El Indec publicó este martes el valor de las canastas de pobreza e indigencia. La primera, tras aumentar un 15,8% en relación a enero, ascendió a $690.902; mientras que la segunda, con un incremento del 13,1%, se ubicó en $322.851. Ambas canastas corren por delante de los ingresos de los trabajadores. Hay que apagarle la motosierra a Milei antes de que la situación empeore.

La canasta de pobreza quedó más de dos puntos por encima de la inflación de febrero, índice que registró subas importantes en Comunicación (24,7%), Transporte (21,6%) y Vivienda (20,2%). La suba en el precio de los alimentos se moderó, aunque hay productos que treparon hasta un 60%. En CABA, según el gobierno porteño, la canasta de pobreza se fue a $814.017 y la de indigencia ascendió a $419.844.

En paralelo, los salarios están sufriendo un deterioro muy marcado. Según datos oficiales, el ingreso promedio de los trabajadores fue en enero de $555.269 –24 puntos por debajo de la canasta de pobreza, que, cabe destacar, no tiene en cuenta el costo del alquiler.

El salario mínimo –referencia para las patronales que contratan trabajadores en negro–, por otro lado, está en $202.000, o sea por muy por debajo tanto de la línea de indigencia como de la de pobreza.

Los salarios registrados, según el Ripte, perdieron un 18% de poder adquisitivo. “No hay antecedentes de un retroceso de esa magnitud. Para dimensionar, a lo largo del 2002, año posterior al estallido de la crisis de diciembre de 2001, la contracción salarial fue apenas superior al 26% durante período mucho más prolongado” (La Política Online, 8/3).

Este retroceso salarial insoportable es lo que está en la base del proceso de organización y de lucha de trabajadores por aumentos salariales y contra los despidos que se viene abriendo paso.

El cuadro promete agravarse toda vez que el gobierno de Milei tiene en carpeta avanzar en nuevos tarifazos y echa leña al fuego de las tendencias devaluatorias. Esto, en medio de una crisis social catastrófica: casi el 60% de los trabajadores argentinos es pobre y casi 2 millones de niños viven en la indigencia.

Mientras se hace cada vez más difícil llegar a fin mes, el gobierno criminal mantiene su política de recorte del envío de alimentos a los comedores populares.

Entretanto, los bancos están cubiertos con bonos atados al tipo de cambio y a la inflación y los monopolios capitalistas obtienen importantes ganancias explotando trabajadores y remarcando los precios de los productos que están en las góndolas con la venia del gobierno “libertario”.

La lucha por trabajo genuino y por salarios, haberes jubilatorios y planes sociales equivalentes al costo de vida e indexados a la inflación es imperiosa.

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