Si alguna vez el “mercado” y la clase capitalista soñaron con un “ajuste con apoyo popular” (La Política Online, 16/7), esta semana sirvió para verificar que el camino va por el carril contrario. El agravamiento de la situación económica y la corrida cambiaria pusieron al rojo vivo la crisis y marcaron los profundos límites del “plan Batakis”, a dos semanas de su asunción. La calle y la movilización se colocaron en el centro de la cuestión política, al mismo tiempo que la pelea por ese lugar implica la lucha en un campo muy amplio de maniobras. Convertir al descontento en perspectiva es una tarea fundamental de la etapa.

¿Dónde está el piloto?

La corrida cambiaria de las últimas semanas hace que la Argentina coquetee con el abismo, lo que deviene en una brutal crisis económica y política. La corrida cambiaria no solamente llevó el dólar paralelo a pasar la “barrera psicológica” de los 300 pesos, sino que también evidencia falencias de fondo: el Banco Central vendió 250 millones de dólares en los primeros dos días de la semana, agudizando la falta de reservas de la entidad. La balanza comercial registró en junio, según las cifras del Indec, un déficit de 115 millones de dólares, luego de un superávit de 1.200 millones de dólares en mayo (25% menos que el mismo mes del año anterior). La deuda pública tomada en su totalidad llegó esta semana a un récord histórico de 378.518 millones de dólares.

El gobierno necesita buscar dólares; evalúa la salida de un “dólar turista” para que las divisas de las personas extranjeras que visitan el país puedan entrar en la liquidación del Banco Central. Es una devaluación encubierta, que anticipará golpes mayores. Batakis estará “en consonancia con el programa acordado”, según el FMI, pero su plan ya da muestras de fracaso. El gobierno quema etapas y se dirige a una crisis cada vez más aguda: “tiene que hacer” un ajuste de 7,8% de las cuentas públicas de acá al final de año. La segmentación de tarifas, además de significar un rescate a las empresas que se enriquecieron con los subsidios del Estado metiendo mano en el bolsillo del pueblo, no alcanzan y el gobierno esta semana sumó nuevas presiones: las empresas de colectivos pidieron más subsidios, lo que posiblemente devenga en mayores tarifazos.

Ese deterioro del peso se da, a su vez, en un cuadro crítico. Todo parece indicar que la inflación alta de 5,3% en junio quedará como una anécdota frente a la de este mes, que solo en la primera quincena tuvo una suba del 4% integral del “rubro Alimentos”. No son pocos los analistas que ya ponen la mira por encima del 80% en el IPC anual. El Riesgo País cerca de 3.000 puntos no es casual.

Los gobernadores no le dieron a Batakis la chance de una “reunión exitosa”: el ajuste hay que hacerlo, pero también hay que hacerse cargo. La presencia de Axel Kicillof confirma el apoyo silencioso de CFK y el kirchnerismo. Alberto Fernández da discursos sobre su “fuerza”, pero la impotencia a la hora de salir de la aguda crisis económica refuerza las tendencias a una crisis de poder que puede transformarse en un adelantamiento electoral. En estos días se sumó un nuevo elemento. El cruce de Cristina Fernández con la Corte Suprema es más que un dato relevante: una sentencia a CFK empantanaría aún más a una alianza política que no satisface, en ninguna de sus variantes y con muchos intentos, a la clase capitalista.

Crisis política y criminalización

La ruta del FMI trae aparejado un miedo. El camino de tarifazos y ajuste puede dar lugar a movilizaciones y rebeliones populares. Es la experiencia de Colombia 2021, Chile 2019, Ecuador de los últimos años. Es lo que expresa Panamá.

