El ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, metió presión a todas las bancadas para apurar el tratamiento de la ley de endeudamiento enviada a la Legislatura bonaerense. “Es clave para seguir auxiliando a los municipios”, declaró, en tono de amenaza. El apuro del gobernador por pactar con el PJ y Juntos por el Cambio la aprobación de la nueva deuda da cuenta de la quiebra de la provincia.

Municipios en bancarrota

La recesión económica llevó a una caída a pique de la recaudación provincial y la coparticipación a los municipios. Los 3.000 millones de pesos del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” anunciados por Kicillof no solo son una gota en el océano y una parte sustancialmente menor de los giros hechos por Nación al gobierno provincial, sino que además son girados en categoría de préstamos financieros a las intendencias. Para calmar a los jefes comunales  que salieron con los tapones de punta, el gobernador finalmente resolvió una flexibilización de la devolución los préstamos, pasando de 12 a 18 meses.

Es una concesión muy limitada frente a la insolvencia financiera por la que atraviesan los municipios, cuando los intendentes denuncian recortes y atrasos en las transferencias provinciales. El mes de agosto volverá a poner en la picota el pago de los salarios municipales, de no haber “salvatajes” de por medio. El reciente aumento de las tasas municipales en Olavarría, donde gobierna Cambiemos, preanuncia los impuestazos que se vienen en la “pospandemia” de Alberto Fernández.

Un informe oficial da cuenta de que se redujeron a la mitad los depósitos en plazos fijos guardados por las intendencias en los bancos. Los supuestos “ahorros” son recursos desviados por los intendentes para pagar salarios y gastos corrientes. No son fondos de libre disponibilidad, sino asignaciones precisas para el Fondo Educativo y Fortalecimiento Municipal que no llegan a sus destinatarios. Mientras Kicillof presiona por la liquidación de los plazos fijos de los municipios, los intendentes ajustan a los trabajadores y vecinos.

En junio los jefes comunales quisieron imponer la retención de los aportes previsionales de los municipales hasta que finalice la emergencia. Si bien este intento de desfinanciamiento del IPS no prosperó, sienta un precedente en el marco de un deterioro histórico de los salarios municipales.

Pacto en marcha

El acuerdo que se está tejiendo no será indoloro para los “nacionales y populares” que asumieron el pago de la deuda externa fraudulenta sin investigación alguna ni quitas de capital y cediendo a sus exigencias. La “reestructuración” de los 7.168 millones de dólares está condicionada por los recules de Martín Guzmán y Alberto Fernández con los bonistas. Kicillof postergó el cierre de la deuda bonaerense hasta el 31 de julio, pero se va acercando a la fecha límite para evitar litigios en los tribunales de Nueva York.

El crédito de 500 millones de dólares que el gobierno pretende negociar con los organismos internacionales y los 20.000 millones de pesos de la “deuda nueva” ponen límites insalvables al rescate que pretenden las intendencias. El intendente radical de Balcarce dijo textualmente que su distrito no está en condiciones de devolver los fondos provinciales, señal más que clara que los jefes comunales no se conforman con planes de pago a 18 cuotas y presionan para que los 3.000 millones de pesos se conviertan en no reintegrables.

A la hora de convalidar el endeudamiento, los intendentes de Juntos por el Cambio ponen como condición que se hagan efectivos los 2.000 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que no llegan a los municipios. El FIM fue la moneda de canje pactada con Vidal para la aprobación de la Ley de  Financiamiento (impuestazos) y la continuidad del presupuesto  2019  a la espera de un acuerdo con los acreedores.

El conflicto con Edesur puso en discusión los 3.000 millones de pesos que reclama la privatizada a los municipios del sur del Gran Buenos Aires. La campaña de los intendentes del Frente de Todos para que se retire la concesión es también un tiro por elevación para forzar la condonación de  esa deuda o en su defecto, para que el gobernador Kicillof asuma su pago con los fondos provinciales. Este pasivo oneroso son facturas de luz correspondientes a asentamientos y villas del Conurbano., resultado de que en su momento Vidal transfirió la responsabilidad por estos pagos a las comunas. Kicillof mantuvo ese mismo esquema.

El pago de la deuda externa marca a fuego al gobierno provincial y apunta a tejer un pacto con Juntos por el Cambio para congelar las paritarias, salarios y las jubilaciones como garantías a los bonistas.

Denunciamos las leyes de financiamiento y de endeudamiento de Kicillof como instrumentos del saqueo y ajuste contra los trabajadores. No al pago de la deuda externa. Por paritarias y aumento salarial de emergencia actualizado por inflación, el pago íntegro en tiempo y forma a los trabajadores municipales. Planteamos la apertura de los libros de las municipalidades bajo control de los trabajadores y el establecimiento de un impuesto extraordinario a los capitalistas para financiar un plan económico, de salud y urbanización al servicio de los trabajadores.