Políticas
14/3/2025
DIPUTADOS
Emergencia por Bahía Blanca: impidieron el debate del proyecto del FIT-U
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Congreso.
La sesión de este miércoles 12, convocada por Pichetto y el bloque radical de Democracia Para Siempre para tratar proyectos de interpelación al gobierno por la estafa del criptogate (excluyendo deliberadamente los pedidos de juicio político a Milei), finalmente incluyó en su temario la emergencia de Bahía Blanca, la única ley que se pudo aprobar alcanzando la media sanción y respondiendo a un reclamo muy sentido de la población bahiense. Se trata de algo que casi nunca sucede en este Congreso y que, paradójicamente, ocurrió mientras en las afueras se montaba uno de los operativos represivos más salvajes y criminales de los últimos tiempos.
El tema de la emergencia para Bahía Blanca venía siendo fuertemente promocionado porque Tolosa Paz presentó su proyecto de ley con firmas de todos los bloques, incluido el PRO, con excepción de La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda -que presentó su propio proyecto y no acompañó el del kicillofismo, corresponsable de la crítica situación que se vive en un distrito de la provincia que gobierna.
El fuerte respaldo al proyecto de Tolosa Paz hizo que reúna los 2/3 necesarios para habilitar el tratamiento de un proyecto que no contaba con dictamen de comisión -una suerte que no corrieron los proyectos por la criptoestafa, cuyo tratamiento fue rechazado.
En la votación para incorporar a tratamiento todos los proyectos de emergencia existentes, La Libertad Avanza y el PRO, luego de lograr que se incluya el proyecto de Espert al tratamiento, bloquearon la integración del proyecto del Frente de Izquierda, negando los votos necesarios para que se alcance la mayoría especial de 2/3 requerida.
Esta maniobra no es casual ya que existen importantes diferencias entre el proyecto “de consenso”, votado por unanimidad, y el del FIT-U, que por supuesto también votó a favor de la declaración de Emergencia pero marcando sus enormes límites.
Mientras el proyecto aprobado declara la emergencia por el término de 90 días, el del FIT-U declara una emergencia dirigida a “paliar las consecuencias del temporal sobre todas las familias priorizando a los sectores más vulnerados hasta concluir con la atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación” porque no existe posibilidad alguna de resolver una catástrofe de semejante magnitud en ese acotado lapso de tiempo.
El eje del proyecto de consenso pone énfasis en “la protección de las actividades productivas locales” (léase los bienes capitalistas afectados) y sobre las “obras públicas urgentes, tales como la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones previo estudio técnico que permita establecer la asignación eficiente de los fondos”. En cambio, en su articulo 3° el proyecto del FIT-U establece que el Poder Ejecutivo destinará todos los fondos que sean necesarios hasta garantizar agua potable, alimentos, vestimenta, abrigo, alojamiento, atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades de las familias damnificadas. Con todo el personal que sea necesario, con garantías salariales y estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad, recursos y herramientas.
Además, nuestro proyecto planteaba la creación de un Comité de Emergencia integrado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas de la emergencia, equipos técnicos, profesionales, personal especializados de las universidades públicas, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.
En su artículo 5, prohíbe el cambio en el uso del territorio afectado para evitar el carancheo del capital inmobiliario y establece, en caso de no ser suficientes los fondos, un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de empresarios, multinacionales y la suspensión del pago de la fraudulenta deuda externa para obtenerlos.
Adicionalmente, garantiza a las personas damnificadas, sean trabajadores del sector público o privado, licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produjo la inundación y hasta tanto se normalice la situación. Prohíbe los despidos (art. 8) y crea un subsidio a los damnificados equivalente al daño y/o las pérdidas ocasionadas para asistir a personas asociaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, consorcios de edificios, clubes y comercios afectados.
El proyecto votado, que deberá tratar el Senado para convertirse en ley, faculta al Ejecutivo a adoptar medidas financieras especiales que brinden apoyo directo a las economías regionales a través de líneas de crédito para la reparación de viviendas, o sea endeudando aún más a las familias trabajadoras, y suspende solo por 90 días la ejecución de deudas, el pago de impuestos y prorroga los vencimientos en las zonas afectadas. En cambio, el proyecto del FIT-U establecía “la reconstrucción de los hogares, bienes e infraestructura pública o personal afectada, sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados”.
En su intervención, Vanina Biasi, diputada del FIT-U, denunció la represión que se desataba en esos momentos: “10.000 millones de pesos (a Bahía Blanca) es lo que sale el operativo con el que están reprimiendo acá afuera a los concurrentes que vinieron a defender a los jubilados. Dejen de gastar guita para pegarle a los jubilados y denle a los vecinos y vecinas de Bahía Blanca la plata que corresponde para indemnizarlos para que tengan los subsidios que merecen y para reconstruir la ciudad como corresponde”. Y reclamó que “el Estado responda por lo que no hizo en los últimos 20 años”.
La diputada del Partido Obrero no pudo ejercer su derecho a votar en el recinto porque fue impedida de ingresar por un cordón policial cuando retornaba de las calles convulsionadas por la feroz andanada represiva tras solidarizarse con las víctimas de Bullrich y Milei, motivo por el cual acaba de presentar una denuncia penal.
