Alberto Fernández presentó su decreto que congela las tarifas de las empresas de telefonía móvil y fija, internet y televisión por cable y digital, que los declara además como servicios públicos, como una medida que garantizará el acceso universal a las telecomunicaciones.

Es por lo menos exagerado, ya que el hecho de congelar las tarifas en el nivel actual, como veremos, no garantiza nada. Es lo que se puso de manifiesto en los efectos desastrosos de la virtualización educativa, que dejó afuera a una altísima proporción de estudiantes por carecer de dispositivos y conectividad. Para ofrecer a la población trabajadora el derecho a la comunicación habría que empezar, por supuesto, por dejar de fomentar los recortes salariales y las suspensiones y avalar los despidos en masa. La brecha digital no es más que otra manifestación de la pauperización social creciente. La fijación de una tarifa básica universal, que ponga un techo al carísimo servicio que pagan los de menor poder adquisitivo mediante abonos prepagos, no ataca la esencia del problema.

El gobierno frenó con la medida el aumento de hasta el 15% que habían anunciado las empresas de telecomunicaciones desde el 31 de agosto, ya que prorroga el congelamiento decretado a partir de abril. Sin embargo, previo a aquella disposición -es decir justo antes del inicio de la cuarentena-, las patronales aplicaron incrementos del 17% en todos sus planes, lo cual les permitió jugosas ganancias gracias a que “en las primeras semanas de aislamiento el pico de consumo de datos creció hasta 60% en los hogares” (La Nación, 21/8), a lo que debe sumarse un mayor consumo de compañías y del Estado.

Según la misma fuente, luego la demanda se estabilizó en un 35% más que en marzo del año anterior. La “estabilidad de los negocios” había llevado al CEO de Telecom a informar que la empresa invertiría este año más de los previsto en Argentina (aunque es cierto que las previsiones eran muy bajas), impulsada por una mayor ganancia neta por explotación, es decir gracias a la mayor “eficiencia” que le reportó la flexibilización laboral de sus trabajadores a partir del establecimiento masivo del teletrabajo. Sobre las condiciones laborales y la defensa de los convenios colectivos de trabajo, nada dice el decreto que faculta al Enacom a regular las tarifas del sector.

Lo que preocupa en el gobierno es la intención de las empresas de que los precios de los servicios que brindan acompañen la devaluación del peso. Esto en un contexto en el cual cada vez registra una mayor presión sobre el tipo de cambio. La devaluación es una medida elemental para fomentar las exportaciones con las que espera recolectar los dólares necesarios para el repago de la deuda externa, pero el temor a que ello desate una espiral hiperinflacionaria genera fuertes dolores de cabeza entre los funcionarios.

La inclusión de las telecomunicaciones dentro de los servicios públicos, entonces, no tiene nada que ver con “garantizar un derecho humano”, sino con evitar que se desmadre una aceleración inflacionaria impulsada por los tarifazos y el aumento de los combustibles, lo que pondría en crisis todo el esquema de congelamiento de las paritarias y de acuerdos salariales ruinosos. El naftazo y el anuncio Plan Gas son la señal de largada de una política que descargará en los usuarios todo el peso de los subsidios al sistema energético. La regulación estatal no es entonces una garantía para el acceso universal a los servicios sino el intento de coordinar un cuadro de confiscaciones crecientes sobre los consumidores.

Justamente porque la recesión y la inflación, con el consecuente desplome del poder adquisitivo de la gente, ponía un límite a la capacidad de seguir aumentando los precios, la consultora Moody’s había pronosticado recientemente un peor escenario de rendimientos de las telecomunicaciones en América Latina a pesar del boom de consumo por el aislamiento social (Ámbito Financiero, 7/8), ya que estima que serán necesarias mayores inversiones de capital que en 2021 para sostener el servicio. En este punto sensible se centra ahora el rechazo de las patronales al decreto oficial, las cuales han salido unánimemente a asegurar que el efecto inmediato de esta medida será la parálisis completa de las inversiones.

Los pulpos de las telecomunicaciones amenazan además con recurrir a la Justicia. No es un tema menor, ya que nuevas demandas en el Ciadi (el tribunal internacional del Banco Mundial) entorpecerían el afán prioritario del gobierno en mejorar la situación con el capital financiero a partir del acuerdo con los bonistas y el FMI. Habrá que ver hasta donde llega la disputa. Lo cierto es que son grandes jugadores, gracias a la concentración empresaria -cuyo último exponente es la fusión Telecom-Cablevisión- que resultó de la habilitación del triple play (telefonía, internet y televisión) de la Ley de Medios del kirchnerismo, la misma que ahora es presentada nuevamente como si fuera la garantía para el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Al “tarifazo regulado”, los trabajadores debemos oponerle el reclamo por la nacionalización del estratégico rubro de las telecomunicaciones, bajo control de sus trabajadores y usuarios, que permita poner fin a la avanzada tercerizadora y vaciadora de multinacionales y sus asociaciones con pulpos criollos (como el Grupo Clarín) y garantizar realmente un acceso de las población trabajadora a la “era de la comunicación”.

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