Entre los anuncios con los que el gobierno busca presentar un “relanzamiento” después del derrumbe electoral se encuentra una suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que grava a los salarios.

El anuncio es en realidad una confesión de que la ley votada en abril, al fijar una actualización anual para enero cuando la inflación corre a un ritmo del 50%, irremediablemente iba a volver a confiscar a los asalariados que se eximía entonces. Gracias a ello, en agosto la recaudación por ese tributo le ganó por 14,4 puntos al índice de suba de precios. Son más de dos millones de trabajadores los que de forma permanente o intermitente (con cada paritaria) quedan alcanzados. Tal vez sea el fraude más grande de todos, porque Alberto Fernández lo celebra como una prueba de que escuchó el mensaje de las Paso, cuando la suba del mínimo ya estaba prevista desde antes de la votación.

El piso a partir del cual los salarios comienzan a tributar Ganancias se elevará de 150.000 a 175.000 pesos, sobre los ingresos brutos, es decir que empezarán a pagar los sueldos netos desde 145.000 pesos. Es decir que hasta el año que viene toda la suba desde abril será de apenas un 16,5%, en torno a la mitad de la dinámica inflacionaria. Para colmo, la actualización de enero de 2022 se calculará sobre la base de los salarios de enero de 2021, con la fórmula Ripte que mide la variación salarial que viene perdiendo sostenidamente contra los precios.

La confiscación era tal que aquellos que por los aumentos paritarios cruzaban el umbral del mínimo no imponible podían perder hasta un 72% de su incremento salarial neto, según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en el caso de pasar a un ingreso bruto de 170.000 pesos para solteros sin hijos. Esta confiscación se efectúa sobre remuneraciones no bien alcanzan a cubrir las necesidades elementales, si consideramos que la línea de pobreza medida por el Indec no contempla gastos como el pago de un alquiler.

Peor es la situación de los trabajadores autónomos, figura dentro de la cual se engloban contingentes enteros de precarizados y las patronales evaden la relación de dependencia, quienes en agosto debieron pagar Ganancias incluso antes de alcanzar la canasta básica estimada por el Indec. El mínimo no imponible de 68.085 pesos quedó directamente por debajo de la línea de pobreza fijada en 68.360 pesos.

El gobierno del Frente de Todos, en medio de la ofensiva cristinista que derivó en un gabinete más derechista, reafirma así que el operativo relanzamiento no saca los pies del plato del ajuste, porque toda la orientación sigue siendo arribar a un acuerdo con el FMI. Ello implica el sostén de un esquema impositivo regresivo, que grava a millones de salariados con Ganancias y a todos los consumidores con el IVA, mientras se tienta a los pulpos petroleros o agroindustriales con regímenes excepcionales de exenciones impositivas.

Las patas cortas de toda la pantomima de un gobierno que escucha el cachetazo que le dio la población en la urnas quedaron palpablemente en evidencia mientras se escribía este artículo, cuando decenas de miles de desocupados ganaron las calles en todo el país convocados por la Unidad Piquetera, desnudando la farsa oficial en torno a un aumento del salario mínimo que lo dejará para fin de año otra vez debajo de la línea de indigencia.

La eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, para eximir la remuneración salarial de un gravamen que debería afectar realmente la renta capitalista, solo es levantada por el Frente de Izquierda Unidad. Actualmente tiene estado parlamentario en el Congreso un proyecto de Romina Del Plá en ese sentido. El movimiento obrero que ha combatido esta confiscación tiene en el desarrollo del FIT-U un reforzamiento de su propia pelea.

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