El gobierno nacional volvió a reunirse con las patronales de la cadena de producción de alimentos, en el marco de la convocatoria a mesas sectoriales con la intención de contener la disparada de los precios. Más allá del pedido de que presenten informes ante la Secretaría de Comercio por las siderales subas, no se anuncia medida alguna en beneficio del bolsillo popular. Estos encuentros sí son, en cambio, el terreno en el que las empresas presionan por incentivos y por una reforma laboral.

Después de un 2020 en que la canasta alimentaria subió casi 10 puntos por encima de la inflación general, entre enero y febrero los precios de los alimentos treparon más de un 9% promedio (la encuesta de Consumidores Libres identificó que en febrero subieron 4,4%). Es decir que en los dos primeros meses del año ya se registró un tercio de lo que la pauta oficial establece para todo el año. El gobierno hizo esta convocatoria al empresariado de los distintos eslabones de la cadena de valor con el anhelo de lograr el compromiso de que colaborarán para contener la carestía, la cual amenaza con volar por los aires la precaria pax cambiaria y torpedear el operativo para poner un techo del 29% a las paritarias.

Como en la primera cita las alimenticias responsabilizaron a los proveedores por el encarecimiento de los insumos, en la segunda reunión que se llevó a cabo el miércoles 3 de marzo se puso el foco en los productores de agroquímicos y fertilizantes -que el año pasado aumentaron hasta un 60% en dólares según los funcionarios- y en la producción de envases -donde se registraron denuncias de desabastecimiento y especulación por parte del pulpo Rigolleau que domina el rubro. A pesar de ello no se resolvió nada concreto, y los empresarios se mostraron conformes con el diálogo.

Es que como sucede con la presunta “imputación” que hizo Comercio a una decena de grandes empresas por incumplir los términos del programa Precios Máximos y retacear productos de primera necesidad, o con las amenazas de subir retenciones o fijar un tope a la exportación de las materias primas como maíz y trigo por el impacto del alza de los precios internacionales, el gobierno ladra pero no muerde.

Es por ello que estos encuentros son el escenario donde desfilan los reclamos patronales. En primer lugar, fue flexibilizado Precios Máximos y comenzaron a retirar productos del listado. Otro punto que genera quejas es el de los costos logísticos, cuando los combustibles registran subas permanentes que ya acumulan 11% en lo que va de 2021; probablemente esperen alguna compensación oficial.

Pero lo más grave es que uno de los cinco ejes de trabajo delineados por los funcionarios es la mejora de la productividad, relacionada con la negociación salarial. Ese es el motivo por el cual participan las conducciones de los sindicatos del sector, de cara a la paritaria. Así, las mesas sectoriales para fijar acuerdos de precios y salarios se configuran en el lugar para avanzar en una reforma laboral por gremio. Probablemente de ello hablaba el ministro Matías Kulfas cuando afirmó que “tenemos que ir hacia un sendero de recuperación de los márgenes de la industria alimenticia, sin que sea a costa de los consumidores y consumidoras”. Sin embargo, estos últimos también pierden.

Un aspecto que ponen sobre la mesa los capitalistas y que deja en off side al gobierno es la cuestión impositiva sobre estos productos de consumo popular. Ni bien asumió, Alberto Fernández repuso el IVA en los alimentos, el impuesto más regresivo porque grava al consumidor y salvo contados artículos es del 21%. Podemos sumar a ello que el Consenso Fiscal firmado con los gobernadores en diciembre habilita a estos a aumentar los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos que también se traslada a los precios. El ajuste para achicar el déficit fiscal, parte de las exigencias del FMI, también impacta entonces en la carestía. No hay intención oficial de tocar esos gravámenes (que por otro lado les condonan a los capitalistas con la moratoria).

Lo que evidencian las gestiones -hasta el momento infructuosas- del gobierno nacional por contener la inflación es que la orientación fondomonetarista del gobierno pasa la factura de la crisis a las familias trabajadoras. Por eso no puede dar cuerpo a su premisa de recomponer el consumo para reactivar la economía. Mientras, sigue emitiendo pesos que recalientan la inflación, porque los intereses de las Leliq y pases del Banco Central sumaron en el bimestre 150.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la apuesta agroexportadora para recaudar las divisas para el repago de la deuda es también gravosa contra el pueblo, porque traslada a los precios internos la cotización internacional de las materias primas. El tarifazo en los servicios suma otro factor de presión.

Un abordaje real de los precios de los alimentos debe partir de la apertura de los libros al control obrero en toda la cadena de valor, desde la provisión de insumos a la comercialización, lo que permitiría demostrar que el problema radica en el costo empresario -con la consecuente especulación en los distintos eslabones- y no en el costo laboral. Ello se contrapone por el vértice a una política económica dirigida a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y debería complementarse con una nacionalización del comercio exterior y el repudio de la deuda externa usuraria.

Este programa requiere de la intervención de la clase obrera. El plan de lucha nacional que iniciaron hoy las organizaciones piqueteras, votado en un imponente plenario de 3.000 delegados de todo el país, marca la urgencia de esta pelea y la necesidad de medidas de emergencia ante la carestía, como la entrega de mercadería a los comedores populares y un seguro al desocupado de 50.000 pesos.

https://prensaobrera.com/politicas/todos-los-caminos-conducen-al-fmi/