La tarifa de electricidad para usuarios residenciales, comercios e industrias del AMBA aumentarán hasta un 30% a partir de noviembre, publicado hoy en el Boletín Oficial. Cuando el índice de inflación de octubre promete continuar en niveles récord, el gobierno que promete “precios justos”, es el primero en echarle leña al fuego inflacionario.

Más de 5,5 millones de hogares y comercios de todo el país empezarán a recibir las facturas de luz con aumentos a raíz de una quita del 20 por ciento de los subsidios a las tarifas, en lo que será la segunda fase de la segmentación que también regirá para 3,7 millones de suministros de gas. Este aumentazo constituye un 20%, para quienes no se hayan anotado al RASE para mantener sus subsidios, quienes se encuentren dentro del segmento social de ingresos altos y edificios de demanda general: comercios, edificios, hospitales, clubes, colegios, etc. Actividades muy demandantes de energía como las clínicas y sanatorios también se verían alcanzadas por el aumento de las tarifas. En el caso de los privados se espera un traslado directo al costo de la cuota mensual que se sumará al aumento bimestral de hasta 11,34% que autorizó el gobierno para las prepagas a partir de agosto.

Casi medio millón de hogares que se anotaron para mantener el subsidio los perderán gradualmente. Los hogares de ingresos medios que perciben entre 130.000 y 450.000 pesos por mes son los más afectados: sufrirán un aumento estimado en 42 por ciento este año (entre el ajuste que ya recibieron en el primer trimestre y el nuevo), y más de medio millón mantendrán la asistencia.

La segmentación es utilizada así como un mecanismo del gobierno para aplicar nuevos tarifazos en el futuro. El documento del Fondo Monetario, tras dar por aprobado el examen que rindió Massa en Washington y habilitar un nuevo desembolso en el mes de octubre, advierte que el gobierno debe avanzar en una “implementación más decisiva del programa” señalando que “para los usuarios que continúan subsidiados, los aumentos en el precio de la energía podrían vincularse a los costos en lugar de a los salarios”, y reclama “topes de consumo menos generosos” para los consumidores de ingresos medios, e incluso fijar uno para los de ingresos bajos.

La habilitación de nuevos tarifazos se suma a lo concedido a las empresas transportadoras de energía y de las distribuidoras como Edesur, Edenor y las provinciales, las cuales ya tienen convocadas para el 30 de noviembre las audiencias públicas necesarias para proceder a subas en otro de los componentes del servicio eléctrico.

La inflación entonces va a continuar por la propia política del gobierno el cual, en lugar de abrir los libros de las empresas para evaluar los ingresos y los costos, ahora impulsa un programa para “congelar” precios por 90 días a partir de diciembre, lo que incentiva a que las empresas que se adhieran al acuerdo apliquen aumentazos en noviembre para poder remarcar los precios previo al congelamiento. Como en el sector de las naftas, donde las empresas de consumo masivo que iban a adherirse al programa “Precios Justos” presentaron una lista de precios donde los triplican previo al congelamiento.

Necesitamos avanzar en la apertura de los libros de las patronales, para conocer los costos energéticos reales, y nacionalización sin pago de toda la cadena energética para garantizar el servicio y el cuidado de los bolsillos de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/el-naftazo-en-medio-de-la-pulseada-por-los-precios