A dos meses del pacto con el Fondo Monetario Internacional la crisis económica nacional se ha agravado. La combinación entre la crisis mundial y la propia inconsistencia de las medidas propuestas ha llevado a un fracaso acelerado a la política pactada entre el gobierno y el Fondo. Un ajuste que proclamó su objetivo de reducir la inflación está derivando en una estampida inflacionaria récord, que según proyecciones podría superar el 70% anual. El segundo objetivo anunciado por el gobierno -no comprometer la recuperación económica- tampoco se ha verificado; por el contrario, el país va entrando en recesión producto del aumento de las tasas de interés, la inflación, la caída del consumo, el cepo cambiario y a las importaciones, la desorganización económica y la huelga de inversiones que prosigue.

La cháchara oficial sobre “cuidar el salario real” contrasta con el hecho de que la estampida inflacionaria está golpeando severamente los ingresos del conjunto de la clase trabajadora, agravando la redistribución regresiva del ingreso e incrementando la pobreza e indigencia. Es una realidad de fondo que no se puede revertir con bonos por única vez, como el gobierno implementa para evitar un desborde social y tratar de mantener la expectativa de defender su reelección el año próximo.

La crisis del acuerdo ha abierto un debate sobre la salida, sin que ninguna fracción de la burguesía tenga clara una orientación viable. El kirchnerismo busca despegarse de las medidas tomadas por Alberto Fernández y propone un paquete de estímulos sin financiamiento, que deberían ser abordados por un Estado quebrado y en medio de una crisis inflacionaria. Denuncia el pacto con el Fondo pero propone un blanqueo de capitales con el exclusivo fin de pagarle. Fernández y Guzmán se apoyan en el empresariado contra la embestida kirchnerista y apuntan a “aguantar” y esperar que la crisis económica no pegue un salto abrupto, que podría detonar una corrida híperinflacionaria.

La oposición reclama bajar el déficit golpeando los subsidios, pero esto llevaría a las tarifas de servicios públicos a una dolarización insostenible no solamente para los trabajadores sino para sectores empresariales; reclama además una baja generalizada de impuestos, que acentuaría la quiebra del Estado. Milei plantea una dolarización para una economía que no tiene dólares, lo que solamente podría llevarse adelante mediante una devaluación masiva. El planteo solamente podría implementarse con una licuación general de ingresos por la inflación, algo que en realidad también está limitado por la tendencia de diferentes vías a ajustar ingresos, tasas de interés y bonos a la evolución inflacionaria.

De conjunto, la burguesía apunta por el momento a sostener a Guzmán pero preparando las condiciones para un recambio que reúna las condiciones políticas para una agenda de liberalización de los flujos de capital que permita girar utilidades al exterior, redoblar el avance en la liquidación de derechos laborales y reducir sustancialmente el gasto público para avanzar en rebajas impositivas y bajar la inflación. Pero la viabilidad de esta orientación general está cuestionada, por un lado porque sólo podría aplicarse luego de un shock hiperinflacionario y por el otro, al igual los fracasos de los anteriores “planes de ajuste” devaluatorios, por la resistencia que despertaría y por sus propias contradicciones internas.

Es que los distintos planteos políticos de salida tienen como trasfondo choques profundos al interior de la burguesía. El reclamo de rebajas fiscales choca con la intención de sectores enteros de mantener los subsidios a la energía. La preocupación del FMI por acumular reservas para el pago de la deuda choca con el reclamo de libre acceso al dólar de las patronales (petroleras, neumático). El reclamo contra el atraso cambiario de sectores que piden una devaluación golpearía el mercado interno, que hoy permite hacer grandes ganancias en dólares a sectores industriales protegidos de la importación. El reclamo del campo de no subir las retenciones choca con la necesidad del gobierno de recuperar ingresos vía disociación del precio interno del precio internacional de los bienes transables, en particular alimentos, para reducir el déficit fiscal y garantizar los pagos de la deuda. La magnitud de estos choques es un factor de disgregación del régimen político.

