En medio de la guerra con la Justicia que presentó en el discurso de apertura legislativa, Alberto Fernández ha entregado a Marcela Losardo, ministra del ramo y una de las personas más directas de su confianza. Un nuevo golpe a la autoridad presidencial luego de la caída de Ginés, de Bielsa en vivienda, de Nilsen en YPF o Lanziani en energía.

Que avanza la camarilla kirchnerista es claro, también que ninguna solución a los trabajadores llegó de la mano de los nuevos ministros. Al contrario, tarifazos en naftas y energía, cero vivienda después de Guernica y más padecimientos en salud y vacunas. En este caso, no esperemos tampoco nada para terminar con los femicidios, las barbaridades de Insfrán, el esclarecimiento del crimen de Facundo o la impunidad de los represores. La cosa pasa por otro lado.

El punto es que el gobierno de los Fernández no encuentra el camino para lograr el salvataje de la camarilla pejota-kirchnerista de la maraña de causas judiciales por distintos aspectos de la corrupción de la política capitalista, en especial las relacionadas con los negociados de la patria contratista (vialidad, etc.). Apuntemos. ¿La defensa cerrada de Insfrán por todas las alas del kirchnerismo no tiene que ver con tapar su vinculación directa con la causa Ciccone, cuando puso los primeros millones para la operación? Con seguridad es un motivo más.

Pero están empantanadas varias de las reformas enviadas por el propio gobierno: la reforma del Ministerio Público Fiscal para remover al jefe de fiscales Casal, la llamada “reforma judicial” (que Cristina dijo que “no es tal”), más aún la ampliación de la Corte. Por eso el Presidente anunció la creación de otro tribunal de garantías para quitar atribuciones a la Corte Suprema y el leal faldero de Cristina, Oscar Parrilli, propuso una comisión bicameral de control de la Justicia, un bolazo “poco” constitucional carente de perspectivas.

Se sabe, el macrismo golpeado por el fracaso de su gobierno y las divisiones internas, ha encontrado en la cuestión de la Justicia y su “independencia” un caballito de batalla de su activismo, cuando coincide con las principales líneas estratégicas del gobierno en torno a la deuda, el ajuste, el acuerdo con el FMI, la megaminería, Vaca Muerta o la reforma jubilatoria.

Es que los avances en las causas que involucran al macrismo –la de los jefes de la AFI macrista, Arribas y Majdalani, la del Correo, la del negociado de los parques eólicos, el pago de 500 millones de dólares a la empresa de autopistas de la familia Macri y su posterior autorización de tarifazo previo a la venta de la empresa o la causa por el hundimiento del ARA San Juan- acentúan la defensa de Juntos por el Cambio de sus porciones de poder en el aparato judicial.

En definitiva, la lucha del gobierno y la Justicia es parte de dos bloques políticos capitalistas, partícipes de la corrupción de Estado, que disputan sus posiciones en el aparato judicial en función de su propia impunidad y la del sistema en su conjunto. Como dijo Cristina en el Senado, ‘no me vengan a decir que la cartelización de la obra pública empezó con mi gobierno’.

El discurso de choque de Cristina en su defensa en la causa del dólar futuro no tuvo por objeto ese proceso, el más inconsistente. El motivo es que las otras causas, varias de las cuales llegan directo a Cristina, difícilmente detengan su curso aunque alguno de los emprendimientos “reformistas” del gobierno prosperen. La enorme presión política apunta a encarar las elecciones con el caballo de batalla de la persecución y el lawfare, agitar con la querella criminal contra Macri (mientras le pagan todo al FMI), lograr mayoría parlamentaria y si a pesar de todo llegan condenas, preparar el terreno de lo que Zaffaroni llamó “la solución política”, amnistía, indulto o lo que sea.

Solo un Estado de trabajadores podrá terminar con el carácter de clase de la Justicia y la corruptela que lo caracteriza como se aprecia en las crisis políticas en toda América Latina. En la transición, planteamos el castigo a todos los corruptos y la revolcabilidad y la elección por el voto popular de todos los jueces.

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