Un grupo de personalidades que reivindican su pertenencia al kirchnerismo, entre los que se destacan Estela Carlotto y Raúl Zaffaroni, han realizado una convocatoria para defender “un piso mínimo por la democracia y el pluralismo”. En el texto convocante se denuncia la persecución política del gobierno contra la oposición, en clara alusión a las detenciones de De Vido y Boudou, y el intento de copar la Justicia y, en particular, la Procuración General, luego de la renuncia de Gils Carbó.

 

No cabe duda que el accionar de la Justicia se dirige contra los funcionarios del gobierno anterior, algo que salta más a la vista cuando surgen denuncias contra ministros de la actual administración por sus sociedades offshore que actúan como proveedoras del Estado argentino. Sin embargo, esta acción tendenciosa de la Justicia no elimina ni por un momento la responsabilidad del gobierno anterior en hechos gravísimos de corrupción, que estuvieron lejos de reducirse a casos aislados. Los Boudou y, por sobre todo, los De Vido fueron partícipes del saqueo del Estado llevado adelante con el propósito de ‘reconstruir a la burguesía nacional’. Este saqueo tuvo su manifestación más brutal en el crimen de Once, cuya trama de responsables es la misma que cometió el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La falta de condena política a estos hechos por parte de sus organizadores convierte a la convocatoria en un acto de encubrimiento o, para ser más exactos, de autoencubrimiento.

 

Los firmantes pasan por alto, además, que la Justicia que actúa ahora como brazo político-represivo del macrismo es la misma que protegió al kirchnerismo durante sus doce años de gobierno. La camarilla de los jueces federales, llámense Lijo, Bonadío u Oyarbide, aseguraron la corruptela oficial y hasta fueron parte de maniobras contra opositores políticos, incluso en vísperas de las elecciones, con el propósito avieso de influir en su resultado. Por caso, las denuncias, luego reveladas como falsas, contra Enrique Olivera y De Narváez, a sólo días de las elecciones, fueron difundidas desde el kirchnerismo con la complicidad de los mismos jueces federales que ahora se han pasado en masa al macrismo.

 

La mención en la convocatoria a un “piso mínimo de acuerdos” no es casual. Forma parte de la intención de subordinar al kirchnerismo a partidos y fuerzas políticas y sociales que se declaran independientes, tanto del gobierno actual como del anterior. Para ello, incluso, el kirchnerismo ha decidido no dar la cara sino recurrir a personalidades de mayor consenso social que sus propios integrantes. Se trata de una maniobra de corto vuelo, condenada inexorablemente al fracaso. Mientras se plantea un “piso mínimo” de acuerdos, los sindicatos ligados al kirchnerismo, como es el caso de Atilra, acaban de entregar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores lecheros. Y los intendentes que conformaron con Cristina Kirchner la Unidad Ciudadana están negociando con el senador Miguel Pichetto y compañía viabilizar el paquete ajustador de Macri y Vidal. En estas condiciones, el “piso mínimo” se reduce a un pedido de salvación de la camarilla kirchnerista responsable de actos de corrupción. En vez de ser una convocatoria en defensa de los trabajadores, es un llamado a los trabajadores a que los salven a ellos.

 

El Partido Obrero está muy lejos de negar la política represiva del macrismo. La conversión del Poder Judicial en una fuerza disciplinadora de la oposición va en la línea de avanzar en este verdadero plan de guerra contra el pueblo anunciado por Macri. Pero la condición para denunciar este plan y, sobre todo, para enfrentarlo con éxito, es la más completa delimitación del kirchnerismo, una fuerza que, por el accionar desarrollado sobre sus propias premisas, se ha ganado el rechazo de una parte mayoritaria del pueblo argentino. La derrota en las tres últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires (2013-2015-2017) son una prueba irrefutable de ello.

 

Denunciamos la persecución política del macrismo y la pérfida acción judicial, que incluso se arroga el derecho de pisotear al Congreso Nacional, como ocurre con la causa del Memorándum con Irán, al cual desde el PO rechazamos y combatimos políticamente en su momento, pero de ningún modo la Justicia tiene atribuciones para declararlo ilegal o juzgarlo como un acto delictivo. Nuestro repudio a la judicialización de la política, en tanto injerencia de un poder no electo por el pueblo en decisiones que corresponden al Parlamento, no debe confundirse con la impunidad de los funcionarios corruptos.

 

La lucha contra la ofensiva macrista reclama la completa independencia con un kirchnerismo en estado de descomposición. Esta es la estrategia del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda.