La renuncia del ministro de Economía, en un cuadro de alza inflacionaria, de derrumbe del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, de crecimiento de la pobreza y de quiebre en la coalición oficialista es la expresión del fracaso del Frente de Todos en el gobierno. Este fracaso abre una situación convulsiva a 18 meses del recambio presidencial. Pone en agenda la caída del propio Alberto Fernández, que depende más que nunca de la continuidad del pacto con el Fondo, una eventual decisión del FMI de recortar la refinanciación voltea al gobierno.

En este cuadro, la política de Cristina Fernández ha sido negociar un rescate al gobierno y al pacto con el Fondo. Cristina y Alberto Fernández descartaron la propuesta de Massa, que hubiera implicado una intervención al gabinete, dejando al Presidente como figura decorativa. La designación de Batakis, sobre la base de un acuerdo entre el Presidente y su vice, asocia directamente a esta última a la gestión de la crisis económica. La designación incrementó la presión a la devaluación de los tipos de cambio paralelos y la fuga de capitales. La nueva ministra se definió por la continuidad de un rumbo de ajuste, haciendo profesión de fe respecto del equilibrio fiscal. Prometió comenzar a instrumentar la segmentación tarifaria, sobre la base del esquema previsto por Guzmán. Un continuismo a contramano de una situación que se desmadra.

La intervención de Cristina apunta en forma muy directa a anular una reacción popular frente a la crisis. Su discurso en favor del uso de “la lapicera”, en rescate de las “políticas públicas” apuntó contra los sindicatos, defendiendo las sumas fijas en lugar de las paritarias. Quiere prevenir un debate que pueda superar los marcos de contención de la burocracia sindical, que viene consagrando salarios de miseria después de años de pérdida del poder adquisitivo.

La ofensiva de Cristina tiene un terreno privilegiado contra el movimiento piquetero independiente, cuyas organizaciones están siendo atacadas por todo el espectro político, por ser el movimiento de lucha que más fuertemente salió a enfrentar el rumbo de ajuste. Hay que destacar que el ataque fue explotado por la Justicia y también por el gobierno de Morales en Jujuy para promover una nueva tanda de allanamientos contra los movimientos piqueteros de su provincia: se promueve una criminalización en gran escala de la protesta social. Y por el Ministerio de Desarrollo Social para congelar totalmente las nuevas altas de programas y comenzar a aplicar, de prepo, el pase a las intendencias e, incluso, recortes y bajas.

La propuesta de un salario básico universal de 14.000 pesos de miseria apunta a desarticular al movimiento obrero combativo. Mientras se “discute”, avanza la ofensiva de criminalización contra la lucha piquetera. Está muy lejos de lo que reclama la Unidad Piquetera, la universalización de los programas sociales, el aumento de su monto, la creación masiva de puestos de trabajo mediante un plan de obra pública y vivienda, y el pase a planta o mejor convenio de los trabajadores precarizados. Por eso, el movimiento piquetero combativo volverá a salir a la calle masivamente el 7 de julio con asambleas en todo el país frente a intendencias y gobernaciones y el 14 con una jornada nacional de lucha.

Fracaso de fondo

Como se ve, ninguna de las propuestas de Cristina Fernández tiene la capacidad de revertir el fracaso de fondo de la política del gobierno. Este es resultado de las contradicciones de su programa. El acuerdo con el Fondo colocó la carga del financiamiento del Tesoro en la emisión masiva de deuda en pesos. Esta emisión llevó a un crecimiento récord del endeudamiento, sobre la base de altas tasas de interés bancarias y bonos ajustables por inflación. Luego de ganarla con pala armando una bicicleta financiera, y frente a una escalada devaluatoria, la banca se está retirando del negocio, armando una gigantesca corrida cambiaria, que puede derivar también en una corrida bancaria.