La orientación en favor de una “retirada” del Estado choca en general con el hecho de que este está en quiebra por aplicar un enorme rescate al capital privado. Mediante negociados con la deuda pública, en pesos y dólares, con una enorme espiral de subsidios, con el régimen cambiario, con el alza de precios y la exportación de materias primas, las ganancias de sectores clave de la burguesía consolidan una enorme polarización social. Esta política se descarga sobre los hombros de la clase obrera, pero no alcanza para relanzar un proceso de acumulación de capital, ya que las patronales lo condicionan a una nueva reorganización económica con golpes aún más de fondo contra los trabajadores.

En este escenario, corresponde a la izquierda levantar un programa de salida a la crisis sobre la base de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, oponiéndole al fracaso que acumulan todas las variantes de la burguesía una reestructuración sobre nuevas bases sociales.

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Rumbo a una nueva quiebra

El pacto con el FMI estableció un aumento importante de la deuda en pesos. Ocurre que se pactó una reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI pero de la emisión del BCRA al 1% del PBI, es decir que puso un limite al financiamiento monetario del Estado promoviendo que se financie con más endeudamiento. Ahora bien, el déficit en lugar de reducirse se disparó porque los subsidios aumentaron un 180% respecto a los primeros meses de 2021, debido al aumento internacional de los precios de la energía. Esto refuerza la necesidad del gobierno de financiarse en pesos en el mercado local, dado que el financiamiento en dólares se encuentra cerrado y no ha conseguido ser reabierto a pesar del canje con los bonistas y el acuerdo con el Fondo. Los desembolsos del FMI garantizan poco más que el pago de sus vencimientos.

El financiamiento en pesos es una sangría enorme de recursos para el gobierno nacional, pero además la renovación de esa deuda que debe llevarse adelante mes a mes, de lo que depende todo este mecanismo de endeudamiento, está en crisis. En efecto, en el mes de abril el gobierno no llegó a renovar el 90% de los vencimientos que tenía pendientes, y en mayo solo llegó a cubrir los vencimientos aplicando una remuneración elevada y masiva sobre los encajes bancarios.

Ocurre que se descuenta en el mercado que el próximo gobierno deberá refinanciar la deuda. Por lo tanto, la banca reduce su exposición a créditos posteriores al recambio gubernamental y reclama títulos ajustables por inflación. El FMI, en cambio, reclama estirar el plazo de vencimiento de los títulos y limitar la oferta de bonos ajustables por CER. El resultado fue el bajo nivel de renovación de bonos. Es un enfrentamiento entre buitres para definir quién se va a comer el cadáver.

Si esta tendencia se profundiza hay dos alternativas: que el gobierno termine cediendo frente a la presión del mercado financiero y refuerce el armado de una bomba de endeudamiento en pesos a altas tasas o ajustable por inflación y de corto plazo, o que se vea limitado en su capacidad de financiarse teniendo que recurrir a la emisión monetaria.

En un contexto de alta inflación y devaluación por detrás de la inflación, los bonos a corto plazo y atados a la inflación refuerzan una bicicleta financiera que permite a la banca hacer ganancias extraordinarias. Recientemente se denunció un negociado con bonos suscriptos en dólares que se cambian reinvirtiendo los pesos obtenidos en los mercados financieros por el cual los bancos ganan hasta un 59%, maniobra realizada por varios bancos. Esta bicicleta se está viendo estimulada por el aumento de las tasas de interés. El gobierno había pactado con el Fondo tasas de interés positivas, algo que no llega a cumplir por el descalabro inflacionario. Pero el aumento de tasas de todas formas incrementa la bola de financiamiento en pesos del Estado y golpea la actividad económica.

Es que el acuerdo con el FMI condiciona al país por la vía de un trilema imposible de cumplir: tasas de intereses reales positivas (más altas que la inflación), reducción brusca de la emisión monetaria y sostenimiento constante del tipo de cambio real, lo que implica una devaluación mensual equivalente a la inflación del periodo anterior. Esta última condición es insoslayable ya que, en caso de cumplirse, colocaría a la economía frente a un espiral inflacionario -porque la devaluación para compensar el aumento de los precios motorizaría la inflación del mes siguiente.

