Una de las cuestiones más espinosas del debate particular de la Ley Ómnibus será el tema de las privatizaciones de empresas estatales. El gobierno de Milei pretende rematar algunas compañías para habilitarle nuevos negocios a grupos capitalistas y hacerse de dólares para pagar la deuda externa. Pero este intento no está exento de crisis.

El proyecto de ley original suponía el otorgamiento de facultades al presidente para que pudiera avanzar en la privatización de 41 empresas públicas. Finalmente, luego de una negociación entre el gobierno y los bloques colaboracionistas, ese número se redujo a 27 y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta de Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica Argentina.

Entre las empresas pasibles de ser privatizadas figuran Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Correos Argentinos, Ferrocarriles Argentinos, medios públicos como Télam y RTA, etc. Algunos gobernadores como el cordobés Schiaretti, el santafesino Pullaro y el riojano Quintela lograron que empresas importantes de sus provincias sean eliminadas del listado. A cambio, pusieron sus huellas dactilares a favor del proyecto libertario en general.

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La privatización total o parcial de estas empresas significaría un ataque muy duro contra sus trabajadores: despidos, modificaciones reaccionarias de los convenios colectivos de trabajo, etc. Las privatizaciones bajo el menemismo dejaron como saldo más de 500 mil despidos. Además, el pasaje de estas empresas a manos privadas permitiría que sectores capitalistas avancen en su vaciamiento, como ha ocurrido en las últimas décadas (Repsol con YPF, Iberia y Marsans con Aerolíneas).

También hay empresas que tienen inmuebles cuyos valores son muy altos. Seguramente haya grupos inmobiliarios, grandes ganadores bajo Milei, con muchas ganas de hacerse de ellas. Ha trascendido, por otro lado, que el fondo especulativo BlackRock estaría interesado en comprar el paquete accionario de algunas compañías públicas (Página 12, 2/2). Ya tiene participaciones accionarias en empresas como Tenaris, Pampa Energía, Banco Macro, YPF, etc. BlackRock también es uno de los tenedores de la deuda externa argentina, es decir que suma dividendos a base de la fuga de las riquezas del país.

Con todo, la votación en particular no está asegurada. La oposición que convalidó en general esta ley reaccionaria puso algunos reparos y pretende sentar al gobierno a negociar caso por caso, no para rechazar los despidos o defender la función pública de esas empresas, sino para arrancar concesiones a cambio. La UCR reclama que se discuta la situación de cada empresa por separado, mientras que Hacemos Coalición, de Pichetto, pidió que las privatizaciones sean revisadas por una comisión bicameral del Congreso.

El gobierno nacional viene pavimentando el camino hacia la privatización de las empresas públicas, recortando los fondos que les gira el Estado o directamente congelándolos. Por ejemplo, desde que Milei ocupa el Sillón de Rivadavia, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Aysa y Télam no recibieron ni siquiera transferencias para gastos de capital (TN, 4/2). Asimismo, viene pasando la motosierra sobre Trenes Argentinos, cerrando turnos y reduciendo servicios; y a esto se suma una política de boletazos.

Las empresas públicas han sido vaciadas por los capitalistas y sus gobiernos. Rechazamos la gestión estatal capitalista, fuente de todo tipo de negociados y corruptelas. Las empresas deben estar bajo control de los trabajadores y ser puestas al servicio de un plan de desarrollo del país en beneficio de las mayorías.

La clave para tirar abajo el plan Milei pasa por impulsar la organización de los trabajadores.

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