La designación del procurador general de la Nación se convirtió en un laberinto del cual aún no saben cómo y en qué condiciones se va a salir.

El tema no es menor. El procurador general es el titular del Ministerio Público Fiscal cuya función principal es “fijar la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública”, es decir, algo así como el jefe de los fiscales.

O sea, el que tenga el control sobre el Ministerio (teniendo al procurador de su lado) puede intervenir en los procesos judiciales de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.

Es por ello que hay una lucha feroz por quién va a ser el nuevo procurador y cómo se lo elige. El cargo hoy está, interinamente, en manos de Eduardo Casal.

Esa lucha está ligada a intereses de camarillas. Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el control del Senado, pretende que el nuevo procurador responda íntegramente a la necesidad de congelar y  frenar las causas judiciales en las cuales aparecen imputados ella y parte de los funcionarios de su gobierno. Muchas de esas causas están avanzadas y con pronóstico de condena.

Por el lado de la oposición pasa algo similar con Macri y parte de sus colaboradores. Lo que indica desde ya que la justicia juega un rol clave en el proceso político. Un fallo, un fiscal, una causa pueden plantear un reacomodamiento de los elencos de las principales fuerzas políticas. La disputa se da en el marco de una pelea de conjunto por el control del aparato judicial.

El conflicto

Hoy está centrado en cómo se elige el nuevo procurador, el “titular”. De acuerdo a la ley 27.148, votada a mediados de 2015, el procurador general debe ser elegido por el Senado con los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría ponderada. A su vez se trata de un cargo vitalicio (hasta los 75 años), como todos los jueces y fiscales, y por supuesto los miembros de la Corte Suprema.

La necesidad de que surja de un acuerdo que comprometa al PJ, al kirchnerismo y a Cambiemos es lo que ha estado trabando el reemplazo de Casal.

Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas para ocupar ese puesto, pero la designación de Rafecas está siendo resistida por CFK ya que sería el resultado de un consenso que le quitaría la parcialidad que la vicepresidenta está buscando. Rafecas pasó a ser sostenido por el sector “dialoguista” del Pro y de Cambiemos con Carrió a la cabeza, lo cual aceleró el rechazo de Cristina.

El kirchnerismo atacó en el Senado con un proyecto de modificación de la ley de Ministerio Público para cambiar el mecanismo de elección, eliminando una mayoría ponderada para hacerlo por una simple (la mitad más uno de los votos). A su vez en el proyecto se plantea eliminar el carácter vitalicio del procurador, pasaría a ser un período limitado de 5 años con posibilidades de una reelección. Lo que implicaría una cierta morigeración del poder del procurador pero que también lo deja más comprometido con la camarilla que lo puso. La elección siempre quedaría en manos del partido que controle el Senado. Todo muy lejos de la intervención directa del electorado.

Esta división en relación a los métodos de elección no responde a un problema de principios. Durante el gobierno de Macri, el oficialismo presentó un proyecto similar al que ahora presentaron los K en cuanto a cómo elegir al procurador, el kirchnerismo lo rechazó y no llegó a tratarse ya que no había posibilidades de que se apruebe. Los lugares y posiciones se dieron vuelta en cuestión de meses de acuerdo a conveniencias circunstanciales.

La pelea por el procurador atraviesa a la coalición de gobierno y también a la oposición. CFK considera que AF no hace lo que necesita para preservarla de fallos adversos, y considera que al sostener a Rafecas atenta contra un compromiso que habían forjado cuando armaron la fórmula presidencial. AF a su vez declaró que apoya la propuesta de modificación del kirchnerismo en el método de elección aunque esto significa perder a Rafecas como candidato ya que este solo aceptaría si hay un consenso de todas las fuerzas políticas. Lo cierto es que la aprobación en Diputados del proyecto obligaría a negociaciones con Massa y los gobernadores. Como se ve un laberinto que puede provocar cimbronazos políticos de final incierto.

La manipulación contra los trabajadores

Como se puede apreciar no estamos ante una grieta producto de divergencias de programa o de ética o de método. Es una pelea de camarillas por el control de una parte sustancial del aparato del Estado. Junto a la Justicia viene la ligazón con los servicios de inteligencia que son una parte sustancial de la “familia judicial”.

La pelea por el procurador ilustra la profunda manipulación de la justicia. Y esto no solo obedece a preservar a uno u otro funcionario de turno. Se trata de controlar el aparato que determina la “legalidad” de los principales actos delictivos contra el pueblo como por ejemplo los juicios laborales, los reclamos de los jubilados, las confiscaciones de los bienes públicos a favor de los privados,  el aval de quiebras fraudulenta que deja el tendal de despidos, etc. En este aspecto de fondo la pelea es por quién ejecuta esos cometidos, no en favor o en contra de ellos.

La Justicia está a la cabeza de las órdenes para reprimir las luchas populares como sucedió en Guernica, como está sucediendo en Córdoba o en Chubut.

La discusión sobre el método de elección no tiene que ver, entonces, con aportar un funcionamiento “independiente” de la justicia. Lo cual es imposible porque es un poder colocado al servicio de la defensa de los intereses capitalistas que parten de la expropiación a los trabajadores y en este momento en sostener el ajuste en el cual están todos comprometidos y es exigido por el imperialismo, vía FMI.

De votarse el tema en Diputados, desde luego no seremos parte de la posición de ninguno de los dos bloques capitalistas en disputa. Denunciaremos el contenido de la disputa. A la manipulación le oponemos la elección y revocabilidad de jueces y fiscales por el voto universal.

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