Cuando falta una semana para las elecciones del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal, la planta y el pueblo de Hipólito Yrigoyen se encuentran militarizados.

Con sistemáticos aprietes a los trabajadores y a la población en general, que siguen a los cerca de 200 despidos y a la represión de febrero contra el vaciamiento, los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y de Mauricio Macri –que envió gendarmes a la zona– van a fondo, buscando no solo imponer los despidos y la reforma laboral del cuarto turno, sino descabezar la organización obrera para imponer todos los atropellos en el Tabacal, y más en general, el conjunto de los despidos en la industria azucarera de Salta y Jujuy.

A la lucha de los trabajadores contra los despidos se suma el reclamo de libertad a Martín Méndez y Jorge Moreno, dos de los 181 trabajadores cesanteados del ingenio, que fueron detenidos el 4 de marzo mientras intentaban realizar una protesta en la entrada militarizada de la planta. En aquella oportunidad, distintos medios de prensa, en complicidad con la policía, montaron un escenario para tratar de mostrar que la acción de los compañeros se trató de un intento de hacer explotar la planta de alcohol, y basada en ello la fiscal ha incorporado la acusación de “intento de estrago doloso”, delito que prevé una pena de hasta 15 años.

En una asamblea convocada por el sindicato de trabajadores del azúcar se votó un paro de 48 horas para los días 15 y 16 de marzo contra los despidos y por la libertad de los dos detenidos. El paro no se pudo sostener más que hasta el mediodía del jueves 15, debido a la enorme presencia policial –que permitió el ingreso de los carneros que encabezan una de las listas patronales para las elecciones del sindicato, el próximo 28 de marzo. El sindicato, por su parte, no ha tomado otras medidas en función del reclamo de libertad.

Las esposas de los compañeros detenidos, Gisela Rodríguez (esposa de Moreno) y Romina Rodríguez (esposa de Méndez) se han colocado a la cabeza de la lucha por la libertad. El pasado 8 de marzo, por iniciativa de la concejala del PO Nélida Díaz, concurrieron a exponer la situación ante el Concejo deliberante de Orán. El viernes 16 de marzo viajaron a Salta y se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la comisión de Derechos Humanos, a iniciativa del bloque de diputados del PO-FIT. Ese mismo día se realizó una concurrida conferencia de prensa. En esta ronda de reuniones y ante los medios, las compañeras denunciaron todas las maniobras judiciales y policiales y también la amenaza de la patronal de despedir más trabajadores, así como el anuncio de que desalojará a las familias de los despedidos que viven en los barrios que se encuentran en el interior del predio de la empresa.

Frente a este panorama es necesario unir a toda la población para derrotar los aprietes del gobierno y la patronal. Llamamos a todas las organizaciones sindicales y políticas combativas a pronunciarse por la libertad de los compañeros. La consigna debe ser parte de todos los actos del próximo 24 de marzo.