El gobierno nacional confirmó finalmente la ampliación del programa Fomentar Empleo. Como señalamos previamente, esta resolución se da en consonancia con la derogación de la doble indemnización, la prohibición de despidos y la expiración por abandono del Repro; como parte de un plan conjunto para que avance en los hechos la reforma laboral que el FMI y los capitalistas reclaman.

No es casualidad, entonces, que la presentación oficial de cada una de estas medidas se haya dado en nombre de la “reactivación económica”. A fin de cuentas, el resultado inmediato del conjunto de estas disposiciones es brindarle a las patronales mayores facilidades para despedir y para contratar bajo modalidades de trabajo precarias y flexibilizadas. Fomentar Empleo, recordemos, fue lanzado en noviembre bajo la premisa de “insertar” en el mercado laboral a las franjas de trabajadores con mayores dificultades para conseguirlo, especialmente a los jóvenes de entre 18 y 24 años, los más cruzados por el desempleo y quienes en general peores salarios perciben -ergo, los más precarizados.

El programa gubernamental ofrece “orientaciones y formaciones laborales”, donde se pagan $7.500, y “capacitaciones profesionales” en empresas, con una remuneración de $15.000. Bajo la misma fachada de la “profesionalización” que, por ejemplo, las prácticas obligatorias en las secundarias porteñas del gobierno de Larreta, el designio termina siendo ante todas las cosas una provechosa prebenda a los capitalistas: la explotación de mano de obra barata (o incluso gratis, porque el Estado puede subsidiar hasta el 100% de la retribución) bajo una precaria vía de contratación y sin la obligación de la continuidad laboral. En esencia, demuestra la orientación de un gobierno que ofrece como “salida” a la desocupación, que alcanza a millones de trabajadores en el país, la consolidación formal de la flexibilización laboral reinante; en momentos donde es récord histórico la cantidad de trabajadores ocupados bajo línea de pobreza.

Ahora, desde la Rosada anuncian que se avanzaría en la ampliación del alcance del plan hacia las otras franjas que inicialmente comprendía, más allá de los jóvenes de entre 18 y 24 años: varones de entre 45 y 60 años y mujeres de entre 29 y 60, excluyendo explícitamente entre estas a quienes hayan tenido aportes bajo el régimen laboral especial impulsado por el gobierno de CFK que separa a las precarizadas trabajadoras de casas particulares de la Ley de Trabajo, y que son las que conforman más del 20% de la masa laboral femenina bajo una informalidad que merodea el 70%.

Fomentar Empleo, no obstante, no es un elemento novedoso; sino otro de tantos programas en similar sentido, como Te Sumo o Portal Empleo. Todos obedecen, claro, a la truchada de los regímenes de “pasantías” y trabajos gratuitos, o a cambio de montos holgadamente bajo la línea de indigencia; con el común denominador de la absoluta precarización en la contratación, la labor y la desvinculación. En cada uno de ellos, además, el Estado aparece como el garante de un nutrido esquema de subsidios a las patronales, haciéndose cargo incluso de hasta la totalidad de las remuneraciones en el caso de las Pymes, quienes en general son líderes en la precarización del empleo.

Los capitostes de la burguesía nacional tuvieron a bien recibir este anuncio, como ya se expresó con la celebración del punto final a la indemnización duplicada y a la prohibición de despidos por parte de las principales cámaras patronales. Sucede que el incentivo a estos programas de empleo precarizado es la moneda de cambio que el gobierno le prometió a las empresas a cambio de dejar morir el Repro, manteniendo de igual forma el repertorio de subsidios pero empujando ahora a su turno la consolidación de la reforma laboral. Por eso festejan, bajo la misma discursiva que el propio gobierno, que esto vendría a favorecer “la creación de empleo”.

Pero hay ejemplos sobrantes, ya sea en la historia nacional, como con la Ley Banelco; o en el escenario internacional, como con la reforma laboral de Temer aprobada en 2017 en Brasil, que la avanzada patronal contra los convenios colectivos de trabajo, la flexibilización de las condiciones laborales y las facilidades para contratar bajo modalidades pasajeras y despedir libremente no revierten la desocupación, sino que la profundizan. Y que su objetivo último es maximizar la rentabilidad empresarial con una mayor sobreexplotación de los trabajadores ocupados.

En esencia, el gobierno se dispone a seguir avanzando con la agenda que dicta el FMI, y que tiene como una de sus condiciones excluyentes estas reformas antiobreras reclamadas a viva voz por todos los sectores capitalistas. Debemos dar la pelea contra la reforma laboral y contra el falso pretexto de que vendría a “generar puestos de trabajo”, oponiéndole un verdadero programa, en las antípodas, de creación de empleo genuino: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el resguardo de todos los derechos laborales adquiridos, la defensa incondicional de los convenios colectivos de trabajo, el pase a planta permanente de todos los precarizados, una prohibición efectiva de los despidos y las suspensiones y el aumento del salario mínimo al coste de la canasta básica familiar. Es decir, en la vereda contraria al régimen del Fondo Monetario: un horizonte de transformación social del país sobre nuevas bases sociales.

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