La cuestión de la deuda cuasi fiscal del Banco Central se ha transformado en otro de los problemas de alta explosividad. Con más de 5 billones en Leliqs y pases, que este año implicarán el pago intereses por 3,4 billones de pesos (casi 30.000 millones de dólares al cambio oficial), su conversión en títulos del Tesoro sería un salto inabordable de la deuda en pesos, y su licuación mediante devaluación tendría las consecuencias hiperinflacionarias señaladas para cualquier salto devaluatorio.

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La encrucijada de las tarifas

Las tarifas son el otro gran punto de la encrucijada. El gobierno gastó en 2021 11.000 millones de dólares en financiar al conglomerado empresarial de producción de energía. A esto se agrega un tarifazo que para el promedio de usuarios llega al 43% pero que incluye un segmento de usuarios con mayor poder adquisitivo al que se le quitan totalmente los subsidios, que irá creciendo gradualmente y es fácil de manipular; y un aumento que se trasladará a precios de los grandes usuarios comerciales e industriales.

Pero las empresas energéticas reclaman un cambio de régimen. Como su objetivo de máxima, que es la dolarización de las tarifas, se demostró inviable bajo el macrismo, ahora piden “al menos” una indexación inflacionaria, que multiplicaría el tarifazo (y la inflación). Con los aumentos actuales y el aumento de costos de importación los subsidios pueden irse por sobre los 15.000 millones de dólares, y la balanza comercial energética arrojará un déficit importante.

El kirchnerismo cuestionó los tarifazos pero ahora los deja correr. Lo que nadie cuestiona es la caja negra de negociados en torno a la electricidad y el petróleo, un terreno donde pesan fuerte los pulpos de la burguesía nacional: Techint, Aluar, Mindlin, o Vila-Manzano. Nuevamente, como ocurre en el caso de la banca, los responsables del saqueo a las arcas estatales están en el establishment argentino. No se trata del país de origen del capital, sino de una clase parasitaria.

La cuestión de la quita de subsidios tiene también un alcance disruptivo para el oficialismo en relación a las provincias. Ocurre que el gobierno aprobó el proyecto zonas frías para reducir en las tarifas de gas para municipios bonaerenses, de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta. Ahora se produjo un reagrupamiento de provincias del norte que impulsa “zonas calientes” ampliando los subsidios a la electricidad en el norte el país, que carece de gas. Este proyecto agrupa, lógicamente, a sectores de gobiernos provinciales del norte del país, con peso en el Senado. Las oligarquías provinciales defienden regímenes de promoción industrial fuertemente subsidiados en sus provincias. La disputa por quién paga la crisis está a la orden del día, no sólo contra la clase obrera sino sobre qué sector de la burguesía misma.

La burguesía presiona por su agenda retaceando inversiones, lo cual acentúa el déficit energético y obliga a recurrir a la importación especialmente de gas, insumo clave para la generación de electricidad. Como condición para incrementar la producción las petroleras reclaman la libertad de girar utilidades y de exportación (entre las que hay que anotar a Techint). El gobierno anunció la firma de un convenio que flexibiliza el cepo a la remesas de actividades para el sector y viene aplicando aumentos sistemáticos de las naftas, pero la viabilidad de una política de concesiones parciales -como la que intentó el gobierno kirchnerista en 2015 con el pacto secreto con Chevron- está condicionada por la evolución de los precios internacionales, que actualmente han escalado por la guerra pero tienen una enorme volatilidad. Por otro lado, atrás de las petroleras se anotaron las patronales del neumático reclamando lo mismo, la flexibilización del acceso a los dólares para incrementar insumos de importación imprescindibles, lógicamente a precio oficial lo que les garantiza ingentes ganancias porque venden a precios inflados en pesos y aún en dólares.

