El gobierno nacional viene demostrando su negativa de reabrir los programas sociales, en el marco de que crecen las necesidades económicas y sociales de la población. Según un estudio realizado por la consultora Idesa, de los $2 billones gastados en políticas sociales el año pasado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) insumió el 14,4%. En 2010, con la misma base de cálculo (y siempre a precios de diciembre de 2021), había representado el 19%. Es decir que este programa de asistencia social perdió 4,6 puntos porcentuales de peso en 11 años.

Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) sobre la AUH marca que, a partir de 2018, perdió frente a la inflación. Santiago Poy, sociólogo que integró el equipo, apunta que en diciembre de 2010 la AUH equivalía al 59% de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente, y en diciembre de 2020 la cobertura había bajado al 51% (La Nación, 23/5).

La política oficial de reducir el gasto público es uno de los reclamos principales del Fondo para cumplir el objetivo del “ahorro fiscal” y utilizar esos recursos para el pago de la deuda externa, a costa de los trabajadores. El contraste entre el pago de intereses de deuda y las necesidades reales de la población: estos pagos aumentaron en un 135,5% respecto al mismo período del 2021, ascendiendo a $266.800 millones. Se trata de una cifra superior a los $222.000 millones devengados entre enero y marzo para el pago de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares, a los $190.000 destinados a las transferencias provinciales y a las universidades y a los $181.000 millones que recibió la obra pública. Incluso supera la partida asignada de $240.000 millones para otorgar el bono por única vez de $18.000 a la población más vulnerable, mostrando a todas luces cuáles son los intereses prioritarios para el oficialismo. Finalmente, la política de rescate de la deuda es la contracara del ajuste sobre el gasto social, en momentos donde la pobreza y el hambre se extienden en todo el territorio.

El gobierno nacional busca desmantelar la miserable asistencia de los programas sociales, los cuales se incrementaron por la incapacidad de los gobiernos de generar puestos de trabajo genuino y dar respuesta a las necesidades populares; y por la iniciativa independiente del movimiento piquetero que plantea un plan de lucha y movilización para obtener soluciones a los problemas más acuciantes. En ese sentido, las organizaciones piqueteras combativas preparan para este jueves 26 una acción de reclamo frente al rechazo del gobierno a la solicitud de 4 millones de trabajadores y trabajadoras, para el cobro del bono de $18.000 (IFE 4), que tuvo más de un millón y medio de personas en la “fila” desde su apertura. La lucha contra el ajuste sobre la asistencia social no es independiente de la lucha contra el FMI, cuya agenda antiobrera es seguida al pie de la letra por el gobierno del Frente de Todos.