de aumento. En estas cámaras patronales están nucleados los capitalistas que se benefician de la devaluación del peso y hacen lobby para destruir los convenios colectivos de trabajo, un planteo del cual se hicieron eco desde Milei, pasando por Martín Tetaz, hasta Cristina Kirchner.

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La CGT emitió un comunicado en el que denuncia a las patronales y al gobierno por hacer naufragar la negociación. “Todo esto no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”. Pero la propuesta de la CGT implicaba llevar el salario mínimo a $288.000… ¿no es también la burocracia sindical ajena a la crisis social y a los problemas más elementales de la clase trabajadora?

Los dirigentes de la central obrera no han movido un solo dedo para levantar los reclamos de los trabajadores. En cambio, mientras tenía lugar el Consejo, organizaciones piqueteras y sindicatos combativos se congregaron frente a la sede del Ministerio de Trabajo para pedir un salario mínimo de $600.000.

Con sus medidas el gobierno nacional solo contribuye a que la bancarrota social, que quedó retratada en el último informe de la UCA que señala que la pobreza escaló a casi un 60%, se agudice. Este intento de zarpazo contra el salario mínimo se suma a los ataques que el gobierno está desarrollando contra el salario de los docentes y los estatales. Y, más en general, forma parte de la ofensiva que la clase capitalista toda está desenvolviendo contra los trabajadores en aras de recomponer su tasa de beneficio.

La licuación de los ingresos de los trabajadores es una política utilizada por el gobierno para reducir el déficit fiscal y poner a tono las cuentas públicas con las exigencias del FMI y los acreedores internacionales. Milei es un representante de los grandes fondos de inversión y pretende satisfacer sus intereses llevando adelante una política de masacre social.

Los trabajadores debemos organizarnos y pelear por un aumento salarial equivalente al costo de la canasta familiar.

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