La devaluación impuesta por el mercado acelera el rumbo de inflación. La fuga de capitales combinada con los pagos de la deuda ha dejado exhaustas las reservas del Banco Central. Cuando se agota el impulso del rebote pospandemia y la economía marcha nuevamente a una recesión, los límites a las importaciones que aplica el gobierno para capear la crisis amenazan con paralizar la industria. Las enormes ganancias de la minería o el agro (sobre la base de un aumento extraordinario de los alimentos) no se vuelcan a la inversión, ni permiten recomponer las reservas, sino que alimentan la fuga de capitales.

Frente a la corrida y la devaluación, el Banco Central y la Anses están quemando recursos nacionales para estabilizar la situación, pagando al mercado financiero un tributo extraordinario y sin resultados: han emitido cientos de millones de pesos que van a la banca para sostener el valor de los bonos en caída, y rematan las acciones y bonos en dólares de la Anses para intervenir en los mercados de dólar paralelo. La entrega y el saqueo se agudizan en la medida que lo hace la crisis.

Para la burguesía, la crisis es también el terreno para plantear un reordenamiento de fondo. Los capitalistas reclaman avanzar aún más en la reforma laboral, una reducción real de las jubilaciones mediante una nueva reforma, avanzar con privatizaciones que permitan sanear el déficit y abrir nuevos campos de negocios, y lograr el libre acceso al giro de utilidades y el mercado de dólares, lo cual solamente es compatible con una devaluación y un ajuste de fondo. El gobierno coquetea con esta agenda, pero no tiene las condiciones políticas para llevarla adelante, por lo cual, en los coloquios de Idea y los circuitos empresariales el debate es qué orientación política defender para poner en pie un gobierno con la fuerza necesaria para aplicarlo. La oposición, en primer lugar Juntos por el Cambio, se ha empeñado en salvar la gobernabilidad. Existe un temor fundado a que la situación se haga ingobernable y comprometa el pacto con el FMI. Aunque no se privan de criticar al gobierno, la línea que prevalece es que la coalición gobernante asuma el costo político y haga el trabajo sucio, que incluye avanzar en mayor escala con el ajuste y también una devaluación.

El ataque de Cristina Fernández a las organizaciones piqueteras e incluso las paritarias llevadas adelante por los sindicatos es totalmente funcional a esta agenda de la derecha y el gran capital. Pero todos estos esfuerzos no son garantías de que se llegue a buen puerto. Todo hace presumir que esta movida de apuro e improvisada culmine en un fracaso -y en un lapso corto de tiempo-, lo cual abrirá el paso a nuevos armados, incluida la convocatoria a elecciones adelantadas.

La estrategia de la izquierda

La izquierda tiene el desafío, entonces, de promover una deliberación y una intervención del movimiento obrero frente a una crisis política y económica de fondo. Promoviendo un paro nacional y un plan de lucha, levantando un programa integral de reorganización, con un salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones, la creación masiva de puestos de trabajo y un seguro al desocupado igual al salario mínimo vital y móvil. Defendemos, en este cuadro, la perspectiva de un plenario de delegados con mandato de todos los lugares de trabajo, junto a las organizaciones del movimiento piquetero.

Apuntar todos los cañones a una intervención electoral es un favor a la estabilización política que necesitan el gobierno y la oposición, que en última instancia quieren evitar que la salida a la crisis se discuta en las calles. La designación prematura de candidaturas del PTS tiene ese carácter. Es, por sobre todas las cosas, quemar etapas de una lucha planteada hoy mismo, por el triunfo de todas las luchas, contra la criminalización de la protesta, por un paro nacional y un plan de lucha.

La campaña del Partido Obrero, ganando las calles de todo el país, comenzando por el conurbano, por poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas, apunta a llamar a la acción a la clase trabajadora y a alertar sobre la necesidad de poner en pie una alternativa política frente al agotamiento del peronismo. En esa dirección apuntamos con el gran acto en La Matanza, este martes 5, donde frente a 7.000 compañeros desarrollamos la necesidad de ganar las calles para intervenir en la crisis abierta. El 9, en el marco de esta agenda, coparemos nuevamente la Plaza de Mayo contra la continuidad del pacto con el Fondo y el pago de la deuda, por el triunfo de todas las luchas, y por un paro nacional y plan de lucha para enfrentar el ajuste.