Estados Unidos hizo su aparición pública en la escena de crisis que desató la aparición de los “cuadernos” del puntilloso Oscar Centeno, el ex chofer de Planificación en la época de Julio De Vido y que está derivando de las imputaciones iniciales a funcionarios K por distintos hechos de corrupción, al involucramiento de grandes grupos y popes empresarios locales, entre ellos el gigante Techint y se extiende a otros vinculados directamente con la camarilla gobernante.

Según destaca el columnista de La Nación, Hugo Alconada Mon (4/11), altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Comisión de Valores (SEC) norteamericanos se reunieron en Buenos Aires con quienes investigan por sobornos a empresas que cotizan en los Estados Unidos, entre ellas las de grandes grupos como Techint, Corporación América y Pampa Energía, además del Banco Macro, con el objetivo de dar los pasos hacia la aplicación de sanciones que pueden suponer fuertes multas, la prohibición de participar de licitaciones públicas en aquel país y las de organismos multilaterales e incluso penas de prisión para directivos y accionistas.

El mismo columnista recuerda que Techint enfrenta procesos judiciales por soborno en Italia y Brasil. En este último país ya fue sancionada con la prohibición de participar en licitaciones federales por el lapso de cinco años y en Milán (Italia) un fiscal que investiga pagos ilegales ya pidió la indagatoria del pope máximo de la empresa, Paolo Rocca, quien, investigado en la Argentina por sobornos a partir de los “cuadernos”, recibió el apoyo de Mauricio Macri quien lo invitó especialmente a realizar juntos una visita, en agosto pasado, al emprendimiento de Vaca Muerta.

No son golpes menores para el más importante grupo empresarial de la Argentina, ya que Argentina, Brasil e Italia son tres de los principales mercados de actividad de Techint.

Esta intromisión del gobierno norteamericano hace ascender el nivel de conflicto y amenaza con profundizar la crisis política desatada por los “cuadernos”. Se trata de una avanzada en la política del gobierno de Donald Trump de desplazar a sectores concentrados de las burguesías latinoamericanas y de otros países periféricos para avanzar en el copamiento de los negocios que aquellos concentran actualmente.

La preocupación del gobierno de Macri pasa por los golpes que pueden terminar recibiendo estos sectores, aliados del gobierno y otros grupos aún más directamente vinculados a la camarilla gobernante, en especial después que se abriera la investigación por los sobornos vinculados con Odebrecht. Así es que, para tratar de curarse en salud, creó una comisión ad hoc con el objetivo de auditar el contrato de soterramiento del ferrocarril Sarmiento que definió en tiempo récord que ni Odebrecht ni su socio, el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, habían incurrido en ningún delito.

La creación de una comisión oficial para analizar el tema del soterramiento tiene aspectos curiosos. En primer lugar porque el mismo está siendo investigado por la Justicia y no se entendería la razón por la cual el gobierno debiera “investigar” de manera paralela.

En segundo lugar porque, en este tema, el gobierno cerró “la grieta”, ya que la comisión ad hoc analizó y dictaminó sobre el período de la obra realizada bajo el gobierno kirchnerista. Cuando se trata de salvar los negocios y tratar de morigerar la crisis que golpea al gobierno, “la grieta” puede cerrarse.

De todas maneras, la crisis sigue su curso. Las causas siguen abiertas aquí y ahora se pueden extender a los Estados Unidos. Si este proceso avanza en Washington y se aplican sanciones a las empresas involucradas que pueden suponer también la prohibición de cotizar en el mercado norteamericano, supondría un golpe muy fuerte a los más grandes grupos de la burguesía nacional y profundizaría los insuperables desequilibrios del gobierno macrista.