El informe fiscal del Ministerio de Economía del mes de noviembre arroja un déficit primario acumulado en once meses del 2,1% del PBI, cuando el Presupuesto 2021 preveía que fuera del 4,5% al cerrar el año. De esta manera, los números de la cartera que conduce Martín Guzmán evidencia que el ajuste dobló el objetivo, a pesar de un crecimiento de la pobreza y de una doble derrota electoral del oficialismo. Los tan celebrados “avances” en la negociación con el FMI tienen como único punto de apoyo la austeridad fiscal extra del gobierno del Frente de Todos.

En el año en que la segunda ola de coronavirus hizo estragos y cruzamos la barrera de las 100.000 muertes, en que la pobreza siguió trepando hasta superar el 40% de la población y cuando la inflación acumulada agravó la destrucción del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, el gobierno hace gala de haber logrado un resultado fiscal más “equilibrado” que en buena parte de la gestión macrista. El hundido Presupuesto 2022, diseñado en base a una inverosímil pauta inflacionaria del 33%, apuntaba a repetir la misma fórmula; veamos cuál es.

Guzmán, haciendo caso omiso de esta situación social crítica, argumenta que los buenos números exhibidos por Economía responden a una mayor recaudación, pero es una afirmación que oculta más de lo que dice. Esto porque si por ejemplo contó con ingresos extraordinarios por las retenciones debido los altos precios de exportación o por el escaso Aporte Solidario, lo cierto es que el IVA que pagamos todos los consumidores representó el 29,7%% de los ingresos tributarios, siendo el impuesto de mayor incidencia. Es una expresión de cómo la inflación opera como una transferencia de recursos de los trabajadores al Estado, no solo a los capitalistas.

Por otro lado, el informe muestra que, a pesar de la mayor recaudación -incluso de los aportes a la seguridad social (+63%)-, el gasto en prestaciones sociales perdió con la inflación interanual (49,1% contra 51,2%). Para ser concretos, significa que es gracias a que millones de jubilados tienen que vivir con un haber mínimo de indigencia de 29.000 pesos que el déficit fiscal es reducido a toda velocidad.

La propia Cristina Kirchner hizo el señalamiento del ajuste que expresaba la subejecución del déficit fiscal autorizado por la ley de Presupuesto, en su carta pública tras el cachetazo de las Paso. Con todo, ese es el rumbo que profudiza, precisamente porque la vice y el presidente ratifican que toda la orientación es acordar con el Fondo, y eso tiene como condición un ajuste del gasto público que opere como garantía de repago.

El programa fondomonetarista se basa en que Argentina pague sus deudas tomando deuda en el mercado financiero, pero para volver a tener acceso al crédito internacional es necesario que el país convenza al capital financiero de que puede cumplir con sus vencimientos (hoy la desplomada cotización de los títulos de deuda canjeados el año pasado con los bonistas descuenta con seguridad un default dentro de tres años).

Para los trabajadores, sea como fuere, todos estos “esfuerzos” no implican entonces más futuro que la perpetuidad del régimen de saqueo del país para seguir pagando una deuda pública cada vez mayor, que desde la asunción de Alberto Fernández ya creció 40.000 millones de dólares y bate récords históricos. La única salida pasa por derrotar con la movilización popular el intento de llevarnos a un pacto con el FMI y abrir un nuevo rumbo sobre la base del repudio de la deuda externa fraudulenta.

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