La aceleración inflacionaria de febrero fue particularmente desbocada en el caso de los alimentos, alcanzando un 7,5%- constituyéndose en la más alta de los últimos cinco años. Esta realidad golpea principalmente sobre los sectores con menores ingresos, cuya canasta de consumo está compuesta en mayor medida por productos de primera necesidad, con lo que pegarán un salto los índices de indigencia y de pobreza en Argentina.

Con muy poco sentido del ridículo, la reacción de Alberto Fernández frente a estas cifras alarmantes fue prometer una “guerra” contra la inflación a partir del viernes, cuando la problemática se viene arrastrando desde hace tiempo. No obstante, la única “guerra” que lleva adelante el gobierno de manera impenitente es la que viene librando contra el poder adquisitivo de los sectores populares. Mientras el índice de precios en alimentos subió un 12,8% en apenas dos meses del 2022 -y un 14,2% en el caso del Amba-, el oficialismo le ofreció a los jubilados un aumento del 12,28% recién en marzo y no recibirán otro hasta mayo. A su vez, fijó un aumento miserable del 45% para el salario mínimo, cuando este acumula una pérdida real en los último seis años del 30% y la inflación de este año no bajará del 55%.

El ímpetu que muestra el gobierno a la hora de hundir los ingresos de los trabajadores contrasta con las tibias medidas que ha tomado para controlar los precios, cuyo fracaso salta a la vista. Sin ir más lejos, el “congelamiento” impuesto por Feletti ni bien asumió luego de las Paso no impidió que en los últimos cinco meses la inflación trepara un 19,8%, superando el índice del 16,4% acumulado durante los cinco meses previos. Sumado a esto, tenemos el programa Cortes Cuidados que jamás logró evitar ningún aumento; y, mientras por ejemplo el kilo de carne picada escaló un 11,7% en febrero el gobierno no hace más que beneficiar a la industria frigorífica manteniendo su estructura monopólica y desregulando cada vez más las exportaciones del sector. A pesar de este balance lapidario, “la guerra contra la inflación” que proclamó Alberto Fernández se reduce a la reedición de dichas políticas, descartado avanzar en otras más radicalizadas.

En febrero, la inflación en alimentos fue particularmente encumbrada en el caso de las hortalizas (72,7% la lechuga, 40,8% el tomate, 30,8% la cebolla) y los huevos de gallina (22,5%). Al igual que las primeras, cuya situación específica ya detallamos en estas páginas, la producción ovícola también se realiza a pequeña o mediana escala, presenta un alto grado de desconcentración (existen mil granjas dedicadas a ello) y no repercuten demasiado en el precio local factores como la remarcación que realiza la industria alimenticia (entre el 88% y el 95% de lo producido se vende “al fresco”) y los precios internacionales, dado que entre el 94% y el 98% se consume en el mercado interno. Lo que sucedió fue que la producción de huevos cayó estrepitosamente este verano debido a la ola de calor que produjo gran mortandad en las gallinas ponedoras, con lo cual, el encarecimiento del maple responde a una disminución en la oferta, y, al tratarse de un insumo base de la cadena alimenticia, tiene efectos en otros productos.

Ahora bien, al igual que ocurre con las hortalizas, que los factores climáticos tengan semejante nivel de incidencia en la oferta de huevos obedece a cierta precariedad imperante en las unidades productivas. Según datos del Inta, para que la producción ovícola sea sustentable en el tiempo son necesarias más de 60 mil aves, sin embargo, el promedio de gallinas por granja llega a 40 mil y solo una de cada 6 tiene más de 100 mil, el 37% son unidades pequeñas que poseen entre mil y 2.000 aves. A su vez, los productores se hallan a merced del precio internacional del maíz -hoy en alza-, puesto que es el alimento principal de las gallinas. Con todo, el gobierno nacional bloquea el desarrollo de este sector, retaceando las líneas de crédito y restringiendo su acceso, en pos de promover las ramas de exportación y el agronegocio, fuente de divisas para el pago de la deuda. Es decir, no da ninguna respuesta que permita recomponer y ampliar la oferta de huevos para morigerar su precio.

Distinto es el caso de los cítricos, cuyos precios también se dispararon en febrero -27% el limón y 19,8% la naranja- aduciendo una caída en la oferta como consecuencia de la sequía y los incendios que azotaron al litoral, donde se encuentra la mayoría de las plantaciones. Sin embargo, continuó con total normalidad la exportación de estos productos, principalmente a los países del viejo continente dado que Argentina es el principal proveedor de limones de la Unión Europea y el cuarto en el caso de las naranjas. El rubro está liderado por grandes empresas como Ledesma, la española La Moraleja, FGF Trepani, la estadounidense Critomax, entre otras, las cuales, además de incrementar sus ganancias a partir de mantener a los trabajadores rurales sumidos en la miseria, son responsables de desabastecer el mercado local destinando el grueso de su producción al negocio exportador; lo cual repercutió en el precio minorista de los cítricos. Alberto Fernández, acostumbrado a ceder ante los intereses del gran capital, no movió un dedo para revertir esta situación.

El mismo carácter propatronal tendrá la intervención del gobierno frente al encarecimiento del trigo, cuyo precio internacional crece a ritmo galopante desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y los capitalistas locales que intervienen en la cadena de trigo buscan trasladar esa suba al mercado interno. Cada uno de los eslabones se encuentra sumamente concentrado: el 10% de los productores ocupa el 53,4% del área sembrada, solo 10 empresas concentran el 94,9% de las exportaciones, el 4,7% de los molinos se encarga del 50,4% de la industrialización y apenas 5 empresas acaparan 76,5% de la producción anual de pastas secas (BAE, 16/3). Frente a que la harina 000 ya subió un 19%, impactando en los panificados, el oficialismo, en lugar de avanzar en una desmonopolización de todo el esquema mencionado, crea un fideicomiso para subsidiar a estos mismos pulpos.

Finalmente, la única guerra posible contra la inflación es dar lugar a una producción de alimentos planificada en función de las necesidades sociales. Esto significa estatizar la tierra bajo control popular (de trabajadores y campesinos) y orientar el crédito del país hacia la obtención de una mayor productividad del suelo a partir de crear una banca única estatal dirigida por la clase trabajadora. Al mismo tiempo, debemos nacionalizar bajo control obrero el complejo agroexportador y la industria alimenticia y abrir los libros de toda la cadena de valor a fin de evaluar los costos reales. En el camino, luchemos por un salario mínimo de $130 mil, paritarias con aumentos indexados a la inflación y la eliminación de impuestos al consumo como el IVA. Así, de una buena vez, como dice el poema de Neruda, “el pan de cada boca llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo, no para un hombre sino para todos”.

 

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