El juez federal Daniel Rafecas ordenó la realización de un juicio en ausencia (es decir, sin la presencia de los imputados) en la causa Amia, a más de 30 años del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

A pedido del fiscal Sebastián Basso, Rafecas decidió el desarrollo de un juicio oral y público contra funcionarios y exfuncionarios del régimen iraní y presuntos miembros del grupo libanés Hezbollah. Esta orientación de la causa, funcional a las necesidades del Estado de Israel y los Estados Unidos, corona un largo proceso –iniciado en 1994- de manipulaciones, destrucción de evidencias y plantación de testigos truchos por parte de la justicia argentina, el poder político, los servicios de inteligencia y el aparato policial local, que derivó incluso en un juicio por encubrimiento en que resultaron condenados el exjuez Juan José Galeano, el exjefe de la Side Hugo Anzorreguy y dos fiscales, y en el que terminaron absueltos el expresidente Carlos Menem y el expresidente de la Daia, Rubén Beraja. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sentenció en 2024 que “el Estado usó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades y el abandono deliberado de algunas líneas de investigación” (negritas nuestras), y añadió que “su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento han quedado probadas”.

Antes de la resolución de Rafecas, el Congreso de la Nación aprobó este mismo año la ley que habilita el desarrollo de los controvertidos juicios en ausencia, en los que los imputados no tienen posibilidad de declaración ni defensa. El magistrado asegura que el juicio permitiría “conocer la verdad”, pero la verdad es justamente la que se sacrifica en el altar de los objetivos geopolíticos del Estado de Israel y Estados Unidos. La resolución, inclusive, coincide con la campaña de bombardeos sionistas e imperialistas contra Irán y la invasión del Líbano. El gobierno argentino, alineado con aquellos intereses, celebró la decisión de Rafecas por boca del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el mismo que fue abogado del excomisario Juan José Ribelli y estuvo detenido en 1997 acusado de robar un video relacionado con la causa.

El esclarecimiento del atentado a la Amia requiere la apertura de los archivos de los servicios de inteligencia y una investigación independiente de los intereses capitalistas e imperialistas.

A 30 años del atentado a la Amia, los encubridores siguen en el poder

Milei refunda la Side que garantizó la impunidad y manipula la causa para criminalizar la protesta popular. Nosotros seguimos peleando por el esclarecimiento y la apertura de los archivos de inteligencia. -

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