Este temor del gobierno y la oposición patronal deviene en una acción concreta: hay que criminalizar la protesta social. En esa especulación hunden sus raíces las causas contra Gabriel Solano y Eduardo “Chiquito” Belliboni, los allanamientos en Jujuy, provincia de Buenos Aires y la Ciudad, la represión en Santiago del Estero, el ataque judicial a las organizaciones piqueteras en todo el país. También la ofensiva mediática que buscaron, con recortes sacados de contexto, intentar justificar la explotación y la precarización laboral. Lo mismo con el ataque del canal LN+ en el programa de Luis Majul a nuestra organización y nuestra compañera Daiana Cabrera, mostrando al aire un audio de WhatsApp que supuestamente da lugar a una extorsión y a una asociación criminal. Lo que hace esa operación es, en realidad, mostrar los métodos de financiamiento de nuestro Partido, que se da a partir del aporte consciente y voluntario. Esa colaboración es una ayuda a la lucha contra el ajuste que la sobredosis de televisión muchas veces legitima en sus pantallas. Eso molesta.

Ese mismo ajuste agudiza la disgregación del Frente de ¿Todos? y su crisis política. Esta situación es un terreno de grandes maniobras. Las distintas burocracias buscan reafirmar su rol de contención, planteando iniciativas aisladas o incluso propuestas en ese sentido. La CGT, con semejante ajuste, convoca a una movilización para dentro de un mes y, según Hugo Moyano, es “para defender al gobierno”, el mismo que aplica el ajuste. CGT, no lo entenderías. Una reciente movilización de la UOM, reducida a los “cuerpos orgánicos”, reunió a miles muy lejos de su potencial, pero evidencia que ya no pueden contener sin empezar a ganar la calle. La reunión de la Utep con la Unidad Piquetera, vanguardia de lucha de los últimos años, es una muestra de ello. La movilización del MTE de Grabois con la CTA Autónoma va en esa línea.

¿Qué hacer?

Esta última cuestión pone a la calle en el centro de la escena política, como lugar para enfrentar el ajuste, pero también como una disputa política concreta. Esto requiere una clarificación. La crisis que el gobierno y las patronales buscan descargar contra los trabajadores requiere acciones de fondo. No se van a solucionar los problemas con un “salario básico universal”, que generalice la miseria con 14.000 pesos, como plantea el MTE de Grabois, y termine desarmando a las organizaciones piqueteras, como quiere Cristina, que son las que organizan la lucha contra el ajuste y sus consecuencias. Tampoco se puede dar una pelea de fondo manteniéndose al interior de las filas gubernamentales: es imposible estar de los dos lados del mostrador. Es por eso que la Unidad Piquetera, que se diferenció de este tipo de planteos, le planteó a la Utep que rompa con el gobierno nacional.

El Polo Obrero llevó a la “cumbre piquetera” realizada en el local central del Partido Obrero, el pasado viernes 15, un planteo de conjunto para un plan de lucha organizado y unificado, que incluya un bono de 20.000 pesos, un plan de obras públicas y un millón de viviendas populares para generar puestos genuinos de trabajo, la universalización de los planes sociales, un salario mínimo de 100 mil pesos, el rechazo a la criminalización de los que luchan y al ajuste de Batakis y el FMI. Las acciones comunes de frente único (“golpear juntos, marchar separados”), que promovemos, tienen que tener un programa.

Es esta impronta la que busca plasmar nuestra campaña por un paro nacional y un plan de lucha, que se mostró acertada. Es lo que va de la mano del camino de la Unidad Piquetera y del Sutna, que sigue en pelea contra las dilaciones de la patronal del neumático.

Esto está atado a la necesidad de pasar a una lucha de fondo, es decir, de construir un movimiento popular que busque una salida sobre otras bases. Es decir, que tenga banderas socialistas. El plenario de la Coordinadora Sindical Clasista del 6 de agosto es un paso fundamental para ello.

La agudización del plan del FMI sube cada vez más las movilizaciones al ring. El ajuste no tiene apoyo. No tiene calle. La lucha sí.

https://prensaobrera.com/politicas/moratorias-previsionales-una-radiografia-de-la-proliferacion-del-empleo-informal