“Ya avisó: no está dispuesto a caer solo” (La Nación, 9/9).

Sergio Schoklender, en efecto, ha lanzado públicamente un operativo de extorsión ante la posibilidad de quedar detenido por la estafa cometida por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con dineros públicos. Es una extorsión mafiosa que golpea, con toda su porquería, muy cerca de la línea de flotación de un gobierno corrompido hasta los huesos. Y ha logrado un primer éxito: el juez Norberto Oyarbide, después de permanecer largamente sentado sobre el expediente, reactivó la causa aunque, de todos modos, nada se resolverá hasta después de las elecciones de octubre.

En principio, un escrito presentado por Schoklender en el juzgado se refiere a contratos de su empresa Meldorek con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el intendente de Tigre, Sergio Massa; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el de Buenos Aires, Daniel Scioli. También dice que en los aviones de Meldorek viajaban la ministra de Industria, Débora Giorgi, Capitanich y Pablo Moyano.

En otra parte de su denuncia, Schoklender señala que la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra, ejecutó operaciones inmobiliarias por 470 mil dólares, que compró una vivienda en 300 mil dólares y un departamento en 90 mil, que luego vendió en 20 mil… a Meldorek. También habla de cuentas aún activas de Madres en el exterior, y advierte que tiene “mucho más para decir”.

Sobre todo, Schoklender apunta contra el ministro de Planificación, Julio de Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; y el de Vivienda, Abel Fatala. Ese es el punto más sensible en este caso para el gobierno K.

Al mismo tiempo, Schoklender admitió que Meldorek es suya, pero, según dijo, repartió las acciones entre sus socios Alejandro Gotkin y Gustavo Seventich, “y otros que van a causar sorpresa”. Esa amenaza debe haber alterado la digestión de más de uno en el gobierno.

Porquerías conocidas

Las denuncias de Schoklender, sin embargo, sólo remueven porquerías conocidas. La primera, que el gobierno nacional envió 765 millones de dólares a las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas y centros de salud. Ese dinero, en gran parte, fue desviado, malversado, robado, sin que el Ministerio de Planificación -responsable de controlar su manejo- abriera la boca. Aunque por un monto menor, el sayo le cabe también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Incluso, Planificación firmó certificados falsos de avance de obra, que daban por hechos trabajos que no se habían ni empezado, para, de esa manera, habilitar nuevos giros de dinero.

Véase en qué ha transformado la cooptación política del Estado a una institución histórica de defensa de las libertades, como Madres de Plaza de Mayo: en una empresa corrompida, que debe ser defendida de los reclamos de sus obreros por la Guardia de Infantería de la Policía Federal.