La Coordinadora de Ex Trabajadores de Gas del Estado votó en su asamblea del 9/10, una movilización a las puertas de las empresas privadas de gas: Metrogas y Gas Natural Fenosa, el día martes 20/10. La asamblea de 100 trabajadores debatió sobre la privatización de Gas del Estado que fue un hecho delictivo, votada con un falso quórum, facilitado con la presencia de ‘asesores' de diputados oficialistas (los diputruchos). La empresa nacional de gas fue desguazada en once empresas, con participación de multinacionales (British Gas, Total) asociadas con grupos financieros locales (Pérez Companc, Techint, Macri, etc.). Para ello se organizó un proceso previo de eliminación de personal, extorsionado de diversas maneras -presiones laborales, información falsa, traslados, etc.- para obligarlo a aceptar los retiros falsamente voluntarios. La Propiedad Participada que contemplaba el marco regulatorio de las privatizaciones -puesta para corromper a las burocracias sindicales- , no fue cumplida. A ello se suma el desguace de Gas del Estado que transfirió parte del personal a múltiples empresas, con diferentes realidades laborales. La indemnización por la Propiedad Participada se ha convertido en una bandera sindical, con la que incumplieron no sólo el gobierno de Menem, sino todos los gobiernos posteriores que mantuvieron las privatizaciones de las empresas estatales. Ahora, luego de la ley de los ex trabajadores de YPF, el oficialismo reflotó un proyecto a través del chubutense País, pero deja afuera a alrededor de 1.500 retiros “voluntarios” y a los transferidos a YPF SA, Gas Residual, etc. Tampoco comprende a los que cobraron sumas menores por las acciones de las PPP o por juicios. Finalmente no especifica cuál es el valor de la indemnización, dejando para el futuro ministro de economía, la reglamentación del importe, supeditado al ajuste que se anuncia. El planteo que está impulsando la Coordinadora son modificaciones a este proyecto aprobadas en asambleas: que incluya a todos los que perdieron la relación laboral por la privatización, independientemente si fue transferido a alguna de las privatizadas o no. Define el importe a cobrar ajustándolo por índice de salarios privados y con una cláusula de ajuste por si hay devaluación (agregado de la asamblea de Comodoro Rivadavia), que hoy representa $420.000. Incluye a los que cobraron cifras menores por juicios o por acciones, indemnizando por la diferencia. Luego de la primera movilización al Congreso se obtuvo el apoyo de 5 diputados y Pablo López del FIT PO, comprometió a País a una reunión para tratar el tema. Esta reunión será después de las elecciones, pero los trabajadores con 23 años de incumplimiento decidieron movilizarse para colocar su reclamo en la calle y frente a las beneficiarias de la privatización. Es una manifestación que el plan de lucha seguirá hasta lograr todos los reclamos.