Políticas
25/10/2024
La Policía de Córdoba envuelta en otro escándalo narco, pero Llaryora y Bullrich elogian su política de “seguridad”
Una fuerza en descomposición.
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Llaryora y Bullrich.
El gobernador Martin Llaryora posó para la foto junto a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, durante la realización del Consejo Federal de Seguridad. El mencionado evento se hizo en un marco en el que los gobiernos nacional y provincial continuaron mostrando sus coincidencias; en este caso elogiaron una política que está lejos de resguardar los intereses de la población trabajadora.
Las coincidencias en los gobiernos de Nación y provincia pavimentaron el desembarco a Córdoba de la DEA, la agencia norteamericana que da muestras de que convive con el narco y hasta lo utiliza como excusa para intervenir en el país.
El peronismo cordobés refuerza año a año el aparato represivo pero la inseguridad sigue creciendo. El aparato policial está descompuesto y vinculado con el crimen organizado. El nuevo narco escándalo es un ejemplo concreto de esta realidad, denunciada sistemáticamente por el movimiento antirepresivo en Córdoba.
Otro escándalo narco en la policía
El fiscal Klinger, días atrás, ordenó la realización de 12 allanamientos e imputó a 10 personas por asociación ilícita y otros delitos. Además, detuvo a seis uniformados y a dos informantes de la Fuerza Policial Antinarco. Todo surge de una causa anterior, en la que no coincidían las cantidades de drogas declaradas como secuestradas con las cantidades existentes en los depósitos judiciales; faltaban 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína.
La investigación determinó que la FPA manejaba la droga en forma ilegal y se la entregaba a los “dateros”. Estos no señalaban los puntos de venta sin recibir la droga acordada. También fue acusado de “encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad” un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje.
Por su parte, el exjefe de la brigada de la FPA de la sede de Cruz del Eje, Mauricio Oyola, fue imputado por los delitos de violación de prueba a título culposo reiterado; y por encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad. Además, Néstor Márquez, el jefe de la brigada de Deán Funes, quien era jefe de la brigada de Cruz del Eje, está detenido. Se suman los hermanos de Sandra Ruiz, a quien se apartó del cargo en la secretaría del fiscal general Delgado.
El peronismo provincial, que gobernó la provincia en las últimas décadas, ha fracasado en terminar con las relaciones entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Incluso el propio Martin Llaryora tendría una serie de denuncias por narcotráfico que no avanzan. Según la oposición, el gobernador ya habría tenido implicancias con el narco en San Francisco.
Mientras tanto, fuerzas federales colaboraran con la provincia para “combatir el lavado y el narcoterrorismo”. Pero los acuerdos entre las carteras de Bullrich y Quinteros reafirman el pacto de Llaryora con Milei. Los que llaman a intervenir con las fuerzas militares, mientras criminalizan la protesta y persiguen a los luchadores, son los mismos que blanquean el dinero del narco. El mes pasado tuvimos la noticia de que “Calavera” Pelozo, el narco rosarino, abrió su primera empresa en Córdoba, un supermercado según publicó La Voz. Como puede verse, este es un tema de competencia nacional.
Este nuevo escándalo de las fuerzas de seguridad, del aparato represivo, de la política del gobierno, expresan de manera directa la naturaleza del Estado: representa los intereses de los monopolios, los bancos, ¡y los carteles! La descomposición de los gobiernos y sus aparatos represivos es total.
Llaryora ha seguido al pie de la letra el plan motosierra de Milei, degradando las condiciones de vida de la población, y también el plan represivo y persecutorio de Bullrich, que ataca directamente las libertades democráticas y a las organizaciones como el Polo Obrero. Esto termina favoreciendo al narco, porque recluta soldaditos de las barriadas populares castigadas por el hambre y el cierre de comedores populares.
Milei y Llaryora son responsables del avance del narcotráfico en la provincia y el país. Es necesario terminar con este plan de ajuste, represión y pro narcos.
En este punto, la campaña lanzada por el Partido Obrero por el “fuera Milei” es una consigna que expresa una tarea clave para todo el movimiento obrero y popular. Es necesario reagrupar fuerzas para enfrentar y derrotar al gobierno liberfacho y abrir un rumbo diferente en función de los intereses de los trabajadores.
Desmantelemos el aparato represivo, elijamos y revoquemos popularmente a los jueces y fiscales. Terminemos con la relación entre el Estado y los carteles que son beneficiarios del blanqueo de Milei nacionalizando la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. La permanencia de Milei es incompatible con las necesidades populares. Preparemos la huelga general construyendo una nueva dirección del movimiento obrero. Solo un gobierno de trabajadores podrá llevar a la victoria todos los reclamos populares de la etapa y defender irrestrictamente las libertades democráticas.
