Patricia Bullrich puso como número dos del Ministerio de Seguridad a Alejandra Monteoliva, asesora en la creación e implementación del “modelo Bukele”. La nombró en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, hombre de Cristian Ritondo, denunciado por manejos turbios en las licitaciones de compras de comida para el Servicio Penitenciario Federal.

Monteoliva es una vieja conocida de Bullrich, dado que fue Directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. También fue ministra de Seguridad de Córdoba. Duró 3 meses en el cargo y salió eyectada por ser catalogada como la responsable de la crisis policial de la provincia.

A su vez es discípula del General Óscar Naranjo, comandante de la policía durante el gobierno del expresidente derechista de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien convirtió a Colombia en una avanzada política y militar del imperialismo contra los movimientos populares. Además trabajó como asesora en temas de seguridad en Honduras y El Salvador; allí participó de la creación e implementación del “modelo Bukele”. No es casual que haya sido electa luego del viaje de Bullrich a El Salvador.

El desplazamiento de Barreiro es otro capítulo de la crisis interna dentro del PRO, con los recientes choques entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Casualmente, la ministra que trata de ilegalizar a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre se valió, para desplazar a su funcionario, ligado al presidente del bloque de diputados del PRO, de denuncias por maniobras con la compra de alimentos, tras los escándalos en Capital Humano por licitaciones truchas de compras de alimentos y de haberse encanutado 6 mil toneladas que eran de los comedores populares.

Bullrich viajará con Monteoliva este martes en Paraguay. Ambas participarán en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, un foro de la OEA (organismo financiado por Estados Unidos) para el diálogo sobre temas de seguridad regional. Es la misma OEA que respaldó el Plan Cóndor y las sangrientas dictaduras de los ’70 como la de Videla en Argentina, Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay, Morales y Fujimori en Perú.

El viaje se da en el contexto de la desaparición de Loan, lo que estaría destapando la olla de una enorme red de trata de personas en la que se encuentra involucrada la policía (está preso el comisario del operativo por presunto intento de encubrimiento) y funcionarios del gobierno nacional y provincial. El gobierno se esfuerza por evitar una nueva crisis.

El reforzamiento de este régimen policial que Bullrich intenta imponer, dándole mayor campo de acción a las Fuerzas Armadas y a las policías federales y regionales, lejos de desmantelar el crimen organizado es el caldo de cultivo para delitos como el narcotráfico y la trata de personas. Lo que busca el gobierno es avanzar contra las libertades democráticas, como lo demuestra la persecución política a las organizaciones sociales y piqueteras, y la detención arbitraria de 33 personas por luchar contra la Ley Bases. Hay que defender las libertades democráticas y luchar por terminar con este régimen represivo.

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Para la Justicia no hubo ninguna plan “terrorista” para destituir al gobierno. –

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