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Choques internacionales

La cuestión de la energía es también otro campo de choques que involucran a la burguesía nativa y al imperialismo: es el que se produce entre China y Estados Unidos a propósito de las inversiones en el terreno. El kirchnerismo reclama la puesta en marcha de los proyectos de la central atómica Atucha III y AMBA 1 (un proyecto de mejoramiento de la red eléctrica del AMBA sobre la base de inversiones chinas); el primero requiere un financiamiento de 8.000 millones de dólares y el segundo de 1.100 millones. Denuncia el cajoneo de los mismos por parte del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, de relación fluida con el imperialismo norteamericano. Es que la aprobación del pacto con el Fondo Monetario coloca a la Argentina dependiendo de las revisiones trimestrales, o sea, como un peón del imperialismo, que está interesado en bloquear el avance de la presencia de China y por supuesto Rusia en la región. China, por su lado, tiene una presencia en proyectos de infraestructura pero rechazó ser una alternativa de financiamiento en caso de default con el FMI. La idea de una China abriendo oportunidades alternativas frente al imperialismo es inconsistente. Al revés, condicionó la viabilidad de sus inversiones a un acuerdo.

Otro terreno de negociados: el mercado interno

Otro terreno de negociados patronales a costa de la inflación es el mercado interno de las industrias protegidas por la importación. El avance inflacionario por sobre la devaluación ha producido una revalorización, medida en dólares, de las empresas que producen para el mercado interno y que tienen sectores protegidos. Estas ganancias se alimentan de los salarios de miseria (especialmente medidos en dólares) de la clase trabajadora.

Las  ganancias extraordinarias a costa de la inflación son una confiscación en favor de sectores concentrados de la burguesía nacional e incluso de sectores de presencia de capitales del imperialismo (como el mencionado neumático). Pero esta fuente de ganancias no se coloca como puntal de un proceso de inversiones, por un lado porque las patronales plantean que tiene fecha de finalización cuando se produzca una devaluación o con un planchazo del mercado interno, por otro lado, porque es dificilmente transformable a los dólares que requieren las inversiones de equipos y maquinaria importadas. Por esos mismos motivos las ganancias extraordinarias de estos sectores industriales tampoco las vuelcan decididamente en apoyo al gobierno.

Además, esta fuente de ganancias está amenazada en algunos sectores por la apertura comercial de Brasil, que opera como un factor para el ingreso de importaciones a través del Mercosur y, a su vez, como una presión para una mayor apertura comercial de la Argentina.

La vaca sagrada

Si el mercado interno es un terreno de grandes ganancias para determinados sectores capitalistas, más lo es el mercado externo, donde el aumento de los precios de la soja, el trigo y otros productos empuja un raid alcista en las ganancias del sector agrario, sin que haya por el momento ni retenciones ni impuesto a la ganancia inesperada que lo cuestione. Estas ganancias son el resultado de la renta extraordinaria producto de la guerra e impulsan un aumento de precios del mercado interno, que está fuera de control y se concentra en los alimentos. Están produciendo una redistribución regresiva del ingreso, de los sectores populares y la clase obrera que consume alimentos hacia las grandes patronales del campo y los pulpos que manejan la exportación agraria (que se concentra en unas diez grandes empresas con primacía de las transnacionales como Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco).

Los proyectos del gobierno para abordar la situación están cajoneados en el Congreso o van camino al fracaso. El impuesto a la ganancia inesperada de Guzmán no avanza, más allá de que iría a pagar al Fondo Monetario. El intento de formar el fideicomiso del trigo se chocó con la oposición de la cámara de molineros, cuyas empresas no están dispuestas a rifar las ganancias seguras del comercio que manejan en función de subsidios estatales de pago incierto. Los controles de precios son el fracaso más rotundo. El sector agrario gana por goleada y el tributo inflacionario a sus ganancias se paga hasta en las barriadas más explotadas.

Pero tampoco estas superganancias llevan conformidad a las patronales que, por supuesto, quieren más: reclaman la eliminación de las retenciones, cuya reducción plantea el proyecto de Carrió y diferentes sectores de la oposición, la unificación del mercado de cambios para poder liquidar divisas al valor del blue, y por supuesto la libertad para girar utilidades, una práctica que llevan adelante a través de diversos mecanismos legales, semilegales e ilegales, como lo mostró el caso Vicentín.

Divisas, ¿hasta fin de año?

