La inflación de junio, según el Indec, fue de 5,3%, lo que consagra una interanual del 64%, e indica que continúan preservándose los altísimos niveles inflacionarios. Las políticas fondomonetaristas que aplica el gobierno no hacen más que echar leña al fuego de esta escalada que horada el bolsillo popular, mientras los salarios se mantienen por detrás de estos índices. Continúa la destrucción del poder adquisitivo a manos de la inflación, que ahora también se ve apuntalada por la corrida cambiaria.

La salida de Feletti y Hang de Comercio Interior no han roto con las infructuosas iniciativas oficiales para controlar los precios. El desembarco de Batakis en el Ministerio de Economía ha reforzado el camino emprendido, algo de lo que da cuenta el recorte a la canasta de los productos que integran el programa Precios Cuidados, la autorización a los supermercadistas para aumentar los precios de los mismos y la negativa a aumentar las retenciones a las patronales del agro mientras recrudece el ajuste del gasto público. De esta manera, el gobierno continúa acicateando los aumentos de precios, que ya vienen presionados por el cepo a las importaciones y las constantes remarcaciones especulativas, cediendo a las exigencias de las patronales que extorsionan con el desabastecimiento, lo que lo desenmascara como el principal formador de precios.

El oficialismo está haciendo todo lo posible para que se cumplan los índices inflacionarios que vaticinan las estadísticas, ya que defiende una agenda inflacionaria a la medida del FMI, compuesta por tarifazos en los servicios, aumentos en los combustibles y devaluación de la moneda. Es en este sentido que el panorama para julio viene con una batería de aumentos en los precios, gran parte de estos en el terreno de los “precios regulados” por el Estado, como gas, electricidad, telefonía, internet, televisión por cable, agua, transporte público, y prepagas, además de una inflación de casi un 8%, que va a acrecentar también los índices anuales esperados.

Mientras tanto, el gobierno continúa pronunciando un ataque discursivo contra las alimenticias pero manteniendo inalterable el ordenamiento económico al servicio de los capitalistas formadores de precios y de aquellos que concentran la tierra y el complejo agroexportador, sin ningún tipo de plan alternativo, como bien podría ser la apertura de los libros de las empresas involucradas en toda cadena comercial y el fin del control privado del comercio exterior.

De esta forma, encubren también la guerra que le declararon a los salarios. El Consejo del Salario resolvió un mísero 45% de aumento en cuatro cuotas del salario mínimo, un 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre, con lo que se ubicaría en $47.850 (por debajo de la línea de indigencia). Es decir que lo que se cobró hasta ahora es tan solo un 28% de aumento, frente a una inflación que ya acumula un 36,2% en lo que va del año, según los datos del Indec. Así, el gobierno tuvo que reconvocar una nueva reunión del organismo frente a la escalada inflacionaria y a las contundentes medidas de lucha.

A su vez, del salario mínimo dependen los programas sociales (el 50% del ingreso de referencia), los trabajadores precarizados y no registrados. A este problema también se agregan los jubilados que cobran la mínima, que percibieron un aumento del 12% en mayo y del 15% en junio (27%), ubicando a la jubilación mínima en $37.524,96, por debajo de la línea de indigencia, al igual que los trabajadores no registrados, que perciben un salario promedio de $27.301.

En tal sentido es que se anota la insistencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de suprimir las discusiones paritarias y avanzar hacia el otorgamiento de aumentos por decreto, mientras encabeza un ataque despiadado contra el movimiento piquetero que lucha en las calles contra el hambre y la pobreza. La CGT, en tanto, sigue deshojando la margarita con la convocatoria a una movilización para el mes de agosto por el terror que le tiene a la exigencia de un paro nacional por parte de los trabajadores, quien ven cada vez más pulverizado su salario, su poder adquisitivo y sus condiciones de vida. A su vez, el inmovilismo de las centrales obreras sirve como sostén del gobierno, el cual ya da cuentas de que recrudecerá el ajuste en el segundo semestre.

A este derrumbe sin precedentes hemos llegado por la complicidad de las burocracias sindicales y su cheque en blanco a un gobierno ajustador. La lucha del movimiento piquetero ha puesto sobre la mesa la urgencia de una recomposición salarial genuina, que lleve el salario mínimo a la canasta básica familiar, y la necesidad de un paro nacional para que los trabajadores se abran paso e intervengan como un factor propio y de manera independiente en la crisis, superando al peronismo y a todos los partidos patronales que están hundiendo al país.

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