Tras algunos asesinatos en contexto de hechos delictivos en la Provincia de Buenos Aires se ha instalado el tema de la inseguridad en la agenda política, aunque es un flagelo que afecta a las familias trabajadoras y a la juventud, y que tiene a las fuerzas policiales, jueces y al poder político como responsables desde hace larga data.

Los recientes hechos como el de Moreno donde asesinaron a un repartidor, que venía denunciando la liberación de las zonas para que se cometan delitos, así como el asesinato de los 2 jóvenes en Florencio Varela, pone de manifiesto que el rol de la Bonaerense liberando zonas, y con profundos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico es un punto clave para entender el problema de la inseguridad.

Familiares, amigos y vecinos se han movilizado en ambos casos, siendo reprimidos y detenidos por la misma Bonaerense en Moreno donde gobierna Mariel Fernández del Movimiento Evita; en Varela la movilización fue a la comisaría y luego al corte de ruta donde se denunciaron las zonas liberadas.

El propio Milei responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre estas situaciones de inseguridad. La derecha busca golpear a Kicillof atribuyéndole un supuesto garantismo que favorecería a los delincuentes y la falta de acción, llegando a las bravuconadas del diputado oficialista José Luis Espert que plantea colgar de una plaza a los delincuentes luego de balearlos, y pasar por encima de los bunker narco en los barrios, sin mencionar que son los narcotraficantes de peso quienes se beneficiaron del blanqueo que largó el gobierno nacional el año pasado, ni la necesidad urgente de meter la mano en la Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y todas las fuerzas represivas metidas en el negocio narco.

La derecha desenvuelve toda su agenda represiva, incluyendo bajar la edad de imputabilidad para criminalizar a la juventud que es víctima del crimen organizado y de la descomposición de las fuerzas represivas del Estado, así como el aumento de las penas, y otras recetas que ya han fracasado, como queda de manifiesto tras el paso de los años. Los lazos entre el crimen organizado, sean el narcotráfico, la trata de personas, etc, con las fuerzas represivas, la justicia y el poder político son la prueba de la descomposición del régimen político capitalista.

No podemos obviar que estos hechos de inseguridad en el conurbano se dan en un contexto donde crece la pobreza, la indigencia, con mayor fuerza incluso entre niños y jóvenes, como consecuencia de las políticas de ajuste brutal de Milei; del mismo modo el ataque del gobierno a las organizaciones sociales y piqueteras, desabasteciendo los comedores, reprimiendo sus movilizaciones y persiguiendo políticamente a aquellas, como ocurre con el Polo Obrero en particular, son terreno fértil para el avance narco y de los grupos delictivos en los barrios.

Los intendentes peronistas están más preocupados por las consecuencias políticas que pueden tener estos hechos de inseguridad en un año electoral que en abordar la problemática a fondo; Cristina Kirchner fue la primera en advertir el uso electoral de la inseguridad contra el gobernador y los intendentes peronistas. La preocupación del peronismo es mayor si tenemos en cuenta que hubo en algunos casos una respuesta popular de lucha y denuncia al poder político y a la policía; en este punto los intendentes están en primera línea de fuego y también el gobernador Kicillof.

Así es que trascendió que los intendentes reclamarán la llegada de Gendarmería, a cargo de Patricia Bullrich, algo que ya hicieron los legisladores de la Libertad Avanza en la provincia. Militarizar los barrios, otra vieja receta que ya fracasó.

Kicillof  buscó cubrirse de responsabilidades diciendo que el gobierno nacional le quitó los fondos de Seguridad, que suman más de 700 mil millones de pesos, mientras el ministro de seguridad Javier Alonso asegura que se ha invertido muchísimo. La respuesta represiva de Kicillof a los amigos y familiares del repartidor en Moreno no es un hecho aislado; la movilización en Varela se encontró con una comisaría militarizada; en el mismo distrito de Moreno la Bonaerense reprimió a los municipales hace apenas unos meses cuando reclamaban por un bono de fin de año, así como desplegó un gran operativo frente al reclamo de trabajadores del Sutna por despidos en Bridgestone a mediados del 2024. Kicillof dispone de la podrida Bonaerense contra los trabajadores en este cuadro de fuertes políticas antiobreras de Milei, y lejos está de querer meter la mano en esta fuerza vinculada fuertemente al crimen organizado.

Por eso, cualquier salida desde el campo de los trabajadores al problema de la inseguridad es un choque frontal contra el Estado capitalista, sus gobiernos, justicia y fuerzas represivas, planteando el desmantelamiento de la Bonaerense y las fuerzas represivas, y la constitución de una nueva fuerza de seguridad bajo control de los trabajadores y las organizaciones de derechos humanos, con elección popular y revocabilidad de jueces. Y la satisfacción de todas las reivindicaciones de los trabajadores, por salario mínimo igual a la canasta familiar.

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