El gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono miserable de 7.000 mil pesos que recibirán solo durante tres meses quienes perciben hasta una jubilación mínima, e irá decreciendo progresivamente hasta los que cobran 2 haberes mínimos. Esto se amalgama con la actualización trimestral del 15,3% prevista para septiembre, de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria. Lo que buscan presentar como un “refuerzo” para los ingresos de los jubilados no es más que una cortina de humo de nuevos ataques para cumplir con la meta fiscal que impone el FMI. Aceitan el anuncio de la movilidad con un bono magro precisamente porque es una formula mantiene los haberes muy por detrás de la inflación, y al no incorporarse al haber no se contemplan en el cálculo de las próximas actualizaciones.

El bono lo percibirán aquellos titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual a $43.352,59. Con el aumento, cinco millones de jubilados cobrarán de septiembre a diciembre una jubilación mínima de $43.300, que llegaría a $50.000 con el bono, cuando la Defensoría de la Tercera Edad porteña estimó que la canasta básica de un jubilado alcanzó, a fines de junio, los $107.300 -el equivalente a casi tres jubilaciones mínimas ($37.525) de entonces.

Para aquellos que perciban un importe superior a $46.352,59 y menor o igual a $86.705,18, el bono será tan solo de $4.000, considerando que la canasta básica se encuentra en $111.297,57 parece un chiste. Asimismo, según datos del Indec, la canasta básica alimentaria percibió un aumento del 41,1% durante el primer semestre, mientras que las jubilaciones registraron una variación de tan solo un 29,1% para el mismo período, lo que da cuenta que todos los haberes previsionales corren hace rato muy por detrás del costo de vida. Ahora el haber mínimo habrá llegado a diciembre acumulando un 48%, para cuando la inflación ya habrá escalado a un 90% según las estimaciones, degradando aún más el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Los haberes jubilatorios vienen siendo desde hace rato la principal variable de ajuste que exige el FMI y los bonos episódicos buscan encubrir esta confiscación. Sin ir más lejos, lo ejecutado en el pago de jubilaciones cayó en julio un 0,8% interanual, y la participación de estas en las erogaciones totales del Estado se desplomó al 35%, marcadamente por debajo del 52,7% que tenían cuando asumió el Frente de Todos; es decir que redujo esa proporción del presupuesto público de más de la mitad a poco más de un tercio.

Además, para las próximas actualizaciones impactará negativamente la reducción de aportes patronales que Sergio Massa prometió para las ramas de exportación. El cuadro se agrava si también tenemos en cuenta que no hubo anuncios acerca de la moratoria para los casi dos millones de adultos mayores que no pueden acceder siquiera a una jubilación, producto de haber trabajado en negro durante la mayor parte de su vida y no contar con los años de aportes necesarios.

Mientras tanto, las patronales negreras continúan enriqueciéndose a costa del trabajado precario y recibiendo beneficios tributarios, el gobierno empapela de deuda a la Anses para rescatar a la banca y a los especuladores, y cada vez son más los trabajadores jubilados que no pueden siquiera garantizar las cuatro comidas diarias, ni que hablar de pagar un alquiler. Encima, el gobierno buscar armar el programa “Puente Empleo”, en el marco de las auditorias contra los programas sociales, tentando a las patronales, que contraten beneficiarios de programas sociales, con exenciones en los aportes. Es decir que los jubilados, que cobran haberes de miseria, serán condenados a financiarlo.

El acuerdo del gobierno con el FMI implica profundizar los ataques a los jubilados. Para garantizar el conjunto de los derechos jubilatorios para los actuales adultos mayores y para los futuros, hay que impedir el vaciamiento de la Anses y de las cajas provinciales, reponer los aportes patronales que rebajó Menem, y por los cuales sean transferido a los bolsillos capitalistas billones de pesos, y establecer el uso exclusivo de los fondos para los beneficiarios y no para el pago de la deuda, el rescate de los especuladores y los subsidios patronales. Del mismo modo reponer las rebajas de aportes de Pymes que Cristina Kirchner promulgó en 2014 y que se aprobó bajo el pretexto de blanquear trabajadores, cosa que no ocurrió.

Por eso impulsamos una moratoria universal, sin pago de cuotas de ningún tipo para todos los que tengan la edad jubilatoria, con o sin aportes registrados, y el fin del trabajo en negro mediante el blanqueo con estabilidad de todos los trabajadores que notifiquen su condición al Estado y a la patronal simultáneamente. La movilidad automática acorde a la inflación y a los sueldos, el 82% móvil y una mínima de $100.000. Es en ese sentido que Romina Del Plá presentó un proyecto en Diputados y que debemos acompañar con un gran paro nacional y un plan de lucha para que los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados intervengamos en forma colectiva contra el ajuste en marcha, enfrentando al gobierno, a la oposición patronal y al FMI.

https://prensaobrera.com/politicas/hace15-anos-que-no-crece-el-numero-de-jubilaciones-sin-moratoria

https://prensaobrera.com/politicas/menos-presupuesto-que-areas-sufriran-la-nueva-poda-del-gobierno