El aumento de los precios del agro y el récord de exportaciones no redundó en una acumulación de divisas a la altura de las circunstancias para el gobierno nacional. En efecto, a pesar del aumento de los ingresos por exportaciones, que alcanzaron en abril 8.300 millones de dólares (un saldo de 1.444 millones a favor según el Indec), la acumulación de reservas del Banco Central corre a una escala muy inferior: en abril sólo tuvo un saldo neto de compra de divisas por 160 millones de dólares. Aunque la acumulación de divisas se potenció en mayo, y tendrá un veranito hasta junio por la liquidación de la cosecha, la gran duda es si se llega a fin de año asegurando la provisión para el comercio exterior y los giros de pagos de deuda pública y privada y, bastante más difícil todavía, cumplir con el compromiso de acumulación de 5.000 millones de dólares suscrito con el FMI.

La presión sobre las reservas impulsa los planteos en favor de la devaluación de la moneda. La acumulación de reservas es uno de los requisitos que plantea el FMI en el acuerdo, para poder cobrar los desembolsos. Una corrida cambiaria desatada por el vaciamiento de reservas podría golpear en la línea de flotación del gobierno y terminar de darle el golpe de gracia a la crisis, por su tendencia a transformarse rápidamente en corrida bancaria que afecte la tenencia de los depósitos en dólares a los que ya se echó mano en meses anteriores. El Fondo es claramente el árbitro de esta situación, pudiendo rechazar los desembolsos y empujando al gobierno a llegar a las elecciones en un cuadro de corrida cambiaria o franco default.

La presión sobre las divisas viene no solo de los pagos de la deuda pública y privada, de las tendencias a la fuga de capitales que limita la oferta y amplifica la demanda, sino además de un fuerte aumento de las importaciones de combustibles debido al alza de precios del gas y de la presión en favor de aumentar las importaciones de insumos y bienes finales, sobre la base de una expectativa de devaluación. La limitación de ventas tiende a reducir el uso de la capacidad instalada de la industria y provoca choques con numerosos sectores, por ejemplo, las automotrices. La subdesarrollada industria argentina es fuertemente dependiente de insumos básicos importados.

Por otro lado, los múltiples tipos de cambio son un terreno de manipulación de la gran burguesía para obtener ganancias especulativas. Es lo que ocurre con la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, y también con los negociados del capital bancario, al que se le facilitan dólares al cambio oficial en ciertas condiciones.

Pronósticos

Este panorama abre pronósticos alternativos. La suerte del gobierno depende en gran medida de que un acuerdo con el FMI cuyas metas no está en condiciones de cumplir sea avalado por el organismo, o mediante waivers (perdones) o avalando excepciones parciales o maquillajes contables. El gobierno se vale del sostén del imperialismo en un cuadro de una Latinoamérica convulsiva, en la cual el gobierno de Fernández es aún un factor de estabilidad, y su tándem con Guzmán un dique de contención para un mayor avance del kirchnerismo.

Este escenario, sin embargo, depende de una estabilidad en el mercado de cambios que está condicionada por numerosos factores, como la evolución de los precios en el mercado mundial, el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, la posibilidad del gobierno nacional de refinanciar la deuda en pesos o de absorber la emisión, entre otros factores. En el terreno político, está fuertemente condicionada por la evolución de la lucha de clases. Una modificación de estas variables podría empujar a una crisis hiperinflacionaria, que terminaría de sepultar al gobierno obligando a la convocatoria a elecciones adelantadas.

En el mejor de los casos para el gobierno, estaríamos de todas maneras frente a un nuevo año de deterioro del salario real, con crecimiento de arrastre de 2021 que se iría transformando lentamente en recesión y con reservas al límite sosteniendo un esquema de importaciones en un cuadro de una devaluación “controlada”. El “mejor escenario” para el oficialismo es una acentuación del ajuste contra las masas, pero esto sería un incentivo muy fuerte a la lucha de clases que fermenta en sectores diversos de los trabajadores como lo demostró la Marcha Federal de la Unidad Piquetera y que ha empezado a producir paros por ahora parciales y aislados en diferentes gremios. Este es el terreno de intervención de los socialistas.

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