Martín Guzmán fue muy claro cuando, en la conferencia de prensa tras el canje de la deuda, llamó a los gobernadores a reestructurar sus propios pasivos ya que “cada provincia que tiene un problema de endeudamiento en dólares le genera un problema al resto de la economía, porque hay una sola caja”. O sea, el problema no se reduce a que las finanzas distritales no alcanzan para hacer frente a los vencimientos, sino que incluso amenazan con dejar en 0 las reservas internacionales el Banco Central.

Esa es la preocupación principal en el gobierno nacional, y es el telón de fondo de las renegociaciones que casi la mitad de los gobernadores ya anunció, por una suma total por encima de los 13.000 millones de dólares. En efecto, el pago de las hipotecas provinciales es un factor de fuga de divisas constante, y la situación es cada vez más crítica ya que tras la fuerte caída de agosto las estimaciones privadas estipulan que las tenencias líquidas del Central no superan los 3.000 millones de dólares (La Nación, 3/9).

Pero más allá de las garantías de repago que Guzmán y Alberto Fernández tienen que presentar al FMI, el cuadro de las arcas provinciales es penoso. La devaluación del peso (que acumula un 24% en el año según el tipo de cambio oficial) multiplica a su vez el peso de las deudas en moneda extranjera sobre los ingresos provinciales, una proporción que para fines del 2019 era del 52%, mientras que la carga de intereses ascendía al 5,1% del gasto primario (cerca del promedio de los presupuestos asignados a salud).

La ecuación voló por los aires con la caída de la recaudación tributaria en medio de la brutal recesión económica. Esto vale tanto para los impuestos que recauda cada distrito (principalmente Ingresos Brutos), como especialmente para la coparticipación sobre los gravámenes nacionales, que representan más del 70% de los recursos de las provincias. En los primeros ocho meses del año, los giros se ubican 185.000 millones de pesos por debajo de lo presupuestado, promediando una variación interanual cerca de 12% por debajo de la inflación (El Cronista, 2/9). Esto se explica fundamentalmente por la caída del IVA, del 30% en términos reales (es decir, descontando la inflación), lo cual es un testimonio del derrumbe del consumo.

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Por lejos, la porción mayor de la deuda que se encuentra en proceso de renegociación es la de Buenos Aires, que implica títulos por más de 7.000 millones de dólares. El gobierno de Kicillof prorrogó hasta el 11 de septiembre el período para que los bonistas acepten el canje, pero no pareciera que fuera a cerrarse un acuerdo para esa fecha. Al camporista lo condena el ridículo recule de principio de año, cuando terminó pagando en efectivo 270 millones de dólares al fondo Fidelity -luego de asegurar que no podía pagar. Ahora las apuestas de los acreedores son a que Kicillof mejore su oferta de canje, borrando la pequeña quita de capital del 7%, reducir el recorte de los intereses y comprimir los plazos de amortización.

El mismo 11 de septiembre es la fecha hasta la extendió su propuesta el gobierno de Mendoza por cerca de 600 millones de dólares. El gobernador radical Rodolfo Suárez eliminó la quita de capital que figuraba en su primer oferta, y con ello aspira a elevar el nivel de aceptación hasta alcanzar el 75% que se requieren para activar las cláusulas de acción colectivas. Probablemente este sea el ejemplo que los bonistas buscan imponer, en los que más que una reestructuración de las deudas se efectúe un simple “reperfilamiento”, lo que significa solo estirar un poco en el tiempo el cronograma de vencimientos, pero manteniendo todo lo posible el capital y los intereses usurarios.

Otros episodios a considerar son los de Chubut y Neuquén, cuyos gobiernos intentan canjear aproximadamente 700 y 900 millones de dólares respectivamente. La particularidad de estos casos es que tienen hipotecados los ingresos por regalías petroleras, mecanismo por el cual los fondos se aseguran el cobro de los vencimientos. La caída de los ingresos por la paralización de la producción y la caída de los precios internacionales del crudo hizo que la proporción destinada al pago de servicios devorase estos ingresos vitales. El cuadro se agravará con el previsible fin del llamado barril criollo. Este esquema coloca a los gobiernos de Mariano Arcioni y Omar Gutiérrez en la palma de la mano de los bonistas. Es lo que se patentiza en el caso de Chubut, que está en cesación de pagos con sus trabajadores.

En otros casos, como el de Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti optó por seguir pagando en tiempo y forma los intereses de la deuda mientras abre un proceso de renegociación, por cerca de 1.700 millones de dólares. Se trata de una deuda que creció un 1.000% en los últimos años. Aquí, como garantía de repago, se analiza hipotecar los ingresos por coparticipación o incluso recursos propios. En resumen, sería que el ajuste que ya sufren trabajadores y jubilados se aplique de manera “automática” cuando lo requieran los vencimientos.

El caso de Salta, donde Gustavo Sáenz pretende canjear bonos por 400 millones de dólares, es ejemplificador de lo fraudulento de estos rescates, ya que se trata de dos títulos que apenas se utilizaron para financiar las obras para los cuales fueron emitidos. El pelotón se completa con Río Negro, La Rioja, Entre Ríos, Jujuy y Tierra de Fuego. La única soga que Alberto Fernández le tiró a los gobernadores es a cuenta de los jubilados, ya que viene de prorrogar los vencimientos de una deuda por 100.000 millones de pesos que tienen los distritos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, a la espera de la sanción de una ley que va a habilitar una refinanciación -es decir que se prepara un monumental pagadiós contra el sistema previsional. El acuerdo con el FMI va a terminar de delinear la hoja de ruta de un ajuste que será implementado en simultáneo por todos los gobiernos.

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