La presencia del ministro Martín Guzmán en el Senado para informar acerca del acuerdo con el FMI, al que se busca darle sanción este jueves tras las aprobación en la cámara baja, fue testimonial. Su figura fue indudablemente golpeada por el pacto entre el gobierno y Juntos por el Cambio para votar el nuevo préstamos del Fondo pero sin avalar el plan económico -el cual de todas maneras es un dibujo incumplible. Su exposición estuvo cruzada por el descontrol inflacionario y la pulseada abierta con el capital agrario por la suspensión de exportaciones de subproductos de la soja y la suba de retenciones que se baraja, lo cual es sintomático de la agudización de la crisis que se desprende de todo este escenario.

Las respuestas del ministro de Economía evidenciaron una total improvisación. Cuando el senador opositor y empresario rural Alfredo De Ángeli lo interpeló acerca de la posible suba de las retenciones a las exportaciones agrarias, Guzmán se limitó a responder que no habrá aumentos en el gravamen de los granos (trigo, maíz, poroto de soja) sin referirse a qué va a pasar con el aceite y harina de soja, que son los dos principales productos agroindustriales de exportación y cuya comercialización fue suspendida. Lo único que atinó a decir es que antes del fin de semana anunciarían una serie de medidas para atenuar el impacto local de la guerra en Ucrania y la disparada de los precios de la commodities.

El desconcierto es más notorio si sumamos que una semana atrás desde Julián Domínguez hasta el camporista Wado de Pedro y Kicillof tendían lazos con la Mesa de Enlace en Expoagro, al punto que incluso un propio columnista de Clarín (la “corpo” es la organizadora del evento) celebraba como “energía positivas” los puentes que el oficialismo tendía a la patronales del campo. En estas condiciones, el paquete de anuncios aparece como poco prometedor antes de ver la luz. Si el boom externo de los alimentos generados por la invasión a Ucrania golpea en el país -cuando no los importamos sino que los exportamos- es solamente porque el gobierno se encuentra de rodillas ante los pulpos que se apropian de la renta agraria, cuya promoción aparece como la vía para recaudar los dólares necesarios para el repago de la deuda externa.

Así las cosas, Alberto Fernández acaba de prometer en un acto oficial que iniciarán una “guerra contra la inflación”, presionado por la confirmación de un desmadre inflacionario por el propio Indec. Lo cierto es que detrás de todas las medidas testimoniales de la Secretaría de Comercio y la incapacidad general para contener el alza de precios está la propia política fondomonetarista de tarifazos, naftazos y ajuste vía inflación porque permite licuar le gasto público e incrementar la recaudación atada al consumo (como el IVA e Ingresos Brutos). Que todo esto sea una deriva anticipa que la implementación del acuerdo con el FMI depara nuevos choques incluso con los capitalistas que presionaron por su firma.

Expresión de ello son también las alternativas en danza para incrementar las recaudación impositiva, como la intención de avanzar en un revalúo inmobiliario en todo el país, ya que un mayor valor fiscal de las propiedades implica mayores ingresos al Estado nacional vía Bienes Personales. Pero se trata de una hoja de ruta muy condicionada a los acuerdos con los gobernadores, y de impacto menor. Todo tiene el signo de la improvisación ante un programa incumplible.

Los mayores tarifazos que se anuncian tampoco permitirían una reducción en regla del gasto en subsidios, en medio de un ascenso de los precios internacionales del gas que Argentina importa para satisfacer su demanda energética; pero sí supondrán un recalentamiento de la inflación. Esta situación de metas inalcanzables pone a las finanzas del país a depender de la voluntad política de los agentes del FMI que cada tres meses auditarán las cuentas, es decir que nos deja en manos del capital financiero y el imperialismo.

La única guerra real contra la inflación puede provenir de una ruptura con el Fondo, el repudio de la deuda externa fraudulenta, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la renta nacional en un plan de desarrollo al servicio de las necesidades sociales. Este rumbo de entrega hace que, en un país que marca récords de exportación de trigo, el pan sea cada vez más inaccesible a las familias trabajadoras.

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