Omar “Caballo” Suárez, el burócrata del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) detenido recientemente, es un típico representante de la descomposición de la burocracia sindical.

En más de una ocasión, el “Caballo” actuó como fuerza de choque contra los trabajadores y contra sus adversarios dentro del SOMU, del cual se apropió en 1989 tras echar a su antecesor, Juan Arce.

Las crónicas periodísticas relegan en sus crónicas la feroz intervención de la patota de Suárez contra los trabajadores del Casino de Puerto Madero. Una banda de barrabravas y matones del sindicato irrumpieron a las piñas en el barco para disolver las asambleas de los laburantes. Aquel fue el punto de partida de ese conflicto fundamental de la etapa kirchnerista para la formación del activismo que hoy disputa sindicatos y seccionales en manos de la burocracia.

La lucha del Casino contra la patronal de Cristóbal López fue encabezada por un cuerpo de delegados joven y combativo que enfrentó a la patronal, al gobierno, a la burocracia –a la de Suárez y a la del macrista Daniel Amoroso, del sindicato de Juegos de Azar, que se disputaban la representación–; a la Prefectura, a la Policía Federal y al aislamiento de los medios.

Suárez fue apañado por el kirchnerismo, que prohijó a este tipo de dirigentes sindicales, como también lo hizo con José Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Por qué cayó

¿Por qué cayó ahora en desgracia? En el inicio de las causas contra Suárez se encuentran las repetidas denuncias de los grupos capitalistas vinculados a las actividades portuarias y navieras, quienes sostienen que el “Caballo” les exigía “peajes” suculentos, que ascienden a varias decenas de millones de dólares.

“Caballo” está acusado de haber desviado dinero del sindicato a través de una red de empresas fantasma, incluyendo actividades portuarias, empresas de turismo y un hotel en Corrientes. Además del de Suárez, están procesados otros diez integrantes de esa “asociación ilícita”.

El “pecado” de Suarez fue “excederse” en la intromisión de los  negocios de grandes capitalistas por la vía de la extorsión y con empresas propias que competían con los empresarios del sector.

El macrismo avaló la denuncia de los empresarios e impulsó la intervención del sindicato, que quedó a cargo de Gladys González, una diputada del PRO. La interventora planteó quedarse al menos dos años “para normalizar” a la entidad gremial, pero el juez Canicoba Corral –que tiene a su cargo la causa– le puso un plazo máximo de 180 días.

Significativamente, la dirección de la CGT “reunificada” no ha dicho ni mu acerca de la suerte del ex secretario general del SOMU. Varios sectores –entre ellos, algunos ligados a Moyano– reclaman la “normalización” inmediata del sindicato y preparan el relevo del “Caballo”.

Ante la crisis de la burocracia sindical, los trabajadores debemos recuperar los sindicatos para que sean palancas en la lucha contra el ajuste.